La juez Alaya había pedido a la Intervención General de Estado que analizara la conducta de la Cámara de Cuentas de Andalucía por si pudo frenar el uso de la partida presupuestaria conocida como "fondo de reptiles", que considera ilegal. La Intervención contestó que lo consideraba una extralimitación de sus funciones por ser la Cámara de Cuentas un órgano de extracción parlamentaria y de raíz estatuaria. Pero la juez ha insistido y en su respuesta a las objeciones de la Intervención exige a ésta que colabore con el Juzgado.
José Carlos Alcalde Hernández, interventor general del Estado, cree que lo que pide la magistrada "sobrepasa claramente los límites del ámbito institucional" ya que los funcionarios estarían "valorando la labor realizada por un órgano de control externo" y pedía a la juez que reconsiderara su encargo.
Pero Alaya no ha aceptado estas razones y en su resolución, destaca El País, la magistrada sostiene que los cuatro funcionarios que colaboran con ella "no actúan" en la causa como "interventores generales del Estado, cualidad por la que estarían sujetos a ciertos límites institucionales". En su argumentación la juez sostiene que su actuación es como "peritos, sujetos exclusivamente al encargo judicial de realizar un informe basado en su leal saber y entender, esto es, en sus conocimientos profesionales y máximas de experiencia".
La duda está en si en tal caso, los peritos estarían aportando sus conocimientos de manera profesional y libre, pero no como funcionarios del Cuerpo de Interventores del Estado. Estos peritos, recuérdese, elaboraron el informe de más de 1.000 páginas sobre el fondo de los ERE que resultó clave para la juez Alaya por cuanto confirmó la ilegalidad de las ayudas y le permitió seguir la huella política en su investigación. De hecho, imputó a aforados como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cinco exconsejeros del Gobierno autónomo.
Aunque la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que los peritos de Intervención analicen las más de 300 ayudas sociolaborales concedidas por la Junta durante diez años no ha sido negada por Intervención, sí que ha recordado la insuficiencia de medios personales y se niega, eso sí, a destinar más personal a esta nueva investigación.
Alaya cuenta en su investigación con la ayuda de cuatro funcionarios: dos del cuerpo superior de Interventores y dos del cuerpo técnico de Auditoría y Contabilidad. También tiene ayuda de los servicios informáticos, lo que permitió redactar un informe de 1.051 folios y otros 7.194 en anexos.
Nerviosismo en la Cámara de Cuentas
Como es conocido, la Cámara es un órgano compuesto por consejeros nombrados por el Parlamento andaluz de acuerdo con el reparto de las fuerzas políticas y se ido convirtiendo en los últimos años en origen de diversos escándalos políticos puesto que al partidismo inicial fue oponiendo una cada vez más estricta labor profesional y neutral. Esta neutralidad se quebró abiertamente con el caso de los ERE y su auditoría, que fue corregida "políticamente" para salvar a los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hizo que los ojos se volvieran a repasar el comportamiento de la institución. De hecho, el PP pidió dos veces la dimisión de su presidente, el filosocialista Antonio López, por maquillar el informe original que había estado dirigido, qué casualidad, por el hoy consejero de Turismo del gobierno bipartito de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, por Izquierda Unida.
Recuerda ABC que el pasado mes de diciembre tanto IU como PP-A pararon hasta dos veces la aprobación del informe anual de la Cámara de Cuentas de 2012, un trámite que históricamente se realiza sin votos en contra. El motivo era que no se rendían cuentas de las transferencias de financiación, el artificioso mecanismo empleado para pagar las ayudas de los ERE a través de la agencia pública IDEA.
Ahora, la Cámara de Cuentas de Andalucía es la institución peor valorada por los ciudadanos con una nota de 3,4 sobre una escala de 10, peor incluso que la que obtienen el Parlamento andaluz y las diputaciones, según la última encuesta del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Capdea).
¿Fue la Cámara de Cuentas cómplice?
Es lo que trata de descubrir la juez Alaya cuando abrió el pasado febrero una línea de investigación centrada en la Cámara de Cuentas. El origen de la misma está en la guerra abierta entre la Cámara de Cuentas y el ex interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez. Para la Cámara, el Interventor de la Junta no avisó ni cumplió con su deber de rectificar el procedimiento de los ERE(y por ello, resultó imputado). Para el exinterventor era muy llamativo que la Cámara de Cuentas no hubiera hecho nada. En aquellos momentos, el consejero mayor de la Cámara de Cuentas era el jerezano Rafael Navas, propuesto en su día por el PP y que estivo en el cargo desde 1996 a 2011.
La instructora quiere saber si la Cámara de Cuentas hizo lo que debía y podía para detener el fraude. Por ello, le ha solicitado "los documentos y anexos que recibieron de la Intervención General de la parte de la Cuenta General relativa a los años 20002010 del IFA/ IDEA referido al programa 31L", el fondo de los ERE.
Fichaje a dedo
Carmen Carretero, letrada que ha estado asesorando a la Administración autonómica en procesos judiciales como el caso de los ERE fraudulentos, ha sido nombrada jefa del gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas coincidiendo con la investigación de la juez Alaya. La nueva letrada tendrá que explicar por qué de 2001 a 2010 el órgano fiscalizador no efectuó ni una sola auditoría sobre las transferencias de financiación, el mecanismo empleado para pagar las ayudas de los ERE.
Cuando Carretero estaba en la Junta sufrió la crítica de la juez que reprochó a la Administración andaluza que su actuación en el caso de los ERE más bien parecía una defensa de determinados imputados La propia Carretero contestó a la juez en 2012 con un escrito en el que defendía la objetividad de los letrados y la plena colaboración de la Junta con la Justicia.
La importancia de su puesto es tal que su antecesora en el cargo, Margarita Regli, tras la publicación de un borrador de auditoría que acusaba a los ex presidentes de la Junta de responsabilidad manifiesta en el caso, emitió un informe que sirvió al Pleno del ente fiscalizador para mutilar el polémico documento eliminando tales referencias.
Entre otros, el informe de Reglo permitió suprimir uno que señalaba la responsabilidad en la trama del entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, por las sucesivas ampliaciones de manera irregular de la partida presupuestaria 31L, el llamado "fondo de reptiles" , autorizadas por él cuando era consejero de Hacienda (2004/09).
El desembarco de Carretero ha hecho que tanto la Agrupación Independiente (AI), el sindicato mayoritario entre los auditores, como CCOO hayan denunciado que se utilice la comisión de servicios para cubrir la vacante con una abogada sin experiencia previa en fiscalización. Se trata de una fórmula restringida por ley a casos de "urgente e inaplazable" necesidad. Ambos sindicatos creen más adecuado que se saque a convocatoria pública el Puesto de Libre Designación (PLD), lo que garantiza que el adjudicatario sea el trabajador con mejor currículum.
Por si fuera poco, el ente fiscalizador propuso asignarle un complemento personal de 7.700 euros más al año, pese a los recortes aplicados por el Ejecutivo del PSOE e IU a todos los empleados públicos, que llevan tres años viendo menguados sus salarios. Este plus, según ABC, se suma al complemento específico que cobraba su predecesora, 28.269 euros, la asignación fijada en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ente.
Desafortunadamente para Carretero, la propuesta salarial no salió adelante en la última sesión de la Mesa del Parlamento andaluz porque el PSOE se quedó solo apoyando el cambio retributivo. Ni Izquierda Unida ni el PP lo apoyaron.