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Ricardo Costa y el Grupo Correa, condenados por la financiación del PP en Valencia

La AN impone cuatro años de cárcel al ex secretario general de los populares y cinco años y tres meses al cabecilla. Vicente Rambla, absuelto.

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Banquillo de los acusados por la Gürtel en la Comunidad Valenciana | EFE

Financiaron irregularmente al PP de la Comunidad Valenciana en tres campañas: para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 18 de los 20 acusados en la vertiente de Gürtel relativa al Gobierno autonómico de Francisco Camps, sobre el que la Fiscalía se pronunciará en las próximas semanas a raíz de las confesiones que le salpicaron durante la celebración del juicio.

Reparten penas desde los cuatro meses de cárcel a los seis años y nueve meses. Francisco Correa confesó que la formación política exigía a sus empresas facturas falsas para cobrar por la organización de los actos electorales. Importes con cargo a nueve empresarios beneficiaros de contratos públicos que reconocieron los mismos hechos. El magistrado José María Vázquez Honrubia ha sustituido para estos últimos condenas a prisión por multas.

Sin embargo, impone al cabecilla de la trama cinco años y tres meses; a su mano derecha Pablo Crespo, cinco años de cárcel; y al hombre enlace en Valencia Álvaro Pérez el Bigotes, de seis años y nueve meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión y a Correa, además, la de reparación del daño porque permitió la repatriación de más de dos millones de euros que ocultaba en Suiza. También dentro del Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de cinco años y un mes de cárcel y tres años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.

Correa "sabía que para cobrar teníamos que facturar a los empresarios que se han sentado aquí", tal y como explicó en el juicio. Emitía las facturas mediante la empresa Orange Market, que organizó las campañas con Camps como cabeza de cartel. La fiscal Myriam Segura le preguntó que de quién era la iniciativa: "Del Partido Popular", en concreto, de Ricardo Costa, que ha sido condenado a cuatro años de cárcel al aplicar el juez la misma atenuante de colaboración activa. El exsecretario general del PP valenciano reconoció que su partido se había financiado con dinero negro. Un "sistema preestablecido" cuya implantación atribuye al expresidente Camps: "No hice nada por impedirlo y estoy dispuesto a pagar con las consecuencias".

La exgerente de la formación Cristina Ibañez sale condenada a tres años y cuatro meses; el exvicesecretario David Serra, a tres años y ocho meses; y la extesorera Yolanda García, a cuatro meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.

La sentencia impone penas de cárcel que llegan hasta un año y nueve meses a los nueve empresarios que admitieron los hechos: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castellón; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios S.A. Sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros aplicada la atenuante de colaboración activa y al haber ingresado ya las cuantías reclamadas, en total 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación.

En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a 18 acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la Hacienda pública.

Sobre Camps, Campos y Rambla

Además de los intereses generales, el juez destaca los intereses concretos que también están en juego y que son los de los empresarios que no participan en la financiación irregular, "pues es fácilmente inducible que tendrán enormes dificultades cuando no serán inmediatamente excluidos para ser adjudicatarios de obras o servicios de una administración cuyos ocupantes sean de un partido al que no han querido financiar". La responsabilidad de los empresarios que aportaban fondos al PP es según el juez la clave del asunto pues además de la financiación ilegal al partido se colocaban en situación privilegiada, ventajosa, "por no decir monopolística" para mantenerse como contratistas de la administración regional.

Respecto a la responsabilidad de los políticos, la sentencia sitúa a Costa según doctrina del TS, como "el hombre que está atrás" en tanto que tuvo el dominio funcional del hecho delictivo respecto a la financiación ilegal de las sucesivas contiendas electorales. El juez reconoce como cierto que respecto a los políticos "ni se acredita indiciariamente ni se contempla ni se acusa de ninguna clase de enriquecimiento personal" sus actos, según el magistrado se cometieron "por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el Poder".

Respecto a las imputaciones realizadas por otros acusados a Víctor Campos y Francisco Camps, el juez recuerda que comparecieron como testigos, aunque su declaración fue totalmente infructuosa porque en relación con los hechos "nada saben, nada recuerdan, nada reconocen" y que aun considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio, tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no declararse culpables.

En el caso de Vicente Rambla resulta absuelto porque no hay prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante que permita concluir que sea autor de los delitos imputados: "es posible que haya cometido los delitos, pero existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera".

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