Urdangarín negocia con el fiscal un pacto para evitar juicio y cárcel
Según El Mundo, el duque de Palma se declararía culpable a cambio de una pena que le permitiera no tener que ir a prisión.
Iñaki Urdangarín y Diego Torres negocian un acuerdo de conformidad con Anticorrupción que, como primera consecuencia, tendría la no celebración del juicio previsto por el caso Nóos. Según informa El Mundo, el duque de Palma quiere, además, que se le imponga una pena de cárcel inferior a dos años, lo que podría evitar que ingresara en prisión. Su socio, más realista, estaría dispuesto a aceptar una condena de cuatro años, que haría inevitable su encarcelamiento.
La rebaja sería notable: son media docena de delitos los que les imputan el juez y el Ministerio Público -prevaricación, fraude, falsedad, malversación, tráfico de influencias y delito fiscal en 2007 y 2008-. Sumarían condenas de entre quince y veinte años de cárcel.
Después de un primer intento frustrado en abril de 2012, cuando Urdangarín y Torres llegaron a fijar fechas concretas para abordar un acuerdo, los contactos se reanudaron hace varios meses y se han intensificado de manera reciente.
En esta ocasión, el dúo se ofrece a aceptar por primera vez su culpabilidad y una pena de prisión por su participación en la trama vinculada a Nóos. Según el entorno de Torres, la condena debería estar próxima a los cuatro años de cárcel, y en palabras del de Urdangarín, cercana a dos. El socio de Urdangarín exige que su mujer, Ana María Tejeiro, que está imputada, salga indemne, al igual que de momento ha ocurrido con la infanta Cristina.
La Fiscalía no está dispuesta
Por ahora, las pretensiones de la Fiscalía distan en estos momentos considerablemente de las de los principales implicados. Tras los primeros contactos, el Ministerio Público ha contestado que no está dispuesto a profundizar en las conversaciones si no se dan previamente tres circunstancias: que Urdangarín y Torres revelen dónde se encuentra la parte del botín que todavía no ha sido hallada por los investigadores; que admitan por primera vez su culpabilidad, y que devuelvan una parte importante de los fondos públicos distraídos.
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