El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó la denuncia por las supuestas irregularidades en el proyecto para la Ciudad de la Justicia. Más allá de la "política de puñaladas" que invocan desde algunos sectores entre Cristina Cifuentes –como impulsora del litigio– y Esperanza Aguirre –cuyo mandato albergó el trazado–, lo cierto es que el Ejecutivo autonómico se ha visto prácticamente obligado por un informe demoledor elaborado por la Cámara de Cuentas y argüido por la oposición.
Este órgano de control externo encargado del control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid ha estudiado la actividad de la empresa pública que gestionó la Ciudad de la Justicia entre 2005 y 2015. El resultado apunta, según la Fiscalía, a presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. El quebranto está cifrado en 61,6 millones de euros que "se dan como perdidos".
Conclusiones de la Cámara de Cuentas
95,3 millones de euros. Es la cantidad destinada a la ejecución del proyecto que levantaría las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y la Audiencia Provincial, entre otros órganos. Solo se construyó completo el inmueble que albergaría el Instituto de Medicina Legal, tasado en 22 millones. El diseño de los principales edificios corrió a cuenta del arquitecto Norman Foster, pero siguen "sin tener una sola piedra colocada", según la Cámara de Cuentas.
Con respecto a Campus de la Justicia S. A., sociedad encargada del proyecto, no siguió "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo". Existía un "claro desequilibrio entre un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil", situación que se incrementó de 2008 a 2014 cuando la compañía "entra inequívocamente en una situación de declive empresarial". Los trabajadores llegaron a cobrar 5.000 euros al mes "cuando la actividad del proyecto comienza a paralizarse". Especial mención a la contratación de un fotógrafo con nómina mensual de 3.500 euros o los 60.000 abonados a una consultora por un informe que "no encaja en el objeto" sobre modelos de funcionamiento de juzgados.
El informe alerta de las indemnizaciones, "cantidades superiores a las establecidas en la normativa laboral" o los 15.647 euros gastados con una tarjeta de crédito que "no se encuentran debidamente justificados". En lo relativo a las adjudicaciones, se hicieron con "una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente". Los criterios de contratación "adolecen con frecuencia de falta de concreción", de forma que quedan "sin posibilidad de control, al arbitrio" de los técnicos de valoración.
Investigación de la Fiscalía
De acuerdo con un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado ha trasladado la denuncia presentada por el consejero madrileño de Justicia a Anticorrupción. "Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos". No obstante, el Ministerio Público manejaba ya las conclusiones de la Cámara de Cuentas, facilitadas por la oposición.