Tres tests preelectorales ha afrontado el PSOE este mismo miércoles con temas que van a definir en buena parte la campaña electoral andaluza. Por una parte, y ya abiertamente, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías comienzan el acoso al juez Martín, el juez de apoyo de los ERE. Por otro, Susana Díaz se alía con Podemos e IU contra PP y Ciudadanos por el Impuesto de sucesiones. Finalmente, la Junta se hace insumisa, apoyada por IU, ante la reválida propuesta por el Ministerio de Educación y decide seguir con su modelo de evaluación contra PP y Ciudadanos.
Recursos con acusaciones al juez Martín
Destaca El Mundo que la defensa de Manuel Chaves considera que el juez que instruye la pieza política del caso ERE, Álvaro Martín, "desconoce" el procedimiento legislativo y el reparto de competencias entre las distintas instituciones que conforman el Estado de Derecho. Según Pablo Jiménez de Parga, su abogado, Chaves no ha cometido delito alguno y pide el archivo de las actuaciones.
El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías afea al juez su prisa por cerrar la instrucción en pleno período electoral existiendo aún "relevantes pruebas pendientes de práctica y "despreciando el contenido de los documentos e informes que están aún por llegar".
La ex consejera y exministra Magdalena Álvarez "adolece de falta de motivación". El viceconsejero de Innovación, Gonzalo Suárez, el responsable jurídico de la Junta, Francisco del Río y otros han pedido cinco aclaraciones y corrección de algunos extremos considerados erróneos de la resolución del juez Martí. El exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, ha pedido que se suspenda el plazo para recurrir hasta que llegue la documentación reclamada o para que se le conceda una prórroga de 30 días para formular el correspondiente recurso.
José Antonio Griñán va a recurrir esta resolución presentando un recurso de apelación en la Audiencia de Sevilla, para lo cual el plazo finaliza este jueves. Y el rosario de recursos seguirá retrasando, se calcula que hasta un año, el momento del inicio del juicio oral.
Díaz se alía con Podemos e IU por Sucesiones
Y lo hacen contra la propuesta de los dos partidos que quieren su eliminación total o parcial y su reforma, como son PP y Ciudadanos (C's) que quieren un impuesto nacional de sucesiones igual para todos los españoles. Es más, PSOE y Podemos-IU no no sólo no quieren suprimirlo sino que proponen incrementarlo en determinados casos para que "la casta" no se beneficie. El PP ha recogido 327.000 firmas contra este impuesto.
Naturalmente, el PSOE, en este punto, incumple su acuerdo con Ciudadanos que exige el fin del impuesto sobre sucesiones pero se obligó en el pacto de su apoyo a Susana Díaz a que tal liquidación no influyera en la recaudación general. PSOE y C´s han estado meses debatiendo cómo y en qué cuantía reducir esta tasa que han eliminado otras Comunidades como Madrid adonde han "huido" nada menos que 30.000 contribuyentes andaluces.
Este miércoles, la Cámara andaluza rechazó con los votos del PSOE, Podemos e IU la toma en consideración y consiguiente tramitación de la proposición de ley presentada por el PP para la supresión del impuesto que grava las herencias, que ya contaba con el criterio en contra del Consejo de Gobierno, proposición que fue votada favorablemente por Ciudadanos.
"Un andaluz que hereda 175.000 euros es un pobre y no paga nada, pero ese mismo andaluz que herede 175.001 es un rico y tiene que pagar 23.000 euros. ¿A qué estamos jugando?", denunció Juanma Moreno, presidente del PP andaluz.
La Junta dice que no incumple la Lomce
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, polémica ex rectora de la Universidad de Málaga, defendió ayer en el Parlamento que aunque no aceptará la Reválida nacional propuesta por el Ministerio, ni incumple la Lomce.
Según ella, el modelo de evaluación en sexto de Primaria impulsado por su departamento y que va a mantener, difiere en gran parte del establecido por el Ministerio en la Ley estatal pero seguirá adelante ignorando los apercibimientos que ha realizado el Gobierno central a las comunidades autónomas que pretenden sortear una normativa básica de obligado cumplimiento. Andalucía ha recibido ya dos "avisos".
Adelaida de la Calle confirmó que en los centros andaluces la evaluación se hará de forma individualizada y por sus propios docentes porque es competencia educativa de la Comunidad Andaluza y porque el Ministerio ha establecido una "reválida segregadora", realizada por personal externo. Esto es, no controlable por la Junta de Andalucía.
El PP acusó a la Junta de querer controlar y manipular las pruebas de evaluación, puestas en cuestión por los propios docentes y Ciudadanos dijo que guste o no, la Ley nacional debe cumplirse. Podemos acusó a la Junta de ser cómplice del gobierno central e IU afeó al PP tratar de romper la "cultura" de la evaluación.
Tres tests preelectorales de calado para una campaña que se presenta especialmente dura en Andalucía, donde el PSOE se juega el futuro político nacional, Susana Díaz su posibilidad de llegar a Ferraz, Podemos e IU su "sorpasso", Ciudadanos su opción de seguir influyendo y el PP la continuidad de su líder regional, al que otra derrota más podría retirar de Andalucía.