Cuando ha tenido oportunidad, Francisco Correa ha callado. El cabecilla confeso de la red de corrupción Gürtel y uno de sus empresarios de cabecera, Alfonso García Pozuelo, han desbaratado la citación del juez José de la Mata que reabrió a principios de mes esta investigación culminada por Pablo Ruz sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Si en el juicio por la pieza principal del caso ambos acusados revelaron que varias multinacionales habían entregado comisiones en metálico a la formación a cambio de contratos públicos amañados desde los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, en el momento de la verdad se han acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del instructor y las acusaciones.
Inmediatamente después de anunciar que no resolvería las dudas, Correa ha subrayado que su intención de colaborar con la Justicia permanece intacta. Llama la atención que aquella confesión a medias ante el Tribunal que enjuicia la Época Primera del caso Gürtel –los hechos enmarcados entre 1999 y 2005–, derivada de un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, se haya visto constreñida por sus propios autores. El juez De la Mata ha reprochado al cabecilla de la trama, que se encuentra en la cárcel por sus tropelías en Valencia y ha declarado padecer claustrofobia y desorientación, que solo colabore cuando le apetece, es decir, "a la carta".
Comisiones de entre el 2 y el 3%
Según el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, "el objeto de investigación en esta pieza separada es comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados "papeles de Bárcenas" o contabilidad B del Partido Popular constituyen el soporte de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por la formación y determinadas personas a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".
Fueron Izquierda Unida y la progresista Asociación de Abogados Demócratas por Europa ADADE quienes interesaron la reapertura de esta vertiente a raíz de las intervenciones en el juicio que se celebra en la sede de San Fernando de la Audiencia Nacional. Correa manifestó el pasado 14 de octubre que varias multinacionales "pagaban comisiones del 2% y del 3% por las gestiones de Luis Bárcenas" para amañar contratos en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Serían OHL, de Juan Miguel Villar Mir, el Grupo ACS con su filial Dragados, cuyo dueño mayoritario es Florentino Pérez, y Degremont. Según el líder de Gürtel, su socio Plácido Vázquez "gestionaba los proyectos de obra con las grandes empresas". Intentaban que Bárcenas le diera continuidad en el Gobierno y, si había "éxito", las constructoras entregaban una comisión a repartir entre los dos. Después, con ayuda del también procesado Antonio Villaverde Landa, enviaba las sumas a Suiza.
Esta confesión, refrendada por uno empresario afín a la trama, empaparía también a los propios ministerios. Tanto al de Medio Ambiente, dirigido en esa horquilla de tiempo por Jaume Matas y Elvira Rodríguez; como al de Fomento, cuyo titular era el posterior secretario general Francisco Álvarez Cascos. Por su parte, el empresario Alfonso García Pozuelo afirmó que los destinos del dinero entregado a Correa eran "organismos centrales", en concreto, los mismos ministerios de Fomento y Medio Ambiente y la sede nacional del Partido Popular.
Reapertura de la investigación
Gracias a estas revelaciones, José de la Mata reabrió la investigación que Pablo Ruz, su predecesor en el Juzgado Central de Instrucción nº5, concluyó en marzo de 2015 señalando las presuntas conductas delictivas de los extesoreros de la formación, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y del exgerente Cristóbal Páez; estando pendiente de juicio. El magistrado citó a declarar como imputados este 23 de marzo a Francisco Correa y al empresario Alfonso García Pozuelo. Mañana será el turno de Plácido Vázquez, el supuesto intermediario.
En relación con las restantes diligencias de investigación propuestas por Izquierda Unida y ADADE, es decir, las comparecencias como investigados del exministro Jaume Matas y el empresario Juan Miguel Villar Mir, el magistrado determinó que "no ha lugar por el momento, sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias anteriores. En particular, no procede por el momento acordar la declaración de Jaume Matas, visto que no consta que haya prestado declaración fiscal o judicial en que haya realizado las manifestaciones que la parte alega".