Aunque hasta este jueves la postura oficial socialista era la de no reunirse con ningún grupo de la oposición y advertirles que unas nuevas elecciones estaban a la vista, ayer mismo se cambió la marcha y ahora Susana Díaz ha decidido entrevistarse personalmente con la oposición para hablar de su posible investidura más de dos meses después de las elecciones del 22 de marzo. El primero en acudir será Ciudadanos y todos lo harán, según el PSOE, antes de los plenos constitutivos de los ayuntamientos. PP, Podemos e IU han negado que se les haya citado.
Nadie duda a estas alturas que entre Juan Marín, la cara visible de Ciudadanos en Andalucía, y Susana Díaz hay simpatía mutua. En estos días, según Diario de Sevilla, Susana Díaz se ha estado enviando mensajes con Marín y el jueves conversaron por teléfono. La reunión parece que tendrá lugar la semana que viene. Si Ciudadanos votase a favor de su investidura, Susana Díaz no necesitaría a nadie más. No quedaría condicionada ni por Podemos, ni por el PP. El problema es que Ciudadanos debería votar Sí a Susana Diaz porque su abstención no generaría el efecto deseado dado que los votos negativos de PP y Podemos serían superiores a la mayoría simple, 47 escaños, de que dispone Susana Díaz.
Una vez que Ciudadanos se ha decantado en Madrid por votar la lista más votada de Cristina Cifuentes, puede ocurrir que, para dar imagen de compensación, en Andalucía, sometida a la inestabilidad, vote a favor de Susana Díaz aduciendo motivos de responsabilidad.
Para ello, se espera que Marín sea tan exigente con la corrupción socialista como se ha sido en Madrid con la candidata del PP. Como mínimo, que pida las dimisiones o ceses de los diputados y senadores del caso de los ERE. Pero realmente hay numerosos casos pendientes que implican al PSOE: desde el caso Invercaria al caso Aznalcóllar, pasando por el caso Bahía Competitiva, el caso de los avales, la formación fraudulenta y otros muchos.
Aunque el líder andaluz de Ciudadanos dijo que el pasado día 27 se sabría el horizonte judicial de los aforados socialistas en el Tribunal Supremo, lo cierto es que nada se sabe de la decisión del alto tribunal si bien El País, El Mundo y el propio grupo Joly dan por seguro que se producirá la imputación formal de, al menos, José Antonio Griñán y José Antonio Viera. No se descarta la de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías si bien queda muy lejana la de Mar Moreno. Llegar a un acuerdo de investidura antes de conocerse la decisión podría ser un riesgo para Ciudadanos y, en otro caso, el PSOE andaluz debería exigir el cumplimiento de la normativa ética del PSOE que implicaría el abandono de las actas de diputados y senadores por parte de los imputados.
El PP pone cinco condiciones
Las condiciones fundamentales, que desgrana ABC, son cinco:
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Suscribir un pacto a favor del empleo, el principal problema andaluz y para ello impulsar la competitividad en el sector empresarial. La nueva concertación social no debería limitarse como hasta ahora a los empresarios y dos sindicatos sino que debe extenderse a partidos, otros agentes sociales y económicos, a las corporaciones locales y al tercer sector.
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Deben bajarse los impuestos a las clases medias y bajas, reducirse progresivamente el impuesto de sucesiones y donaciones hasta eliminarlo y bonificar del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos para los transportistas.
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Hay que mejorar, especialmente, en Educación para que la inversión suponga el 6 por ciento del PIB. Hay que paralizar las fusiones hospitalarias, recuperar la paga extra suprimida a los funcionarios y restablecer la jornada y el sueldo al 100 por 100 para el personal interino y laboral.
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En materia de regeneración de la vida política, el PP andaluz quieren un plan extraordinario de reintegro de todos los fondos defraudados en "los numerosos casos de corrupción que cercan al PSOE en Andalucía"; además, quieren la reforma del reglamento de la Cámara; la remisión al Parlamento de los informes y dictámenes que haga la Intervención General de la Junta y que las normas de regeneración que han asumido los diputados autonómicos se les apliquen a los altos cargos.
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En materia política electoral, el PP sigue planteando que gobierne la lista más votada.
Pero la circunstancia de que el PP dependa del PSOE y de otras fuerzas para alcanzar alcaldías en capitales y grandes municipios donde ha ganado sin mayoría absoluta, puede alterar estas condiciones.
El caso de Podemos e IU
Podemos sigue manteniendo verbalmente sus condiciones esenciales para apoyar a Susana Díaz: el cierre de las cuentas de la Junta en aquellas entidades que desahucien y la reducción del número de altos cargos y de puestos de confianza. Ya no se habla apenas de la dimisión de Chaves y el resto de los aforados ni se habla del resto de los casos de corrupción del PSOE andaluz.
El PSOE tiene una fuerte arma de presión sobre Podemos porque que en Cádiz haya o no un alcalde de Podemos, como pude haberlo en Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela, depende del PSOE que, hasta ahora, no ha visto con buenos ojos las iniciativas políticas de Podemos en la capital gaditana, como la de sustituir el pleno municipal por una asamblea popular a la que el PSOE no acudirá hoy.
Tras la decisión de IU de hacerse el harakiri político en favor de Podemos, apenas tiene ya papel relevante si la formación radical de Pablo Iglesias no interviene.