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La casta educativa: otro gran escándalo en Andalucía

La Junta anuncia haber acabado con una red de docentes paralelos enchufados a lo largo de 30 años de competencia educativa.

La Junta anuncia haber acabado con una red de docentes paralelos enchufados a lo largo de 30 años de competencia educativa.
Susana Díaz | EFE

Otro de los grandes escándalos andaluces que pasan desapercibidos o no se destacan como debieran en los medios nacionales es la existencia de una casta educativa, ligada al PSOE y a la Junta andaluza que controla, nombrada a dedo y de la que no se conoce bien su extensión todavía. La Junta dice que es muy limitada pero la oposición del PP cree que podría ser una práctica habitual. ¿Desde cuándo? Hace treinta años que la Junta de Andalucía recibió del Estado las competencias en Educación y desde 2006 se han detectado estos casos de enchufismo descarado y de desigualdad de oportunidades manifiesta.

El escándalo ha cobrado actualidad porque la Consejería de Educación en Andalucía ha dado órdenes para acabar ya con la designación "a dedo" de aquellas plazas docentes que se utilizan para dar cobertura a servicios especiales, plazas que, como destaca El Mundo, hasta la fecha se repartían de forma discrecional y por designación de los delegados provinciales.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, dijo este miércoles en el Parlamento andaluz que, como resultado de la investigación interna, se ha destituido a dos jefes de servicio, los de Ordenación Educativa y Recursos Humanos, Carmen Liébana y Luis Sanchís, y se les ha abierto expediente disciplinario. Además, se ha constatado la dimisión de Alberto Moreno, el jefe de la Inspección de la Delegación de Sevilla, cuya hija fue contratada de forma irregular para un puesto docente en el Centro de Educación Permanente del Polígono Sur.

Los hechos destapados

El pasado mes de junio, la consejera de la Calle admitió que la delegación de Educación en Sevilla concedía cada año al menos cuatro puestos docentes "a dedo" a profesores que no habían concurrido a ningún tipo de concurso de méritos. Una de esas plazas, adscritas al Comisionado del Polígono Sur, es la que ocupaba la hija del inspector jefe educativo de Sevilla, Alberto Moreno, Anais Moreno Malpartida.

Se trataba, en palabras de la consejera, de "puestos por designación", una figura que, naturalmente, ni aparece en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Educación ni en ninguna otra parte oficial. Sin embargo, sólo en Sevilla, con esta percha formal, fueron contratados en los últimos 10 años 14 personas, todas supuestamente destinadas al Comisionado para el Polígono Sur de la capital sevillana Estos "puestos por designación" no son los puestos de "libre designación" que sólo pueden ocupar funcionarios. Moreno Malpartida ni era funcionaria ni era interina cuando obtuvo el puesto.

Según el PP, el caso de estos contratos 'a dedo' en la delegación de Educación de Sevilla para cubrir puestos docentes constituye "la punta del iceberg de un gran escándalo", que afecta al servicio de la Inspección, "que debe ser precisamente uno de los garantes de la legalidad en los centros educativos".

Patricia del Pozo, diputada del PP andaluz, reclamó el pasado mes de junio una investigación interna en la Consejería de Educación que permitiera saber en qué medida este tipo de contratos ajenos a los habituales procedimientos de selección de personal –una puerta false de acceso a la función educativa–, se dan también en otras delegaciones territoriales, además de la de Sevilla. La Junta de Andalucía no ha contestado aún a la pregunta de si estos nombramientos de "puestos por designación" se han limitado a Sevilla y a lo largo de que años.

Ahora, aunque la Consejería de Educación cree que las irregularidades confirmadas constituyen un "caso aislado", la nueva instrucción reconoce de alguna manera, cree El Mundo, el elevado margen de discrecionalidad con que hasta la fecha se venían produciendo las contrataciones de una serie de puestos específicos vinculados a diferentes convenios firmados con otras administraciones.

Con las nuevas medidas impuestas desde la Consejería de Educación, ya no será posible cubrir por designación directa esas plazas, sino que tendrán que salir a concurso –ésas y todas las que están vinculadas a convenios– de manera "que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben primar en el acceso a los puestos en la administración pública", según ha aclarado la consejera De la Calle.

El portavoz de IU, Antonio Maíllo, aunque agradeció la que considera una "actuación diligente" por parte de la Consejería, pero dudó sobre "si se hubiera actuado igual si los medios de comunicación no hubieran denunciado el caso". Maíllo mostró también su preocupación por el "ambiente de impunidad" que existía en la delegación de Sevilla, hasta tal punto de que "hubiera quien creyera que ese tipo de contrataciones se podían hacer sin más".

La portavoz de Ciudadanos, Marta Escrivá, consideró que los "enchufados" no pueden seguir disfrutando de la plaza que se les ha concedido en función de un nombramiento irregular y citó otro ejemplo de arbitrariedad en la adjudicación de una plaza de profesor de peluquería para un centro del Polígono Sur. Para la portavoz de Podemos, Libertad Benítez, la defensa de la escuela pública incluye el establecimiento de mecanismos alejados de "la podredumbre y la corrupción" y luego dijo que se dejaba la sesión de la comisión parlamentaria para manifestarse en la calle.

En realidad, aún está por detallarse a quiénes ha afectado, en qué provincias y centros, desde hace cuántos años y en qué ha consistido concretamente este sistema opaco e irregular de contratación de docentes que no tenían derecho a ocupar los puestos que han ocupado. Por ejemplo, el PP ha denunciado que hay alrededor de 50 supuestos docentes adscritos a tareas administrativas, "sin saber con qué criterios se han otorgado esos destinos "mientras hay otros docentes "que estudian como mulas para conseguir una plaza, aunque sea a 500 kilómetros de su casa".

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