Continúa la ronda de declaraciones por el Caso Pujol. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha interrogado este lunes a Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona, y a Josep Cornadó, presidente del grupo constructor Copisa. Están imputados en la pieza que investiga las actividades económicas presuntamente irregulares del primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola.
Testimonio de Vilarrubí
La declaración del vicepresidente del FC Barcelona ha girado en torno a su papel en la compañía Restaurantes Cerdanya SL, propiedad del chef Josep María Bosch. Según el testimonio de Carles Vilarrubí, el propio Bosch le pidió a él y a otros tres clientes habituales del restaurante que entraran en el accionariado ante las dificultades económicas por las que atravesaba. Vilarrubí ha afirmado que compró participaciones por valor de 18.000 euros para revenderlas en 2010 nuevamente a nombre e iniciativa del cocinero.
Juez y fiscal le han preguntado por los 300.000 euros que las empresas de Pujol abonaron al restaurante. Sin aportar ningún dato significativo, el directivo del equipo azulgrana ha asegurado que desconoce cualquiera de los movimientos efectuados por Restaurantes Cerdanya. En base a su versión, cuando se produjo esta operación ya se habría disuelto el consejo de administración del restaurante, quedando Josép María Bosch como único administrador.
"Era un acuerdo entre caballeros"
Más incisiva ha resultado la declaración del presidente de Copisa, una constructora utilizada por el primogénito del clan para, entre otras cosas, guardar su colección de coches de lujo en uno de sus garajes. Josep Cornadó se ha quejado de la desmemoria de los testigos: "Collons, cuando se viene al juzgado ya nadie conoce a Jordi Pujol Ferrusola!", ha dicho según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.
Cornadó ha reconocido el pago de comisiones. Sin embargo, la remuneración no procedía de adjudicaciones de contratos públicos por parte de la Generalidad de Cataluña. Según su tesis, el primogénito de los Pujol ejerció "labores de intermediación en treinta o cuarenta operaciones" de las que solo habrían fructificado una decena. Se encargaba de facilitar el primer contacto con los clientes para cerrar negocios, algunos de ellos en América y Asia. Y recibía por ello comisiones de entre el 1 y el 3 por ciento.
En este sentido, ha asegurado no entender por qué algunas de las facturas abonadas a las empresas de Pujol Ferrusola, que ascendieron a 3,6 millones de euros entre 2005 y 2009 según la UDEF, se emitieron bajo el concepto de "labores de asesoría".
De la Mata le ha recordado los testimonios de una decena de empresarios que no tenían conocimiento de que el mayor de los Pujol Ferrusola hubiera participado en las operaciones con Copisa. "¿No le parece sorprendente?, ha preguntado el magistrado. Según Cornadó, él se encargaba de la "estrategia general del grupo" y nunca le conoció personalmente. Esa era labor del consejero delegado de Copisa, Xabier Tauler, un amigo de la infancia de Jordi Pujol que se encuentra imputado en la causa.
En todo caso, ha dicho que Copisa nunca firmó contratos con el hijo del expresidente catalán porque las relaciones comerciales que mantenían se cerraban verbalmente y como "un acuerdo entre caballeros". En este punto, ha señalado que las comisiones que les cobraba por conseguir negocios eran "incluso bajas" en relación con el precio de mercado. Al escuchar esta afirmación, de la Mata ha indicado que "lo alto y lo bajo es muy relativo".
Origen de la investigación
El juez de la Mata rastrea las actividades económicas de Jordi Pujol Ferrusola desde que, el 17 de enero de 2013, su exnovia María Victoria Álvarez ratificara ante el juez Pablo Ruz que acompañó a Andorra al hijo mayor del expresidente Jordi Pujol para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.
Tanto el primogénito como su exmujer se encuentran imputados indiciariamente por un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal.