Citan como imputado por corrupción al consejero andaluz de Economía

Hay un nuevo renglón en la lista de consejeros de Andalucía imputados por casos de corrupción. En este caso, no se enmarca en los interminables caso de los ERE o cursos de formación, es un procedimiento particular dirigido contra el actual responsable de la economía de la comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha citado a declarar como investigado el día 10 de mayo a Antonio Ramírez de Arellano. Existen indicios de corrupción en un contrato que adjudicó de forma presuntamente irregular como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

La investigación se centra en la participación de Ramírez de Arellano en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos. El Colegio de Arquitectos de Sevilla entendió en la primera denuncia que el ahora consejero concedió el proyecto de manera "arbitraria". De acuerdo con este criterio, la Fiscalía le atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

El Alto Tribunal andaluz abrió la investigación el pasado 12 de abril. Según el auto de apertura, de los informes policiales se desprende "la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros". Es decir, que la Justicia maneja indicios de que Ramírez de Arellano colocó la obra a dedo. "De comprobarse cierto, podría resultar imputable a Antonio Ramírez de Arellano, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones", concluye el TSJA.

"Decididas de antemano"

Según los magistrados, el contrato se adjudicó "sin que arquitectos ajenos a dicho estudio hubieran tenido posibilidad alguna de concurrir a dichas adjudicaciones, y sin que, por otra parte, pueda descartarse que tales adjudicaciones hubiesen sido decididas de antemano como un conjunto". De los documentos recabados puede establecerse la sospecha de que la concesión "fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad", añade el Tribunal Superior.

"El examen de las tres propuestas presentadas permite sospechar que las dos no elegidas lo fueron sólo para dotar de contenido al expediente, y que incluso una de ellas pudiera ser falseada, al haber manifestado una de las proponentes que no presentó ninguna oferta, y que la firma que aparece, aunque se parece a la suya, 'no es su firma'". En resumen, el máximo órgano jurisdiccional de la región concluye que "los hechos referidos, en caso de ser confirmados, podrían tener relevancia penal". Se dirigen contra Ramírez de Arellano porque "el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por él en su calidad de vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación".