El fin de la dispersión de presos de ETA, una reivindicación tradicional de la banda terrorista y de sus franquicias políticas, ha sido asumido en los últimos tiempos por el PNV, hasta el punto de que, sumando sus votos a los de EH Bildu, han conseguido que el Parlamento Vasco haga suya esa reclamación. La iniciativa, a la que se han opuesto PSE, PP y UPYD, considera que es un "deber humanitario" poner fin a esa aplicación del régimen penitenciario para acabar con lo que se considera una "vulneración de derechos humanos". De creer lo que ahora defiende el partido que sustenta al Gobierno de Iñigo Urkullu, los propios peneuvistas habrían ayudado de manera decisiva a ese atentado humanitario, pues fueron parte muy importante en la instauración de la política de dispersión a finales de los años ochenta.
Una política pactada entre PSOE y PNV
En 1988 Felipe González hace una crisis de Gobierno en la que, entre otros, se produce el relevo en Interior de José Barrionuevo por José Luis Corcuera y en Justicia de Fernando Ledesma por Enrique Múgica. Dos vascos, pues, en dos de las carteras más importantes, sobre todo por lo que se refiere a la lucha contra ETA, en uno de sus momentos de mayor actividad criminal de su historia. Enseguida se puso en marcha una política que habría de cambiar el combate al terrorismo con los instrumentos del Estado de derecho, como recuerda para Libertad Digital Enrique Múgica: "La elaboramos en el ministerio y en eso jugó un papel muy importante Antoni Asunción, que era el director de Instituciones Penitenciarias. Luego se la propusimos a Felipe González, le pareció muy bien y la aprobó. Hasta ese momento los presos de ETA estaban en Alcalá Meco y en Herrera de la Mancha. Por su peligrosidad estaban sometidos al grado primero. Esto significa que estaban veintitrés horas en las celdas y una hora para pasear, que tenían que comer el rancho y que no podían estar como estaban en todos los sitios dentro de la cárcel. Se trataba de restablecer el orden penitenciario. También porque había presos que querían adecuarse a los beneficios penitenciarios y eran absolutamente impedidos por la gente más dura, más cruel, dentro de los presos etarras, que mandaban sobre todos los demás. Se propiciaba que la gente más receptiva a lo que estaba pasando en el exterior se librara de la presión del resto. Incluso a algunos los acercamos al País Vasco".
Múgica, a cuyo hermano Fernando, también dirigente del PSOE, ETA asesinaría casi una década después, relata la actitud prepotente de los presos de la banda dentro de las cárceles: "Cuando los funcionarios les llevaban el rancho había etarras que derramaban la comida, como señal de que ellos no obedecían a nadie y sólo comían lo que les llevaban los familiares. En aquella época también había profesores de la Universidad del País Vasco que les orientaban sobre las carreras que tenían que elegir para estudiar a distancia". Múgica subraya el papel desempeñado entonces por el PNV, que no en vano gobernaba en Euskadi en coalición con los socialistas: "El PNV colaboró, digan lo que digan. No voy a decir los nombres de quienes estaban en continuas conversaciones con nosotros, algunos desgraciadamente han desaparecido, pero la colaboración fue continua. Nosotros conocíamos los perfiles de los etarras en las cárceles, pero ellos podían conocer sus perfiles fuera, su entorno, sus familiares y amigos. Esta información el PNV nos la podía suministrar y nos la suministró generosamente".
El padre de la idea, Antoni Asunción, que luego llegaría a ser ministro del Interior antes de dimitir en 1994 por la fuga de Luis Roldán, relata a Libertad Digital el papel jugado por el PNV: "Desde el primer momento nos apoyaron, lo que era lógico pues era nuestro socio. Necesitábamos a un interlocutor con la estructura social de ETA, con sus familias. El PSE no servía para eso, tampoco Eusko Alkartasuna, no lo íbamos a engordar. El PNV se benefició de ese papel, social y políticamente". El que fuese secretario de estado de Instituciones Penitenciarias en aquellos años pone un ejemplo concreto de cómo funcionaba el mecanismo: "Un domingo me podía llamar la persona encargada del seguimiento y me decía: 'la familia tal, irá a la cárcel, por favor, dale una visita, porque se van a quedar un día más' y yo se la daba. A veces había consigna de ETA para que hicieran lo que ellos llamaban el chapeo, que consistía en encerrarse en las celdas como una forma de autocastigo. Los familiares llegaban y les decían que no podían verles. Nosotros contrarrestábamos eso no cerrándoles la puerta y si quierían que se quedasen dentro. Naturalmente a la media hora estaban todos fuera. Además, les sacábamos cuando llegaban las visitas hasta ponerlos delante de su padre o de su madre, si querían que volviesen ellos a la celda, pero por su propia voluntad. ¡Animal hubo que echó a correr! Pero no la mayoría. Ante todo eso las madres de los etarras no arremetían contra nosotros, ni contra el PNV, sino contra los de Herri Batasuna. Los del PNV estaban encantados, muchas veces decían: 'esta señora es brava, y como no pueda ver a su hijo va a poner a Jon Idígoras pingando'".
Aunque la dispersión fue una idea del Gobierno socialista, su concreción responde a un diseño de Antoni Asunción: "Andábamos madurándolo. En Interior planteaban la dispersión, pero como castigo, para que se mezclasen y probaran las maldades de los presos comunes, porque los etarras no tienen un perfil delincuencial ordinario. Yo cogí la idea de Interior pero dándole otro sentido, se trataba de clasificar a los etarras y romper su cohesión interna".
La historia de colaboración del PNV con la política de dispersión que recuerdan los dos exministros del PSOE parecen haberla olvidado ahora los peneuvistas, y no se puede apelar aquí al factor generación, pues ha sido un hombre de la vieja guardia, Joseba Egibar, quien ha dicho en el Parlamento de Vitoria que su formación "nunca ha aceptado un recorte de derechos en política penitenciaria".