Círculo Balear ha denunciado ante la administración al Ayuntamiento de Palma por una instrucción que impone el catalán como requisito para los proveedores de servicios que sean contratados por el consistorio.
La fundación ha llevado la normativa ante la Abogacía del Estado, a través de la Delegación del Gobierno de Baleares, pidiendo que la recurran por tratar de imponer, de nuevo, el catalán en los servicios públicos.
Según informa Círculo Balear, la instrucción, aprobada por el Gobierno de socialistas, nacionalistas y Podemos, obliga a las empresas contratistas a entregar toda la documentación técnica y los trabajos al menos en catalán. Incluso las compañías subcontratadas deberán de utilizar esta lengua en rótulos, publicaciones, avisos y comunicaciones que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.
La normativa también impone el catalán en la prestación de servicios, la ejecución de obras y la puesta a disposición de suministros y también en las comunicaciones por megafonía, manuales de uso y embalaje, incluyendo las facturas y notificaciones. Además, se exige que la empresa contratada tenga personal de atención al público que sepa catalán.
Círculo Balear denuncia que se trata de una normativa discriminatoria y contraria a la Constitución. También recalcan que incumple la Ley de Contratos del Sector Público al establecer requisitos adicionales de carácter lingüístico. Para instar la actuación de la Abogacía del Estado, recuerdan que el Gobierno recurrió una normativa similar en el País Vasco, en consistorios gobernados por Bildu, que también ponían exigencias lingüísticas en las contrataciones.