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Rita Barberá defiende su honradez en el Tribunal Supremo

La exalcaldesa popular de Valencia, ahora senadora independiente, ha contestado preguntas sobre el presunto blanqueo de capitales.

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Rita Barberá defiende su honradez en el Tribunal Supremo
Rita Barberá a la salida del Tribunal Supremo | EFE

Después de 24 años al frente del Ayuntamiento de Valencia bajo las siglas del Partido Popular y los diecisiete últimos meses en el Senado, donde permanece como independiente desde que se abrió esta causa penal, Rita Barberá se ha enfrentado a la Justicia, en concreto al Tribunal Supremo por su condición de aforada nacional. La lideresa no se ha movido del testimonio que prestó en el Juzgado de Valencia que abrió diligencias. Reconoce que donó mil euros a su antigua formación, pero niega que se lo devolvieran en ningún sobre ni conoce casos de que se reintegraran las transferencias, tal y como plantea la investigación. Según fuentes jurídicas, ha subrayado que no formaba parte del comité de campaña, de esta forma no sabe si los eventos electorales se han financiado con ese sistema de pagos.

Barberá solo ha contestado a la Fiscalía y al juez que instruye el caso por reparto en el Supremo, Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. No ha respondido a la acusación popular que ejerce el PSOE aún a riesgo de que el proceso "se convierta en un terreno de confrontación política", en palabras del auto con el que el Alto Tribunal asumió las actuaciones contra la exalcaldesa. Tampoco a los medios de comunicación en el acceso a dependencias judiciales; ni a la salida, donde la esperaban seis personas desplazadas desde Valencia para gritar corrupta y ladrona: "No te escondas que lo vas a pagar, vais a caer todos", ha exclamado uno cuando la senadora y su letrado se metían en el taxi.

Después de 24 años al frente del Ayuntamiento de Valencia bajo las siglas del Partido Popular y los diecisiete últimos meses en el Senado, donde permanece como independiente desde que se abrió esta causa penal, Rita Barberá se ha enfrentado a la Justicia, en concreto al Tribunal Supremo por su condición de aforada nacional. La lideresa no se ha movido del testimonio que prestó en el Juzgado de Valencia que abrió diligencias. Reconoce que donó mil euros a su antigua formación, pero niega que se lo devolvieran en ningún sobre ni conoce casos de que se reintegraran las transferencias, tal y como plantea la investigación. Según fuentes jurídicas, ha subrayado que no formaba parte del comité de campaña, de esta forma no sabe si los eventos electorales se han financiado con ese sistema de pagos.

Desconoce "todo absolutamente de las cuentas", reniega de la supuesta caja B con la que el PP de Valencia se habría financiado ilegalmente. Se ha referido a los supuestos contratos amañados desde el grupo: "Soy absolutamente ajena y no he intervenido en esas adjudicaciones". De hecho, según Barberá nunca ha hablado con empresarios interesado en concesiones: "Es más, he prohibido que entrarán en mi despacho cuando estaban en estudio".

Barberá solo ha contestado a la Fiscalía y al juez que instruye el caso por reparto en el Supremo, Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. No ha respondido a la acusación popular que ejerce el PSOE aún a riesgo de que el proceso "se convierta en un terreno de confrontación política", en palabras del auto con el que el Alto Tribunal asumió las actuaciones contra la exalcaldesa. Tampoco a los medios de comunicación en el acceso a dependencias judiciales; ni a la salida, donde la esperaban seis personas desplazadas desde Valencia para gritar corrupta y ladrona: "No te escondas que lo vas a pagar, vais a caer todos", ha exclamado uno cuando la senadora y su letrado se metían en el taxi.

Culmina el mecanismo que inicio el juez Víctor Gómez, que conduce el caso desde el Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia. Fue quien describió indicios de que concejales y funcionarios del Ayuntamiento habían recibido sobres con 1.000 euros –en dos billetes de quinientos– de dinero negro que luego blanqueaban o lavaban con una donación a cuentas del Partido Popular. Una técnica que recibe el nombre de pitufeo o smurfing y que consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cantidades, cifras exentas del control bancario. En esta Operación Taula, 50.000 euros en cincuenta entregas que mantienen imputadas a 47 personas miembros del grupo municipal más el propio PP.

Corrupción política total

El mismo sumario recoge una serie de conversaciones telefónicas que prueban el modus operandi. En una de las grabaciones, María José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento valenciano, se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deban dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". A continuación, Alcón admite que ese dinero lo ha recibido de García-Fuster y que lo ha devuelto "con una transferencia bancaria y se blanquea".

La conversación con Vicente Burgos Alcón termina con una reflexión de madre a hijo: "Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción".

Razonamientos del Supremo

El auto del Supremo que encausó a Barberá destacaba los siguientes indicios en relación a la implicación de la exdirigente popular:

"María Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada".

"María Rita Barberá ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada".

"A juicio de este instructor, las alegaciones efectuadas por la aforada, no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación, a los efectos de elevar al Tribunal Supremo".

"Debe significarse sin embargo que, en sus declaraciones, ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación, ni los cuatro testigos que se negaron a efectuarla, ni nadie testimonia una participación concreta, personal, de Rita Barberá en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicación".

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