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El TSJC suspende temporalmente el 25% del castellano en todos los centros afectados

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deja sin efecto sus propios autos.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido temporalmente la obligatoriedad de aplicar el 25% de castellano en los dos centros -uno concertado y otro público- sobre los que aún no se había pronunciado, con lo que ya ha fallado sobre las cinco escuelas afectadas en el mismo sentido, han confirmado a Europa Press fuentes de Enseñanza.

Los últimos centros que pidieron personarse en la causa y anular la aplicación de la resolución sobre los que se ha pronunciado el TSJC son la Escola Pia de Sarrià de Barcelona y el Instituto Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles.

Estas providencias dictadas por el tribunal catalán se suman a las de los tres primeros centros emitidas a principios de abril, y suspenden las interlocutorias del 30 de enero de forma temporal hasta que se resuelvan los recursos de reposición interpuestos por las partes.

Al conocerse las primeras suspensiones temporales en abril, la Fundación Escola Cristiana de Cataluña (FECC) consideró que la decisión da una "mayor tranquilidad" a las direcciones de los centros mientras no se resuelve de forma definitiva el contencioso, un posicionamiento que también compartió la consejera de Educación, Irene Rigau.

Ante estas suspensiones de principios de abril, los padres afectados por ellas también recurrieron esta decisión. Los recursos se fundamentaron en la falta de motivación de tales medidas de suspensión así como en la necesidad urgente de ejecutar las sentencias firmes o bien las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, que, por definición, deben ser de cumplimiento inmediato, recordó Convivencia Cívica Catalana.

Los autos emitidos del 30 de enero recurridos por la FECC y las Ampas daban respuesta a los recursos de varias familias que exigieron medidas a la Generalidad para garantizar la enseñanza también en castellano para sus hijos, y el TSJC consideraba que el Gobierno de Mas no las había cumplido debidamente, por lo que exigió que al menos el 25% de clases fueran en castellano.

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