Aunque se le concedieron en subvenciones más de 33,3 millones de euros, que son casi 6.000 millones de las antiguas pesetas, el exconsejero andaluz de Empleo entre 2010 y 2012, Manuel Recio, imputado por prevaricación y malversación, declaró este lunes ante la juez Núñez Bolaños que desconocía quien era Ángel Ojeda, que había sido consejero de Hacienda en Andalucía en 1987 y que era cuñado de la que había sido Directora General de Formación Profesional, María Teresa Florido.
El desmenuzamiento del caso de la formación hizo que la juez Bolaños considerarse oportuno disponer de una pieza separada que instruyera el caso de los cursos concedidos al exconsejero Ojeda, uno de los más importantes escándalos inclusos en el caso por su cuantía y por la relación evidente con el PSOE y la Junta de Andalucía.
Sin embargo, Recio, que declaró este lunes ante la juez, dijo que su actuación consistió en firmar resoluciones para pagar sin considerar ni quién era el destinatario de las subvenciones ni cómo había logrado obtenerlas ni quién las había decidido. Se trataba nada menos que de las ayudas estrellas destinadas en 2009 y 2010 a resolver el problema de la empresa Delphi, problema esencial para los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
O sea, que firmaba sin mirar y sin leer, como resume El Mundo. Recio adujo este lunes que suponía que tenían el visto bueno de la Intervención y los informes jurídicos pertinentes. Tampoco supo que la mayor parte del dinero que concedía no iba a cursos de formación sino a pagar a los empleados de las empresas de Ojeda.
Sería por eso que en un solo día Manuel Recio, cuando fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, otorgó 5,8 millones de euros en subvenciones al exconsejero Ángel Ojeda, cuñado de su directora general, María Teresa Florido, siendo un hecho que, según ha declarado ante la comisión parlamentaria de investigación de los Cursos de Formación para el Empleo, no le llamó la atención.
Recio, luego profesor en la Universidad de Almería que también fue parlamentario por esta provincia y delegado del Gobierno andaluz entre otros cargos, firmó el tres de diciembre de 2010 cuatro resoluciones calificadas como "excepcionales", dos de ellas con el mismo importe, y todas tenían como beneficiarias entidades vinculadas al exconsejero, también socialista, Ángel Ojeda.
El entonces consejero señaló que se limitó a "culminar el trámite" que sumaba 5,8 millones de euros para Innova, Inteca, Humanitas y Natura, dos de ellas con el mismo importe exacto, 1.470.257 euros, siendo otra de 1.941.000 euros y 938.000 la última. Si bien Recio sostuvo que si lo hizo fue porque todo debidamente fiscalizado, a día de hoy a Ojeda se le está reclamando la totalidad de las ayudas más los intereses, lo que acumula unos siete millones en total.
Por si fuera poco, el exconsejero Recio ya había dado síntomas de amnesia cuando afirmó anteriormente que tampoco "recordaba" quién le pudo sugerir que sustituyera al director general que nombró tras su llegada al cargo, el almeriense Andrés Sánchez, a quien consideraba un "grandísimo profesional", por Teresa Florido, concejala del Ayuntamiento de Sevilla y cuñada del ex consejero Ojeda.
Es más, dijo haberse enterado de la relación familiar de Florido con Ojeda cuando ella se lo dijo, a toro pasado, para advocar sus competencias sobre las empresas afectadas de su cuñado.
La Fiscalía se distancia de Bolaños
Desde que afirmó que la teoría de la trama política en el caso de la formación, similar a idea de una trama jerarquizada en la Junta admitida por el Tribunal Supremo en el caso ERE, era un invento de la Guardia Civil y de su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, los autos de la juez Bolaños son seguidos con la máxima atención.
Como consecuencia, cuenta el grupo Joly, sus excesos han terminado por disgustar a la Fiscalía Anticorrupción. Ha sido el caso del auto de archivo del caso del ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga). En él, además de no ver delito en cuatro investigados, dos de ellos intrusos sin derecho y dos sindicalistas, afeó que se trate como delincuentes a personas que son más bien "víctimas de una macrocausa".
Dicho de otro modo, un señor o señora cobra durante años su indemnización más una pensión irregular como consecuencia de una póliza firmada en el caso ERE sin tener derecho a ello porque fue incluido por alguien en la relación y la juez considera que puede ser una víctima.
Esta vez los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, en el que piden que se anule el sobreseimiento provisional acordado por la instructora contra estos cuatro acusados y que se mantenga su condición procesal de investigados.
Pero los fiscales critican especialmente las consideraciones que la juez incluyó en ese auto de archivo. De hecho, "lamentan" la inclusión dentro del auto de la juez María Núñez Bolaños de consideraciones sociales que poco tienen que ver con cuestiones de naturaleza jurídica.
En concreto se han referido a este párrafo del auto del pasado 10 de marzo: "En la causa han sido imputadas personas que, valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes podrían ser consideradas víctimas de una macrocausa en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona, pero tras la división resulta necesario hacer un estudio detallado de cada ayuda, de cada persona, ajustando a derecho la situación de cada una de ellas, personas imputadas en la macrocausa inicial".
Además de la sintaxis más que discutible, la juez parece sostener que, en los años anteriores de instrucción, nadie salvo ella, ha logrado discernir la inocencia de los investigados, en realidad víctimas y no delincuentes, tras descender al detalle de la macrocausa.