El pasado mes de abril el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, remitió un informe al Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid donde señalaba que "desconoce quién, cómo, cuándo y por qué razón se pudo introducir en la carpetilla de la Fiscalía" uno de los documentos relativos al expediente del etarra fallecido Iosu Uribetexeberria Bolinaga. Lo hizo en el marco de la causa donde se investiga un posible delito de falsedad documental por parte de un periodista del diario El País y su letrado.
Los hechos se remontan al 5 de septiembre de 2012, cuando en plena polémica por la excarcelación del etarra fallecido Bolinaga, el diario de Prisa publicó en su edición digital e impresa "La forense ignoró la orden del juez para explorar al etarra Uribetxeberria". Esa forense es Carmen Baena, titular en la Audiencia Nacional, y quien solicitó a El País una rectificación inmediata al defender que a ella nunca ningún juez le dio la orden de desplazarse al País Vasco para examinar al secuestrador del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara.
En un primer momento, El País se mostró favorable a rectificar la información aunque la realidad es el periódico de Prisa nunca llegó a modificar su noticia. Por esta razón, la forense presentó una demanda contra el diario exigiendo que se llevase a cabo el derecho de rectificación.
La sorpresa surgió cuando dentro del procedimiento civil la defensa del periodista aportó un documento que habría sido manipulado, según sostiene la forense. De hecho, Carmen Baena mantiene que ese documento es falso. De ahí que el proceso civil inicial pasase a la vía penal y se convirtiese en una querella por un delito de falsedad documental.
En concreto, se trataba de una resolución dictada por el juez Central de Menores, con funciones de vigilancia penitenciaria, el 17 de agosto de 2012 -firmada por el juez de guardia en esos momentos, el magistrado Santiago Pedraz- que iba dirigida al Centro Penitenciario de Álava, donde se encontraba entonces interno Bolinaga.
Al hallar indicios de un posible delito de falsedad documental, el juez de Plaza de Castilla preguntó al titular de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al magistrado Santiago Pedraz y a la Fiscalía de la Audiencia si el polémico documento constaba dentro del sumario de Bolinaga. Ni en Vigilancia Penitenciaria ni en el juzgado de Pedraz tenían conocimiento del mismo pero la resolución judicial sí se hallaba en la Fiscalía.
Un documento manipulado
La manipulación del documento es detallada por el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional que habla de "una reproducción dirigida al Centro Penitenciario de Álava pero sin la parte superior del mismo con la cruz de la corona del escudo nacional".
Asimismo, Javier Zaragoza sostiene en su informe enviado a los juzgados de Plaza de Castilla que "en la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se numeran los documentos como aparece en el que se incorpora al folio 3, ni tampoco se ha realizado subrayado de los mismos". Fuentes fiscales consultadas por este medio explican que el fiscal jefe ha llevado a cabo algunas pesquisas para tratar de saber quién pudo introducir dicho documento en su Fiscalía, aunque todas las averiguaciones han sido en vano.
En la querella, el letrado de Carmen Baena afirma que con esta manipulación "el letrado del El País pretendió confundir al juzgador y hacerle creer que el referido documento fue notificado a mi representada y no al Centro Penitenciario de Álava, pues al carecer los mismo las comunicación alguna fehaciente de la providencia a mi representada, cortaron la parte superior del destinatario y manifestado airosamente que fue notificado a mi representada".
La defensa de la forense añade que "el documento número 5 no existe tal y como se ha agregado (…) y ha sido falsificado para su aportación a juicio y justificar la información, cuestión que por otro lado no ha cumplimentado pues nunca podrán acreditar que mi representada incumplió orden alguna, pues no consta oficio ni documentación alguna que avale la información".
La versión de El País
Por otro lado, Libertad Digital se ha puesto en contacto con el diario El País que ha querido manifestar que "es absolutamente falso que un periodista de este medio o su abogado hayan manipulado ningún expediente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".
Desde este periódico añaden que "ningún periodista de ningún medio tiene acceso a ningún expediente de la Fiscalía de la Audiencia" y puntualizan que "si alguien ha manipulado el expediente estos hechos deben investigarse".