Se buscan pruebas de la presunta financiación irregular del Partido Popular de Valencia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como la UCO, se ha personado este miércoles en dos organismos públicos relacionados con el Ayuntamiento de Valencia que habrían participado de los amaños investigados en el la Operación Taula, la vertiente del caso de supuesta corrupción Imelsa que salpicó a la fallecida Rita Barberá. En concreto, los agentes se han desplazado hasta el espacio cultural Las Naves y la Fundación Inndea.
Según los indicios recogidos por la investigación en el sumario, declarado secreto, habrían operado de forma irregular para financiar a la empresa de comunicación Laterne, que gestionó la campaña de Barberá en las elecciones de 2007 y en cuyo consejo de administración figuraban varios asesores del grupo municipal. La UCO rastrea los vínculos de Laterne con empresas que se adjudicaron contratos públicos en aquellas fechas. Se encuentran bajo el foco constructoras como Secopsa, que disfrutó de un contrato millonario de mantenimiento de edificios públicos. La empresa de comunicación no solo organizó actos electorales, el Partido Popular de Valencia le encargó también un informe por 300.000 euros que quedó sin terminar.
Caso Imelsa
Las 7.500 primeras páginas del sumario del caso Imelsa a las que tuvo acceso Libertad Digital revelaron una guerra interna del Partido Popular de Valencia. Una disputa que se libró entre sus direcciones provincial, presidida por Alfonso Rus, y autonómica, liderada por Francisco Camps. Según la investigación, el objetivo de casi todos era el mismo: acaparar dinero de procedencia ilícita mediante un sistema eficiente y bien engrasado. Componen el dibujo de un sistema corrupto infiltrado en la Comunidad Valenciana, en la Diputación y en varios Ayuntamientos. Una trama en la que, como suele ocurrir en este tipo de escándalos, responsables políticos se beneficiaban de su influencia con comisiones a cambio de amañar contratos públicos a favor de empresarios dispuestos a colmar sus bolsillos.
La investigación arrancó en abril de 2015 auspiciada por una denuncia de Esquerra Unida que incluía una grabación comprometedora. En ella, se escuchaba a Rus contando billetes de quinientos euros, al parecer de comisiones ilegales, hasta llegar a "12.000 euros, dos millones de pelas". Aparece a su lado Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y al que la Guardia Civil sitúa al frente del entramado corrupto. El caso Imelsa reúne ya a más de cien investigados entre personas físicas y jurídicas. Existen indicios de una retahíla de delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.
El sumario incorpora los extractos bancarios que demuestran una modalidad de blanqueo. Es el pitufeo o smurfing, una técnica que consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cantidades a diferentes cuentas. Reciben dinero negro y, al realizar los movimientos de cifras exentas de control bancario, los fondos quedan lavados. Según informes de la UCO, es también la modalidad que habrían empleado Rita Barberá –cuya causa se archivó por fallecimiento– y sus entonces concejales en el Ayuntamiento de Valencia.
El mismo sumario recoge una serie de conversaciones telefónicas que prueban el modus operandi. En una de las grabaciones, María José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento valenciano, se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deban dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". A continuación, Alcón admite que ese dinero lo ha recibido de García-Fuster y que lo ha devuelto "con una transferencia bancaria y se blanquea". La conversación con Vicente Burgos Alcón termina con una reflexión de madre a hijo: "Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción".
"Los reyes magos" de Benavent
Otro de los anexos del sumario expone las turbias maniobras que habrían marcado el camino de la concejalía de Cultura en materia de contratación. Su entonces titular, María José Alcón, habría elegido sistemáticamente los grupos a los que se adjudicaban obras y servicios públicos. En conversaciones con Marcos Benavent se ve cómo el exgerente de Imelsa, en continua comunicación con Alcón, gestiona con las empresas el posterior cobro de comisiones, que finalmente se repartían.
En un extracto de las grabaciones, Benavent anuncia la llegada de los "reyes magos". Se refería a una mordida de 20.000 euros repartió con Alcón y el PP. Según informes de la UCO, este mismo método se extendió en el Ayuntamiento de Valencia para los concursos públicos de "obras de limpieza y mantenimiento de las fachadas de la Lonja", "Ejecución de las Obras de Limpieza y Consolidación de las Torres del Portal de Quart", "Ejecución de las Obras de Conservación y Restauración de los Puentes Históricos de Serranos y de la Trinidad (Fase 1)" y "construcción y explotación del Centro Cultural de la Rambleta".
En medio de este panorama de mordidas aparece también el nombre de Francisco Camps. El expresidente de las Cortes Valencianas ha denunciado al Guardia Civil que le señala como gestor, cobrador y repartidor del botín del caso Imelsa.