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Estalla un nuevo fraude en los cursos de formación de parados andaluces

Este fraude masivo en las subvenciones podría alcanzar unos 2.000 millones de euros, cantidad superior al del caso de los ERE.

Pedro de Tena (Sevilla)
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La Policía y la Seguridad Social habían abierto una investigación a más de 200 personas en diferentes poblaciones malagueñas para aclarar el fraude en un expediente concreto de unos 3 millones de euros. Ahora, la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga este fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que podría alcanzar unos 2.000 millones de euros. Recuérdese que la cantidad sería superior al fraude total del caso de los ERE e Invercaria juntos y seguramente el más alto de la historia de España.

Entre 2009 y 2011, una trama entre los que estarían altos cargos de la Junta y que es conocida en la Policía como la trama EDU y Operación EDU, comenzó hace dos años tras una denuncia de la Seguridad Social de Málaga que fue la pionera en la investigación al comprobar que en muchos de los cursos que se prometía trabajo el resultado del empleo era nulo.

Los datos que ha ido publicando Libertad Digital en el caso del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda o de Benjamín Muñoz Zamora, socio de la expresidenta del PSOE andaluz, Amparo Rubiales y otros más, indicaban la existencia de una trama "civil", al margen de empresarios y sindicatos, que recibía fondos públicos para organizar supuestos cursos para desempleados que nunca llegaron a realizarse, que se realizaron y no cumplieron lo que prometían, o que no reunían los requisitos necesarios para poder ser subvencionados.

La policía no duda de que tal fraude generalizado hubiera sido imposible sin la colaboración de algunos de los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo encargado de gestionar esta línea de fondos. Sólo de uno de los expedientes investigados, se descubrió que en l 80 por ciento de los casos presentaban irregularidades.

El expediente contenía lo siguiente:

Programa 32D: Formación Profesional Ocupacional

Firmaba el expediente, el Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos, delegado de la Consejería de Empleo en Málaga.

De la investigación se excluyó inicialmente a MASKOMO, Residencias familiares para mayores y la Escuela de Hostelería La Espuela de Antequera, vinculada a UGT por ser más difíciles de de investigar. El 75% de la cuantía total de la subvención era transferido a las entidades solicitantes por adelantado, y el resto quedaba condicionado a una auditoría posterior de la ayuda Sin embargo, los efectivos de la UDEF han advertido, como subrayó Libertad Digital, que las inspecciones no se realizaron o, cuando se hicieron y detectaron alguna irregularidad, sólo en raras ocasiones provocaron que la Junta exigiera la devolución del 75% de la subvención presuntamente malversada.

Una bolsa gigantesca de presunto fraude

La policía sospecha que más de la mitad de esa bolsa gigante de dinero destinado a la formación de parados ha tenido un destino fraudulento. Aunque las actuaciones delictivas también rebasarían el periodo 2009-2011, pero los agentes han decidido restringir a esos años sus pesquisas para evitar que las posibles irregularidades detectadas hayan prescrito. Inicialmente, han comenzado a interrogar a las personas que han participado en el expediente señalado, destinado a personas con compromisos de empleo.

Tras la declaración de 200 alumnos y personas relacionadas con los cursos, ha resultado que la gran mayoría de ellos nunca participó en tales cursos o no reunía las condiciones para que los centros de formación lograran ayudas públicas. Pero todos ellos figuraban inscritos en la documentación que tramitaron los sindicatos, patronales y centros de formación presuntamente implicados para poder recibir las subvenciones del fondo para parados.

El mecanismo del fraude consiste en entregar el 75 % de la subvención reconocida pero no controlar nada, a pesar de que la Junta está obligada a la inspección y el control del alumnado. Los alumnos declarantes dijeron que nunca apareció nadie de la Junta.

Al final de cada curso deben adjuntar los resultados económicos y de inserción y acreditar la contratación de los alumnos al menos por seis meses. Pero en realidad apenas se contrataban a nadie o a muy pocos en relación con la subvención recibida. En algunos casos se obligaba a los alumnos a firmar que no querían trabajar mediante acta notarial. En otros no se les contrataba y punto.

Uno de los casos más llamativos es el de las peluquerías YOMALUIG, que lograron mas de 2 millones en subvenciones. También hay gestorías y academias implicadas en falsificaciones documentales.Hay tiendas beneficiadas por cursos que los daban en la trastienda siendo el marido de la afortunada el "tutor". En otro caso, un camarero se "convirtió" por arte de las subvenciones en profesor de bordados en la escuela de su padre, escuela que entre escuela taller y formación ha logrado cerca de 300.000 euros.

Se investiga asimismo la relación de todos ellos con el PSOE de la provincia y altos cargos de la Junta.

La Operación EDU afectará a toda Andalucía

Inicialmente investigada la provincia de Málaga, la policía ya está en condiciones de probar que el fraude de los cursos de formación se habría producido en toda Andalucía y que su incidencia habría sido masiva.

La Fiscalía se hizo cargo de la investigación si bien las fuentes consultadas por Libertad Digital indican que fue la Seguridad Social, en relación con la Policía, la que ha descubierto el fraude. las diligencias podrían terminar siendo asumidas por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ante la dimensión del caso.

Recuérdese, para tener constancia de la repercusión que podrá adquirir el caso, que Andalucía casi 3.000 millones de euros del Fondo Social Europeo para ayudas a desempleados correspondiente al periodo 2007-2013, el 35,6% del total asignado a España por la Unión Europea. A ellos hay que sumar otros 860 millones aportados por la Administración del Estado a la comunidad andaluza.

Los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en este tiempo fueron los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández (2004-2010) y Manuel Recio (2010-2012), ambos imputados en el caso de los ERE.

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