A juicio por primera vez una pieza de la Operación Púnica. El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional ha dictado la apertura de la vista oral de la vertiente que investiga el chivatazo de dos agentes de la Guardia Civil a Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción reclama tres años de cárcel para el supuesto cabecilla de la trama por un presunto delito de aprovechamiento de revelación de secretos. Según constata el sumario, advirtió a su socio David Marjaliza de las diligencias que se seguían en su contra para que se deshiciera de material comprometedor.
El magistrado procede también contra José Manuel Rodríguez Talamino, el agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que habría facilitado la información a Granados con la ayuda de su compañero en excedencia José Luis Caro Vinagre, también procesado. El Ministerio Público también solicita para ellos penas de tres años de prisión por violación de secretos con grave daño para la causa pública.
Será la primera pieza separada de la Operación Púnica que se enjuicie y siente en el banquillo al exalcalde de Valdemoro y exconsejero madrileño por el Partido Popular, primero de Transporte y más tarde de Presidencia, Justicia e Interior. Granados permanece en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014 y el juez Velasco ha decretado la prórroga por un máximo de otros dos años, hasta que finalice la instrucción. Con ayuda de los dos agentes acusados, deberá pagar una fianza como responsables civiles directos cuyas cantidades serán "próximamente" notificadas.
El relato de los hechos
El juez Eloy Velasco desplegó la investigación de la Operación Púnica por supuestos delitos de corrupción cometidos por Granados y Marjaliza. También sospechaba de la participación de otros cargos públicos, funcionarios y técnicos que habrían acomodado la adjudicación de contratos desde administraciones a favor de las empresas de la trama y a cambio de comisiones. Las diligencias fueron declaradas secretas en junio de 2014, cuando se acordó la intervención de las comunicaciones telefónicas mantenidas mediante los móviles de los dos principales sospechosos.
La investigación evidenció que Marjaliza dirigía sus corruptos negocios desde el edificio Éboli, sede social de la mayor parte de sus empresas sito en la localidad madrileña de Pinto. Allí se reunía con políticos, funcionarios y colaboradores a los que pagaban numerosas mordidas. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil consideró esta ubicación de altísimo interés y solicitó a la Sección de Apoyo la instalación de un dispositivo en las inmediaciones. La finalidad era grabar a las personas que entraban en dicho lugar para dejar constancia gráfica de las visitas que recibía el considerado cerebro de la trama y poder concretar los hechos.
El agente de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino, vecino de Valdemoro aunque destinado en Madrid, actuando en el ejercicio de sus funciones, instaló el 5 de septiembre de 2014 una cámara de vigilancia en un vehículo que fue estacionado frente al edificio Éboli. Talamino adquirió conocimiento de la investigación contra Marjaliza, recibió la información precisa y necesaria para que conociese el perfil del objetivo y pudiese garantizar el efectivo uso del medio instalado.
Según expone el juez, "una vez instalado el dispositivo y conociendo la relación de Marjaliza con Granados y constándole que su amigo y acusado José Luis Caro Vinagre –agente en excedencia– había pasado a desempeñar cargos de confianza en la Comunidad de Madrid promocionado por el político, Talamino decidió hacerles un favor a todos ellos facilitándoles información confidencial". Advirtió a Caro y a Granados de la colocación de la cámara de grabación en el exterior de las oficinas de Marjaliza aún a sabiendas de que la información estaba sometida a absoluta reserva dada su relevancia para la investigación. En posteriores contactos del agente con Caro y Granados, les descubrió la naturaleza de la investigación y les explicó que la cosa era seria. Eloy Velasco hace referencia a conversaciones en las fiestas de Valdemoro, reuniones pactadas y encuentros en el domicilio de Granados.
Granados desplegó una serie de actuaciones dirigidas a comprobar el grado de veracidad de la fuente y ampliar los datos proporcionados por la misma. Se interesó por saber si la investigación también se dirigía contra él, al objeto de adoptar medidas para poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito y alertar a Marjaliza. Aún a sabiendas del deber de sigilo y secreto que se impone por ley a los funcionarios públicos respecto de los asuntos que conocen a razón de su cargo, transmitió la información a su socio Marjaliza y requirió a Talamino todos los detalles de la investigación por corrupción por medio de su contacto José Luis Caro Vinagre.