La plataforma de Perjudicados por Abengoa sigue sin dar crédito a las explicaciones que ofrece la cúpula de la empresa de energía en la Audiencia Nacional. Se investiga principalmente el presunto delito de administración desleal que habrían cometido el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega. Se fueron de la entidad en septiembre de 2015, dos meses antes del preconcurso de acreedores, cobrando indemnizaciones de 11.5 y 4.5 millones de euros, respectivamente. Están imputados también el actual presidente de la compañía, Antonio Fornieles; la expresidenta de la Comisión de Nombramientos, Mercedes García Díez; y una vocal; que han comparecido el viernes ante la jueza Carmen Lamela.
Fuentes presentes en el interrogatorio han desgranado la declaración de los tres investigados. Con algunos aspectos en común, como que fue el Banco Santader y, en concreto, su presidente en España Rodrigo Echenique quien exigió el cese de Benjumea y Sánchez Ortega como requisito para financiar la ampliación de capital –que finalmente no prosperó– y que por ese motivo recibieron las indemnizaciones estipuladas en los contratos. Un argumento que choca con el hecho de que la entidad bancaria recomendó un presidente para Abengoa que no fue finalmente el elegido por el Consejo de Administración, que patrocinó a Antonio Fornieles.
Precisamente este último, el actual presidente de la multinacional, ha sostenido ante la jueza Carmen Lamela que no recuerda por qué los bancos no firmaron la ampliación de capital. Pero llama aún más la atención que ninguno de los tres –las dos mujeres se ocupaban de los nombramientos– leyeron o supervisaron el contrato por el que Felipe Benjumea siguió cobrando tras su cese 4.5 millones de euros al año, ya no como consejero sino como asesor. Firmaron a ciegas por la confianza que depositaban en un bufete de abogados externo que revisaba las formalidades, según las mismas fuentes.
Sobre las indemnizaciones
Extraña que cualquier sociedad reparta a sus máximos responsables indemnizaciones desorbitadas en septiembre de 2015 y dos meses después, en noviembre del mismo año, se declare en preconcurso de acreedores –con un plazo de cuatro meses para que negocie con sus acreedores la reestructuración de la deuda si quiere evitar la suspensión de pagos o la quiebra–. Una deuda que en el caso de Abengoa, según las cifras oficiales, alcanzaba los 14.000 millones de euros entre la vertiente financiera y los pagos pendientes.
La expresidenta de la Comisión de Nombramientos ha defendido que en septiembre la sociedad estaba muy bien, pese a que una agencia externa alertó en 2014 de un débito de 2.000 millones que no recogía el balance de Abengoa. Entiende que en ese periodo de dos meses hubo "un desangre" inesperado. Los perjudicados han subrayado de nuevo la ausencia del exministro socialista y exconsejero de Abengoa Josep Borrell en el Consejo de Administración "más importante de la vida de Abengoa", el que aprobó las indemnizaciones: resulta que, aunque la Ley le obliga a asistir, "estaba haciendo bolos presentando su libro. Y encima ha votado porque delegó en el señor Fornieles. No pediremos la imputación de Borrell porque ya nos han dado dos negativas".
Situación de Abengoa
Abengoa llegó a facturar más de 7.000 millones de euros anuales. Pero la deuda acumulada de 14.000 millones empujó a la entidad al preconcurso de acreederos en el que aún se encuentra inmersa. Mientras negocia con los acreedores una reestructuración de la deuda, la multinacional ha presentado unas pérdidas de 3.689 millones de euros en el primer semestre del año, frente a los 72 millones de ganancias en el mismo periodo del ejercicio anterior.
La dirección de la compañía baraja la posibilidad de salir de la Bolsa, siempre garantizando los intereses de sus accionistas. También modificará Abengoa la composición del nuevo consejo de administración. Ninguno de los actuales formará parte del futuro consejo que estará liderado previsiblemente por Gonzalo Urquijo.