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Los escándalos que esquivó Rita Barberá y el caso que la sentó en el banquillo

Luces y sombras en el plano judicial de un cuarto de siglo en la portada del plano político.

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Los escándalos que esquivó Rita Barberá y el caso que la sentó en el banquillo
Rita Barberá en una imagen de archivo | EFE

23 años y 11 meses. 8.744 días de dedicación al Ayuntamiento de Valencia que desde julio de 1991 hasta junio de 2015 lideró bajo las siglas del Partido Popular. La estela de Rita Barberá en política, alargada durante el último año y medio en el Senado, deja un enorme legado en la capital del Turia cuyos proyectos más importantes han arrastrado escándalos y polémicas. Acusaciones de corrupción que en su mayoría se perdieron por el camino judicial, pero que han prosperado en los últimos meses en la denominada Operación Taula de blanqueo de 50.000 euros dentro del caso Imelsa. Antes, la llegada del AVE a Valencia, las ampliaciones del puerto y de Metrovalencia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Copa América de Vela o la Fórmula 1 suscitaron el debate social y procesal.

Su nombre ha sido un habitual en las causas más mediáticas, por ejemplo, en Gürtel, Nóos, Vamor o Emarsa. En buena parte de estos procedimientos, su relación acabó limitada a la declaración como testigo. Hasta que el pasado 21 de abril, el Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada con indicios delictivos en torno a la exalcaldesa. Relató cómo se habría producido un lavado de dinero con posible origen en la corrupción en el seno del Consistorio que ella lideró. Con el grueso de sus concejales y asesores imputados, Barberá corrió la misma suerte y hace solo dos días, el 21 de noviembre, compareció ante el alto Tribunal.

En contra de la investigación, negó el denominado pitufeo: una técnica de blanqueo de capitales por la que Barberá y sus colaboradores presuntamente habrían recibido sobres de 1.000 euros en B para lavarlos mediante un donativo a cuentas del Partido Popular. La senadora reconoció la transferencia, pero negó que se lo hubieran devuelto, ni a ella ni al resto de los implicados. De hecho, aseguró que nunca existió financiación irregular en su formación en Valencia y que no conocía el despliegue económico en las campañas electorales puesto que no se encontraba en el órgano encargado. Como marca el artículo 130 del Código Penal, cuando el Supremo reciba el certificado de defunción dictará un auto llamado de extinción de responsabilidad, que supone el archivo de su causa penal.

Gürtel, Nóos y persecución de Compromís

Era la causa que más comprometía su horizonte judicial. También por la que más le han azotado política y mediáticamente; y mantenía en un secreto poco usual su punto de vista. Solo daba explicaciones ante el juez, primero en Valencia y después en Madrid. Siempre con un gesto de preocupación diferente en relación a otros episodios.

En el caso Gürtel, se relacionó a Rita Barberá con concesiones controvertidas a favor de las empresas de Francisco Correa. Uno de los hombres fuertes en Valencia, Álvaro Pérez alias el Bigotes, que en una de las conversaciones del sumario estaba comprándole un bolso de Lous Vuitton porque"luego no nos da nada, pero tampoco nos jode", se sienta en el banquillo de los acusados.

En el caso Nóos, acudió incluso al Plenario para intervenir como testigo. Como acreditó el sumario, la exalcaldesa había participado en una reunión con los dos principales acusados, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, donde se presentó el proyecto de Valencia Summit, uno de los eventos donde la trama habría dado un pelotazo. "En ese momento, de verdad, acaba mi preocupación y ocupación. Me gustaría que me creyesen", dijo Barberá a Pedro Horrach. "Es difícil", reprochó el fiscal de Anticorrupción. Su vicealcalde Alfonso Grau sí se enfrenta a condena.

En sus casi 24 años al frente del Ayuntamiento, surgieron otras complicaciones como la tragedia del accidente de Metrovalencia, donde murieron 43 personas y cuya investigación se archivó con dudas sin resolver. También se señalaron los desfases presupuestarios en la construcción de la Ciudad de las Artes, o el elevado coste que soportó Valencia y la Comunidad Valenciana por extensión de cara a la celebración de un Gran Premio de Fórmula 1.

Especialmente persecutoria resultó la investigación sobre lo que algunos bautizaron el caso Rita Leaks. Salió de la cocina de Compromís, la marca de Podemos en Valencia, durante la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015. La coalición creó una web presentada por Joan Ribó y Mónica Oltra, con 466 documentos que atribuían irregularidades a 34 miembros del Ayuntamiento de Rita Barberá. Habrían sufragado con dinero público distintos viajes, comidas y actos de representación que sumaban 278.000 euros. Según los mismos informes, a la alcladesa le correspondían 42.781 euros. Mientras Oltra clamaba que "esta persona no tiene límite, es insaciable" y que "se daba la vida padre a costa de todos", la lideresa popular confesó que "no quería cutrerías en Valencia". Tras la instrucción previa en Valencia, el Supremo dio carpetazo a la causa por ausencia de indicios delictivos.

Barberá sorteó el escándalo en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima, conocida como Emarsa, que quebró por culpa de un ingente saqueo que permitió al gerente de la misma, amigo de la exalcaldesa, acumular lingotes de oro. Siempre con la Justicia en los talones, dando palos muy cerca de su alargada sombra, pero sin llegar a empaparla. Solo Taula reunió suficientes indicios para poner en duda su largo mandato de luces y sombras. Y consiguió que una persona afiliada a Alianza Popular en 1976, que fue la copromotora y cofundadora del Partido Popular en Valencia, saliera de la formación apestada por lo que se quedará siempre en presunta corrupción.

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