La portavoz del Gobierno de Cataluña, Neus Munté, ha avisado este martes al Tribunal Constitucional (TC) de que no habrá sentencia ni resolución que frene el despliegue de la hoja de ruta independentista: "Nada parará nuestra voluntad inequívoca de celebrar un referéndum en Cataluña este año".
Lo ha dicho en la rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo después de que el pleno del TC haya declarado nulas las resoluciones aprobadas en el Debate de Política General del Parlamento catalán que impulsan un proceso constituyente, y de que haya autorizado a Fiscalía a abrir una nueva vía penal contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y los cuatro miembros soberanistas de la Mesa.
"La pretensión de anular un acuerdo del Debate de Política General no altera en nada nuestra voluntad de continuar trabajando para poder celebrar un referéndum" antes de la segunda quincena de septiembre, ha subrayado.
El Gobierno catalán defiende que la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña es una iniciativa que se aprobó por amplia mayoría en el Parlamento y que, por lo tanto, tiene legitimidad democrática y se basa en un "mandato sólido".
Aun así, al Ejecutivo catalán no le sorprende la decisión del TC porque, según Munté, está acostumbrado a que el tribunal "actúe con extraordinaria celeridad" contra el soberanismo catalán, como demuestra el juicio de la semana pasada por la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
"Pese a ello, el Govern mantiene su voluntad inequívoca de tirar adelante con este mandato sólido, democrático y mayoritario", ha insistido Munté, que ha trasladado el apoyo del Ejecutivo catalán a Forcadell y los miembros soberanistas de la Mesa.
También ha defendido que en el Parlamento de Cataluña "se trabaje y se lleven a cabo diferentes acciones" para poder materializar el referéndum en los próximos meses, y ha señalado que, por ahora, no se prevé que la decisión del TC acelere la convocatoria.
"Nos mantenemos con rigor dentro de un calendario al que hemos dado plena transparencia", que es el de celebrar el referéndum antes de que acabe septiembre y hacerlo tras pactarlo con el Estado si es posible, ha recordado.
Sobre este pacto con el Estado, Munté ha insistido en que el Gobierno catalán tiene "la mano tendida al diálogo, pero no con un plazo ilimitado" de espera, aunque no ha detallado si se ha fijado una fecha para dejar de intentar pactar un referéndum con el Estado antes de decidir convocarlo unilateralmente.
Preguntada por el hecho de que la CUP haya avisado de que será necesaria la desobediencia para celebrar el referéndum, Munté ha replicado que actuarán en todo momento "con obediencia y lealtad al Parlament: Obediencia toda a la legalidad catalana y a los retos y mandatos que surgen del Parlament".
Sin el apoyo del PSC
Después de que los alcaldes del PSC hayan avisado de que no colaborarán en la celebración de un referéndum no pactado, Munté ha asegurado que el Gobierno de Cataluña dialogará y defenderá ante ellos que se trata de una iniciativa avalada "muy claramente" por los ciudadanos y el Parlamento.
En cambio, ha añadido, la propuesta de reforma de la Constitución en clave federal que defienden los socialistas es legítima pero minoritaria, "y en el Parlamento sólo tuvo 16 votos a favor" de los 135 diputados que hay en el hemiciclo.
Preguntada por si habrá dificultades para celebrar el referéndum por el hecho de que los municipios gobernados por el PSC no participen, Munté se ha limitado a responder que "lo imprescindible es que se pueda organizar en condiciones, sea vinculante y contemple todos los elementos de seguridad jurídica, y en eso se trabaja".
Instituciones catalanas
También se ha referido a la intención de recuperar las instituciones catalanas manifestada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el congreso del PP celebrado el pasado fin de semana, y ha asegurado que si dijo eso es porque "admite que en un momento u otro las ha perdido".
"Las instituciones catalanas están perfectamente representadas, defendidas y trabajan para dar respuesta a los anhelos y necesidades de la ciudadanía" de Cataluña, que incluyen la celebración de un referéndum, ha sentenciado.