La Fundación Villacisneros ha reaccionado contra la injusticia que supone el hecho de que, 38 años después, nadie haya identificado a los asesinos de Antonio Ramírez Gallardo y Hortensia González Ruiz. Se trata de un agente de la Guardia Civil y su novia, que perdieron la vida el 6 de enero de 1979 ametrallados por la banda terrorista ETA en el municipio guipuzcoano de Beasáin. Este colectivo, que cuenta con el apoyo de la exlíder del PP vasco María San Gil, entre otros, ha puesto en marcha el llamado Proyecto Dignidad para investigar hasta el final varios crímenes etarras que siguen sin resolverse después de décadas.
El proyecto ha dado sus primeros frutos, tal y como ha adelantado el diario ABC. En nombre de la hermana de Hortensia González, la fundación remitió un escrito al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional interesando la reapertura de su asesinato y el de Antonio, conocidos como "los novios de Cádiz". El magistrado recibió la petición el 12 de octubre de 2016 –en el 38º aniversario del ataque– y, con el visto bueno de la Fiscalía, ha retomado la instrucción. De primeras, ha ordenado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y al Servicio de Información de la Guardia Civil que elaboren "un informe respecto a la autoría del ataque terrorista objeto de la investigación".
La investigación original tuvo en 1979 poco recorrido, algunos explican que por la saturación de las fuerzas de seguridad en aquella época en relación con los atentados terroristas. La Audiencia Nacional dio carpetazo a los hechos por "falta de autor conocido", aunque testigos afirmaban que dos o tres miembros de ETA se encargaron de disparar al agente y su novia, de 24 y 20 años, respectivamente. El fiscal Pedro Rubira explica ahora que, aunque el atentado puede estar prescrito, el delito de integración en organización terrorista o banda armada "es de tracto sucesivo, es decir, se realiza mientras que la persona o personas se encuentren integradas en dicha Organización".
En este sentido, "solo deja de cometerse cuando las personas integradas han sido detenidas o se desvinculan de la Organización terrorista, extremos estos que a día de hoy no se acreditan, por la razón de desconocerse los autores materiales". Dado que aún nadie ha identificado a los asesinos, "en este estado procesal no se puede concluir que los hechos se encuentren prescritos", remarca el fiscal de la Audiencia Nacional. Este caso puede servir como punto de partida para la investigación, a instancias o no de Villacisneros, del alrededor de 300 asesinatos que ETA habría cometido y no han sido resueltos.