El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales encausados en el caso de los ERE, ha advertido que "hay más personas que mediaron en ayudas, como el consejero Manuel Jiménez Barrios, en Chiclana", mano derecha de Susana Díaz en la Junta de Andalucía y clave decisiva para imponer la autoridad de la hoy secretaria general del PSOE andaluz en la provincia de Cádiz, donde desarboló al clan de Alcalá-Chiclana al que pertenecía.
A pesar del intento de la presidenta Susana Díaz de desvincularse políticamente de los ERE, prescindiendo de todo el que estuviese contaminado por el caso, el sumario del caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares que instruye la juez Alaya demuestra que la Junta concedió en 2003 al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) una ayuda de 24.000 euros para la promoción de la Feria de Muestra y Turismo "Séptimo Centenario" con cargo a la partida 31L, el denominado "fondos de reptiles". Dinero que se pagó. El alcalde de Chiclana por aquel entonces se llamaba Manuel Jiménez Barrios.
El documento que sigue demuestra cómo el dinero de las subvenciones de los ERE tenía una finalidad política, esto es, acrecentar el voto hacia el PSOE en las zonas consideradas de máximo interés, como era la provincia de Cádiz y, en concreto, la zona de alto rendimiento turístico como era Chiclana. Jiménez Barrios, fue alcalde de dicho municipio gaditano entre 1994 y 2004.
Esta misiva de petición de fondos estaba dirigida al entonces delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, Agustín Barberá, imputado por la juez Alaya en el mismo caso.
El 17 de febrero de ese año la petición de Jiménez Barrios fue remitida al que fue viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, también imputado y encarcelado en el curso de la investigación de la trama de los ERE fraudulentos. Barberá, en un texto que encabezaba "Estimado Antonio", explicó a Fernández que consideraba de "sumo interés" la participación del Ejecutivo regional en la muestra, además de concretar que "la ayuda podría rondar entre 18.000 y 24.000 euros". Y añadió: "Que me comentaste podría ser a través de la Dirección General de Trabajo".
En el sumario que instruye Mercedes Alaya, consta cómo la petición de ayuda siguió su curso hasta recalar en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en la que había otro imputado al frente: Francisco Javier Guerrero. De hecho, el ex consejero imputado Fernández envió el 25 de febrero a Guerrero, al que llamaba "Querido Javier" el oficio de la Delegación Provincial de la Consejería en Cádiz para que "en base al convenio suscrito con el IFA –Instituto de Fomento de Andalucía, ahora agencia IDEA–, se le apruebe la subvención que solicita al igual que en otros casos similares". Esto es, hubo muchos más casos.
El fin de la amnesia de Valderas y Villalobos
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero ha calificado de "conveniente" el escrito que remitió al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga el "caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares", en el que apunta al presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, y al vicepresidente andaluz, Diego Valderas, ex portavoz andaluz de IU.
Guerrero dijo que quería demostrar con ello que "las ayudas de la partida 31L –el denominado 'fondo de reptiles'– eran tan legales que señores de la talla del actual presidente de la Diputación de Sevilla o del vicepresidente de la Junta, también mediaron en ciertos asuntos para que se concedieran". Y añadió ayer "Si no saben leer, que llamen a quien sepa".
También lanzó un mensaje a Valderas: "Dice ahora que seguramente sí me conoce –en alusión a una reciente entrevista en TVE en la que el vicepresidente andaluz defendió su gestión de lo público y sostuvo no recordar si había tratado o no con él–, me alegra que vaya recuperando la memoria". Mostró además su satisfacción porque algunos dirigentes políticos vayan accediendo a sus recuerdos "con el tiempo".
Respecto a Villalobos, que dijo el pasado lunes que Guerrero se movía por "rencor", Guerrero dijo: "Le puedo tener rencor a mucha gente, pero precisamente a él no. No se lo merece". Recuérdese que Villalobos llamó a Guerrero "chorizo, putero y drogadicto".
El presidente de la Diputación sevillana, que dice haberse puesto a disposición de la juez Alaya para aclarar el dinero de una subvención de 90.000 euros concedida en 2003 por el departamento de Guerrero para la muestra "Sevilla son sus Pueblos" ha sido advertido por Guerrero que "tiene que responder por tres ayudas, no sólo por una".