A juicio los desmanes de la Gürtel en la Comunidad Valenciana. La primera vista contra la trama de corrupción liderada por Francisco Correa –a la espera de sentencia– reflejó el modo en que el empresario habría intermediado en varias administraciones gobernadas por Partido Popular, donde políticos entregados al cobro de comisiones habrían amañado adjudicaciones para las compañías que pactaban con el cabecilla confeso. La Audiencia Nacional estudia ahora el mismo procedimiento, solo que con distinto feudo.
Se trata de un procedimiento contra la excúpula del PP de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana. La Fiscalía sospecha que la formación política pagó con dinero negro a la empresa Orange Market, cuyo responsable Álvaro Pérez el Bigotes está considerado el hombre enlace de Correa en la ciudad del Truria. Esta sociedad organizó los actos de campaña relativos a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
El banquillo de los acusados estará compuesto por 20 personas, entre ellas Correa; su número dos y exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; y Álvaro Pérez. El juicio se dirige también contra cinco exaltos cargos populares valencianos. El resto de acusados son empresarios que habrían financiado al PP a cambio de adjudicaciones amañadas de contratos públicos. Están, por ejemplo, el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín o Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Juan Cotino.
Petición de condenas
El Ministerio Público recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que "aprovechó" el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos. Por ello, la Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para el Bigotes solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.
Correa elaborará una confesión medida para en busca de una rebaja de la pena. El líder de la Gürtel remitió la semana pasada un escrito al juez donde reconoció que los servicios que Orange Market prestaron al PP valenciano fueron abonados "mediante facturas correctas; mediante pagos en 'b' y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas".
Está previsto que la vista oral concluya el próximo 6 de abril tras 22 sesiones. Las declaraciones de los investigados se realizarán en las primeras tres jornadas para dar paso a los testigos. La Audiencia Nacional escuchará como testigos más importantes al extesorero del PP Luis Bárcenas y el denunciante del caso José Luis Peñas, ambos a la espera de conocer si son condenados por la pieza anteriomente juzgada; el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps o el de la Cortes Valencianas Juan Cotino.
Los acusados
Son cinco ex altos cargos del Partido Popular: Ricardo Costa (se enfrenta a 7 años y 9 meses), ex secretario general del PP de Valencia y exportavoz en la Cortes Valencianas; Vicente Rambla (7 años y 9 meses), exvicepresidente del Gobierno valenciano; David Serra (7 años y 9 meses), exvicesecretario del PP valenciano, Cristina Ibáñez (7 años y 9 meses), exgerente del PP de Valencia, y Yolanda García (6 meses), exdiputada en las Cortes valencianas.
Además de Correa, Crespo y Pérez, figuran Cándido Herrero (19 años y medio), exgerente de Orange Market condenado a 4 años y 4 meses por Fitur; José Ramón Blanco Balín (17 años y medio), exvicepresidente de Repsol YPF y otros empresarios: Vicente Cotino, sobrino del exdirector de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino; Enrique Ortiz, expresidente del Hércules CF imputado junto a la exalcaldesa de Alicante en el caso Brugal; Rafael Martínez, expresidente de la patronal alicantina; Tomás Martínez; Antonio Pons; Alejandro Pons; Gabriel Alberto Batalla; José Francisco Beviá; José Enrique Fesquet; y Enrique Giménez.
En la primera sesión de juicio reservada para la fase de cuestiones previas, la defensa de Pablo Crespo ha planteado de nuevo la nulidad de la causa porque considera inválida la grabación de José Luis Peñas, el amigo íntimo de Correa que después de enriquecerse traicionó al empresario y denunció la trama.