Si parecía remota la prisión provisional para Iñaki Urdangarin y Diego Torres, el fiscal superior de Baleares ha liquidado las escasas posibilidades de que entrara en la cárcel. Bartomeu Barceló ha buscado a los medios de comunicación para trasladar un mensaje: "La prisión preventiva se tiene que acordar cuando hay riesgo de fuga, de ocultar pruebas o de atentar contra los intereses de las víctimas y ninguno de estos casos se va a dar". Esta posición adquiere especial relevancia a pocas horas de que la Audiencia de Palma celebre la vistilla en la que solo Pedro Horrach, representante de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Nóos, piensa solicitar la medida cautelar contra los condenados.
Un nuevo caso de discrepancias en el seno del Ministerio Público que debilita la próxima solicitud de Horrach. Bartomeu Barceló ha elegido el instante que más daña la solidez de los argumentos que presentará el fiscal del caso Nóos, aunque ha dicho desconocer sus intenciones de su colega "y si las supiera no las diría". A renglón seguido, ha añadido que "no hay un criterio establecido ni taxativo ni previsto por la ley". Y dentro de la batería de mensajes, el máximo exponente del Ministerio Público ha recordado que existe "una dependencia jerárquica" en la institución contemplada "en la Constitución y en el Estatuto".
La vistilla
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, es decir, las mismas tres magistradas que elaboraron la sentencia del caso Nóos, acogen este jueves la llamada vistilla. Es el trámite donde, tras escuchar a los condenados y evaluar las peticiones de las partes, acordarán si conviene o no adoptar medidas antes de que el Tribunal Supremo revise el fallo. Las cautelares que van desde la retirada del pasaporte hasta la prisión provisional. La pregunta es: ¿de qué depende que ingresen anticipadamente en la cárcel?
Las partes que componen este procedimiento dan por descontado que Pedro Horrach reclamará la prisión eludible con el pago de una fianza para Urdangarin y Torres. Concurre el principal requisito: la existencia de una condena igual o superior a dos años de prisión -sobre el exduque de Palma pesan 6 años y tres meses y sobre su exsocio 8 años y medio-. En cualquier caso, la decisión correrá a cargo de la Sección Primera. Para justificar la prisión provisional es necesario que detecte riesgo de fuga. En virtud del artículo 503 de la Lecrim, este peligro se deberá fundamentar en la gravedad de la condena y la situación familiar, laboral y económica de los condenados.