Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha valorado en Es la Mañana de Federico la intención de Pedro Sánchez de retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de "abusos policiales" del País Vasco. Portero ha sido contundente, "es una clara cesión del gobierno Sánchez al apoyo que tuvo en la moción por parte del PNV".
La intención de esta ley, según ha explicado Portero, es "facilitar a los asesinos de ETA su teoría del conflicto", es decir, "justificarían los asesinatos porque había un conflicto político, ellos recibían por un lado y daban por otro". De esta forma, Portero ha pedido simplemente leer el título de la ley vasca, "Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia política en el País Vasco entre 1978 y 1999". Ha subrayado Portero la parte de "contexto de la violencia política".
Así "equipararían a víctimas del terrorismo con los asesinos etarras" ya que "los terroristas serían ‘víctimas de la policía’, justificando el relato de conflicto que buscan los proetarras junto a los grandes traidores del Estado de Derecho, el PNV, que se somete a este imperio de la mentira por un puñado de votos".
Con esta ley "pretenden crear un tribunal paralelo, fuera de la ley, a través de lo que llaman una comisión de valoración integrada por gente muy cercana al mundo proetarra o directamente batasunos". Portero ha recordado que quién se saltó la ley, ésta actuó contra él y si no lo hizo es "porque no había pruebas". La consigna de ETA a sus terroristas siempre ha sido que si los detenían denunciasen torturas para intentar deslegitimar a España internacionalmente.
Con estos tribunales paralelos "quieren decir qué policía o guardia civil habría sido un ‘torturador’, como lo denominan ellos". En este punto ha querido recordar que "en febrero de 1973 los grandes torturadores eran los asesinos de ETA" y ha contado cómo "tres jóvenes gallegos desaparecieron y nunca aparecieron sus cadáveres cuando cruzaron la frontera para ver en San Juan de Luz una película prohibida en España". ETA "los torturó, reventándoles la cabeza y sacándoles los ojos porque los confundieron con policías".
De hecho, Portero ha subrayado que todavía hay 379 víctimas del terrorismo cuyo asesinato no está resuelto. En este sentido el gobierno de Sánchez anunció la creación de una fiscalía especial. Sin embargo, "no han nombrado a la persona más adecuada". Marcelo Azcárraga aseguró tras su nombramiento que iba a enfocar su investigación en la verdad y el esclarecimiento del relato. Portero le ha contestado que "es fiscal, no historiador".
¿Qué hará el TC?
Portero ha explicado que el gobierno de Sánchez tiene un problema para retirar el recurso de inconstitucionalidad, "lo presentó la abogacía del Estado y para retirarlo lo tiene que firmar otro abogado del Estado, supongo que ningún funcionario firmará eso porque iría contra lo dicho por otro compañero". Lo tendrá que firmar, ha añadido, "el Abogado General del Estado, nombrado a dedo por Sánchez, lo que tiene un carácter prevaricador brutal".
Además, en el proceso "el TC tiene que dar audiencia al Ministerio Fiscal y éste tendrá que opinar al respecto". Aunque Portero ha reconocido que seguramente "habrá muchas presiones para que apoyen la retirada" ha recordado que "Dignidad y Justicia estará personada gracias a que tenemos legitimación vía estatutos". Portero ha explicado que "es difícil personarse en el TC pero cuando los estatutos de una asociación están enfocados a ello sí se puede admitir a trámite esa personación". Lo hacen porque de lo contrario "el TC no tendría a nadie que acuse o planteé el recurso de inconstitucionalidad y tendría que archivarlo y dar vía libre a esa ley".
Pese a estos obstáculos, Pedro Sánchez cuenta con una ventaja, la sentencia del TC tumbando la ley navarra de "abusos policiales". Portero ha dicho que "van a intentar quitarle un carácter judicial a esa comisión de valoración retocando la ley para que nadie pueda decir que la comisión es un segundo tribunal". Es decir, la estrategia de "estirar el chicle de la legalidad como hace siempre el PNV". No obstante, "en la propia exposición de motivos se ve claramente la motivación de la ley, crear ese tribunal paralelo".