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Se difumina la pista del dinero en el caso ERE: dudas sobre la recuperación de los 741 millones de euros en litigio

Prosigue el juicio contra los altos cargos de la Junta. Este lunes declara la exministra Magdalena Álvarez.

(Sevilla)
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Magdalena Álvarez

Este lunes se reanuda, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán incluidos, con la declaración de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez (agosto 1994-febrero de 2004). Si finaliza este lunes tal declaración, le seguirá en el orden el viceconsejero de Economía entre 1990 y febrero de 2004, José Salgueiro.

Pero en las primeras sesiones del juicio, que comenzó el pasado 13 de diciembre, ya se han dejado claras dos cosas. La primera, que las defensas se han unido y que eso del tirar de la manta es cosa del pasado. La segunda, que las acusaciones están deterioradas por sus propias decisiones -la Junta, perjudicada máxima, dejó de serlo voluntariamente abriendo un agujero negro a favor de los acusados-, y por los límites de las acciones que pueden ejercer Fiscalía y el PP.

Tras la declaración de Francisco Javier Guerrero ha quedado claro que las hazañas bélicas con las que comenzó su andadura judicial el ex director general aludiendo a la cúpula de la Junta y el "fondo de reptiles" ha quedado suplantado por la mentira, a que tiene derecho, de negar que dijera nada de tal fondo y por reelaborar ahora el papel de la Junta como algo no arbitrario sino legal y justo. Tras él, las demás declaraciones han seguido la vía de la concordia.

Hay cuatro frentes principales de consenso. Uno, que todo fue legal en la Junta de Andalucía y que todo tuvo su origen en la orden ministerial de 1995 que permitía las ayudas sin consulta al Gobierno ni a la Junta. El gobierno de España hizo siempre lo mismo que la Junta. Dos, que el Interventor General de la Junta advirtió de boquilla que el procedimiento era irregular pero nunca emitió un informe de actuación, lo que hubiera sido de obediencia debida.

El tercero de los argumentos es que las ayudas estaban consignadas en los Presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento y que, por tanto, eran políticamente correctas. Y el último, que aún no se visualizado, es desacreditar el demoledor informe de la Intervención General de Estado que se verá en las sesiones de primavera o verano.

Consecuentemente, la tesis de las defensas es que la Junta hizo lo que debía para ayudar a los pobres perjudicados por las crisis. Dado que esas ayudas se tramitaban como subvenciones o de otras maneras y un camino lento y fiscalizado, inventó un atajo, que se ajustaba a la legalidad, y gracias a ello, pudo atender a miles de necesitados.

No se responde por qué a algunos sí y no a otros y por qué hay casi 250 causas por irregularidades de las ayudas. Tampoco por qué el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo están reclamando el dinero de algunas de las ayudas, por ahora.

La Junta parece querer perder la pista del dinero

Estamos hablando, cuando menos, de 741 millones de euros que constan en las actuaciones como el dinero presuntamente defraudado en origen por las decisiones políticas adoptadas en el caso de los ERE. La Junta de Andalucía, gestora y garante del dinero público, era y es la principal perjudicada por este desmadre. Pero, como subraya hoy El Mundo, ha bloqueado la posibilidad de que la Fiscalía pueda reclamar ese dinero y el PP no puede hacerlo porque el tribunal así lo ha decidido.

Pero ¿cómo lo ha hecho la Junta? Pues sencillamente se ha apartado de la pieza principal de los ERE dejando de ser acusación, pero reservándose en exclusiva las acciones para reclamar las responsabilidades civiles. O sea, no acusa a ninguno de los 22 ex alto cargos a los que considera inocentes de los cargos de prevaricación y malversación, y sólo ella puede exigir el dinero defraudado cuándo y cómo quiera.

Como la Audiencia Provincial, Sección Primera, que es la que juzga el caso, dijo al PP que "la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil» y, por ende, pedir fianzas a los acusados, sólo pueden hacerlo la Junta y la Fiscalía.

Por poner un ejemplo clarificador. El expresidente Griñán debió haber hecho frente a una fianza de 4.214.000 euros por la responsabilidad civil implicada, pero en febrero de 2016, cuando la Junta de Andalucía se apartó de la acusación en el proceso, quedó eximido de pagar. Esto se aplica todos los demás que ya no tienen que hacer frente a garantías cautelares.

La actitud de la Junta obligó a la Fiscalía y al PP a renunciar a las fianzas exigidas, pero cuando se vio claramente el objetivo de la maniobra de la Junta, que no ha hecho nada sobre la recuperación de todo el dinero y no se conoce decisión alguna sobre ello, el PP quiso volver a exigirlas, algo que no admitió el Tribunal.

Recuérdese que la Junta de Andalucía sólo ha reclamado 135,3 millones de euros salidos como ayudas de la partida 31 L, el famoso 'fondo de reptiles'. Esa cantidad es una pequeña parte, la sexta aproximadamente, del dinero calculado por la Fiscalía Anticorrupción, que elevó el fraude a 741 millones de euros y que el juez instructor, Álvaro Martín, elevó a 854,8 millones de euros.

¿Y la Fiscalía? Tampoco puede hacerlo porque la Junta se reservó "expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar" y porque el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que "si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables". O sea, de dinero, nada.

O sea, se está diluyendo la pista del dinero y los 22 ex altos cargos se han librado de la responsabilidad civil y las fianzas debidas gracias a la Junta.

Contrasta esta situación con las decisiones del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas que andan exigiendo el dinero percibido por ayudas evidentemente irregulares.

Igualmente, mientras la juez Núñez Bolaños sienta el criterio de los beneficiarios de las ayudas son "víctimas" de la mala conducta de la Junta de Andalucía al conceder las ayudas, el Consejo Consultivo emitió más de cien informes subrayando ilegalidades en 124 de 138 casos ya en 2013.

El Consejo Consultivo bajo sospecha

Es conocido el golpe de mano dado por el gobierno de Susana Díaz eliminando a la oposición política de los sillones del Consejo Consultivo cuando siempre se había practicado la política de cuotas políticas: tantos diputados, tantos puestos en el Consejo. Desde la renovación impuesta este año 2018, todos los consejeros son propuestos por la Junta y dirigidos por el socialista Juan Cano Bueso.

Sorprendente fue el que el Tribunal que juzga el caso de los ERE se viera sorprendido por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 6 de febrero en el que se aludía a un informe negativo del Consejo Consultivo sobre una ayuda de 3,8 millones a una empresa de la Sierra Norte sevillana que está obligada a devolverlos.

Cuando el Tribunal que juzga el caso ERE en Sevilla examinó los informes que tenía del Consejo Consultivo vio que tenía un índice de los informes con fecha, casos y demás, pero en el que faltaban los contenidos de los informes emitidos. El Tribunal ha tenido que volver a pedir al Consultivo la documentación, pero ahora completa.

Por si fuera poco, la pasada legislatura terminó sin que el Parlamento andaluz lograra que el Consejo Consultivo informara sobre los expedientes de revisión de oficio dictaminados desfavorablemente en relación con las ayudas sociolaborales y a empresas que la Junta otorgó con cargo al denominado 'fondo de reptiles' de los ERE.

Lo pidió en cuatro ocasiones, pero no obtuvo respuesta. La Razón, que las contó, dijo que la petición inicial tuvo fecha de 8 de abril de 2013. Ante la falta de respuesta, el PP le pidió al Parlamento que reiterara la petición de información. Y así lo hizo la Cámara. La primera vez, con fecha 10 de abril de 2013; la segunda, el 25 de septiembre del mismo año; la tercera, el 2 de abril de 2014; y, la última, el 11 de junio de 2014. Luego llegaron las elecciones y no se pidió más.

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