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EPSA, investigada por la Justicia y a punto de hundirse

Empresa Pública del Suelo de Andalucía se encuentra en la ruina, llena de irregularidades investigadas por el juez Gutierrez de Sevilla.

La Empresa Pública del Suelo de Andalucía, propiedad de la Junta de Andalucía y fundada en 1986, estaba en una situación que puede calificarse de "hundida" en 2011. Su futuro, destaca El País de las conclusiones de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha auditado sus cuentas de 2011, pasa por contener y disminuir su deuda, aumentar los recursos procedentes de su actividad y reestructurar su plantilla. La Cámara de Cuentas cifra en 510 millones de euros la deuda de la empresa y subraya irregularidades en la gestión de determinadas subvenciones y en la elección del personal (que ronda los 700 empleados), de los que dice fueron contratados a dedo.

Se conoce este informe de la Cámara días después de que el caso EPSA fuese incluido por el juez Gutierrez de Sevilla en la investigación de macrocausas que afectan a 9 empresas públicas andaluzas por los supuestos usos fraudulentos de ayudas concedidas por la Junta. Dicho juez, que lleva el caso Invercaria, abrió una causa separada para investigar si EPSA se financió de forma irregular a través de las transferencias de financiación (un procedimiento utilizado en el caso ERE) y puesto en cuestión por la juez Alaya como irregular.

La Cámara de Cuentas denuncia los "desfases entre los créditos aprobados en los Presupuestos de la Junta y las inversiones realmente realizadas por la empresa", diferencia que asciende a 256 millones de euros (a 31 de diciembre de 2011).

Según el informe, "la adecuación del gasto subvencional al crédito disponible es una condición necesaria para el otorgamiento de subvenciones". Entre estos desfases, en el documento se detalla que entre 2008 y 2011 la empresa pública concedió ayudas para el alquiler o para la rehabilitación de edificios por valor de 322 millones de euros a pesar de que solo tenía reconocidos 178 millones.

Además, en este caso, se imputaron gastos directos y corporativos de la empresa con cargo a estos programas por valor de 74 millones. Inexplicablemente, además, pagó más impuestos de los que debía. Dice el informe de la Cámara que "EPSA debe iniciar las acciones necesarias para solicitar ante la Administración Tributaria la devolución de los pagos indebidos".

Pero sangrante es que, además, en el Presupuesto de la Junta de 2013 se aprobó una ayuda de 50 millones para familias e instituciones sin fines lucrativos pero "estas transferencias se han destinado al pago de intereses de la deuda financiera que mantiene la empresa por actuaciones delegadas y a cumplir otros compromisos y obligaciones de pago por proyectos ya iniciados".

Contrataciones a dedo

Sobre la opacidad de las contrataciones, el informe de la Cámara detalla que no consta que la elección del personal de alta dirección y de directivos intermedios " se haya realizado mediante procedimiento que garanticen la publicidad y la concurrencia", a tenor del Estatuto Básico del Empleado Público. " Tampoco se ha podido determinar si su designación se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad".

27 años después de su constitución, el Consejo de Administración de la empresa aprobó un acuerdo para que en la elección del personal se tengan en cuenta "criterios de igualdad, libre concurrencia, mérito, capacidad, idoneidad y publicidad a través del medio adecuado". la Cámara de Cuentas pone reparos a ocho indemnizaciones por traslado entre octubre de 2003 y diciembre de 2012 a trabajadores "que habían causado ya baja en la empresa a la fecha de la realización de los trabajos de campo".

En 2006, ABC denunció la conversión de 87 contratos temporales en indefinidos, que no sólo en la mayoría de los casos suponían un fraude de ley, sino que de ellos se beneficiaron, muchos parientes, directos o indirectos, y amigos de directivos y trabajadores de este organismo público 22 de los 87 contratos.

Uno de cada cuatro admitidos era un familiar del personal de la Consejería de Obras Públicas y 13 eran parientes de trabajadores de EPSA. Como ejemplo, aducía que de cinco contratos fijos se han beneficiado cinco familiares de cargos de libre designación de esta empresa pública. Es el caso de Natividad Álvarez Alvarado, hermana de Miriam Álvarez Alvarado, jefa de departamento de recursos humanos; pero también de Patricia Candau García, cuñada de Dolores de Pablo Blanco, subdirectora de gestión de patrimonio; y de Antonio Galán Pedrola, hermano de Consuelo Galán Pedrola, gerente de espacios públicos.

También tenían vínculos familiares dentro de EPSA los contratados Patrocinio García Castro, hermana de Hilario García Castro, coordinador de áreas de rehabilitación; y Carmen Moruno Gómez, hermana de Isabel Moruno Gómez, secretaria de dirección de esta empresa pública de la Junta.

Los beneficiarios de esta contratación indefinida eran empleados de esta empresa pública dependiente de la Consejería de Obras Públicas, cuyo director era Francisco Espinosa Gaitán, que tenían contratos temporales. Espinosa Gaitán fue nombraado por el presidente Zapatero director general de Tarnsporte Terreres,

En la mayoría de estos contratos no se respetaron los principios constitucionales previstos en el propio convenio colectivo y tampoco intervinieron los representantes de los trabajadores en los procesos de selección de este personal. A todo esto había que sumar que las ofertas de empleo en EPSA raramente aparecían publicadas en medios de comunicación, sino que la publicidad de estos trabajos se hace en los tablones de anuncios de esta empresa pública, lo que provoca que en la mayoría de los casos se beneficiaran de estos contratos familiares y conocidos de los trabajadores y directivos.

Una estructura corrupta de personal

Además del hecho denunciado de haber contratado opacamente a la gente, la propia Junta puso una denuncia en los tribunales contra cuatro ex altos directivos de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) que despidió en julio de 2012 a los que acusó de haber cobrado presuntamente salarios y pluses indebidos y haberse beneficiado de privilegios durante el tiempo que estuvieron en sus cargos. Previamente, los directivos pusieron una demanda contra la Administración autonómica a la que reclaman el derecho a una indemnización por su despido como altos directivos que la Junta les niega.

La Junta no solo negaba el derecho a indemnización, sino que exigía la devolución de las retribuciones que considera recibieron de manera indebida. En su denuncia sostenía, según Diario de Sevilla, que los altos cargos disfrutaron de "privilegios de dudosa legalidad y moralidad", según recogía el citado diario.

Los cuatro cargos de EPSA fueron despedidos al poco de que la nueva consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de Izquierda Unida, tomara posesión de su cargo y decidió reducir a la mitad la cúpula directiva de la empresa pública, de 10 a cinco altos cargos. Poco después, la Junta aprobó un decreto para suprimir las indemnizaciones y compensaciones por despido a los altos cargos.

El 17 de octubre de 2012, la consejería de Obras Públicas y Vivienda, en manos de IU en el gobierno de coalición andaluz, despidió a 30 directivos intermedios de EPSA, que aún contaba con una nómina de 68 cargos de este tipo en una plantilla que superaba los 700 trabajadores.

Las denuncias del PP

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Jaime Raynaud, dijo este martes que el caso de EPSA es un reflejo de cómo ha funcionado la administración paralela en la Junta de Andalucía, que, a su juicio, "no ha sido más que "una auténtica hucha perdida donde ha ido a parar millones y millones de euros de los andaluces y que ha servido para nos respeta el trabajo de los funcionarios, colocar a dedo, o inflar las plantillas; todo muy alejado de lo que debe ser una administración racional, austera y que contribuya a la creación de riqueza y de empleo".

Por ello, anunció que el PP realizará una pregunta de máxima actualidad a la consejera del ramo en el pleno de la próxima semana. Sin embargo, tal y como ha denunciado Jaime Raynaud, la Junta no ha tenido problemas en pagar la asistencia de varios representantes de la Agencia de Obra Pública a un Congreso Mundial de carreteras en Arabia Saudí, donde han presentado una ponencia sobre cómo "desplazarse por medio de la fuerza muscular humana, a pie, sobre ruedas o sobre patines". En las próximas semanas otra delegación asistirá a la Asamblea General de metros y tranvías latinoamericanos, en Buenos Aires

"Van a convertir la Agencia de Obra Pública en una sucursal de Willy Fog", dijo el diputado popular, quien anunció que el PP preguntará por este hecho a la consejera de Fomento. Del mismo modo, el PP llevará al Parlamento otro Informe de la Cámara de Cuentas que ha fiscalizado las inversiones de la Consejería de Fomento y Vivienda en el período 2007-2010, durante el que se aprobaron inversiones reales por importe de 10.902 millones de euros.

El informe manifiesta que sólo se reconocieron obligaciones o se ejecutaron inversiones por importe de 8.617 millones de euros, de los cuales sólo se pagaron 5.673 millones, por lo que se dejaron para pagar 3.244 millones para ejercicios posteriores.

A 1 de enero de 2012 la Agencia de Obra Pública tenía pendientes de ejecución el 35,9 por ciento de toda la inversión contratada entre 2007 y 2011, demoras de hasta 7 años en infraestructura que están pendientes de inicio o que están en ejecución y en obra demoras de hasta 6 años.

Mientras tanto, la Consejería ha paralizado entre 2010 y 2013 al menos 37 obras viarias importantes en las provincias andaluzas, según ha reconocido el departamento de Elena Cortés en respuestas al Grupo Popular.

Griñán colocó a un corrupto

Hace 16 años, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia.

El responsable de la orden, que no ha sido investigada hasta ahora, fue Fermín del Moral, factotum del PSOE de Cádiz y que en aquel entonces, 26 de abril de 1995, había dejado de ser viceconsejero de Obras Públicas de la Junta para presentarse como candidato a la alcaldía de Cádiz frente a una novata Teófila Martínez,

Pues bien, la Junta volvió a colocar, y precisamente en la EPSA, a Fermín del Moral, de cuyos actos se desprendía un mecanismo irregular de financiación del PSOE y merecedor por ello de los focos de una Comisión de Investigación.

Fermín del Moral participó junto con otros 32 dirigentes socialistas de Cádiz, entre los que figuraba Manuel Chaves, en la formalización de un préstamo de casi 20 millones con la Caja de Ahorros de Jerez que nunca fue pagado por ellos y cuya existencia fue incluso eliminada del circuito informático de la Caja de Ahorros mediante artificios contables sin que nadie haya dado explicaciones hasta ahora ni se haya aprobado Comisión de Investigación parlamentaria alguna por expresa negativa del propio Manuel Chaves.

Curiosamente, del Moral había firmado un documento crítico con la antigua dirección del PSOE de Cádiz, enfrentada a Griñán quien, de esta forma, parecía pagar los favores prestados por el histórico socialista de Cádiz.

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