El nuevo presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, iba en serio cuando en su primera intervención pública estrenando el cargo anunció que durante su mandato en el órgano de gobierno de los jueces actuarían con una "extraordinaria austeridad" y que los gastos de los vocales serían conocidos en su cuantía y justificación.
La realidad es que en su primer mes al frente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado ya ha adoptado varias medidas encaminadas a reducir el gasto en el gobierno de los jueces, cuya imagen pública quedó bastante dañada tras el 'escándalo Dívar' al conocerse que el expresidente del Tribunal Supremo cargaba los gastos de sus viajes privados al erario público.
La última de las iniciativas de Carlos Lesmes para cumplir con ese espíritu austero ha sido aprobada este martes por la Comisión Permanente. A partir de ahora los vocales deberán recibir una autorización previa antes de viajar de forma oficial por España.Si por razones de urgencia no fuera posible la autorización en plazo por dicha comisión, los viajes oficiales tendrán que ser autorizados por la Presidencia del CGPJ. Hasta el momento, los consejeros sólo tenían que recibir un permiso cuando iban a realizar viajes internacionales.
Sin embargo, según ha acordado la Comisión por unanimidad los únicos desplazamientos que no requerirán de esa autorización son los que los vocales realicen a la sede del Consejo para asistir al pleno y a las comisiones de las que formen parte, ya que el permiso se entenderá concedido por la convocatoria de dichos encuentros.
Con la nueva composición del CGPJ -donde sólo cinco vocales tienen dedicación exclusiva- se da la circunstancia que la mayoría tiene que desplazarse hasta la capital para participar en las distintas comisiones o en el Pleno que se celebra el último viernes de cada mes. Como dietas estos vocales perciben 900 euros por sesión plenaria a la que asisten y 350 euros por comisión más gastos de alojamiento, manutención y transporte.
Según el plan de transparencia aprobado en junio de 2012, los consejeros deberán viajar en clase turista tanto en tren como en avión y podrán gastar un máximo de 102 euros por pernoctación y de 53 euros por manutención diaria cuando se encuentre en viajes oficiales o en Madrid para asistir a sus reuniones laborales.
Por otro lado, el Consejo prevé ahorrar 480.000 euros anuales con los recortes que ha emprendido en su nuevo mandato, al reducir a la mitad el número de vehículos oficiales y de conductores y suprimir a las secretarias eventuales que disponían los vocales, cuya labor será asumida por funcionarios de carrera de la Administración.
Quienes conocen al nuevo presidente no dudan en asegurar que la austeridad empieza por él mismo. Un ejemplo es que Lesmes, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, renunció en dos ocasiones a tener coche oficial y acudía todos los días al trabajo en tren de cercanías, al igual que miles de madrileños.