El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tuvo que suspender la sesión de este martes del juicio de los ERE, que se reanudó este miércoles, tras solicitarlo la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández. En realidad, pidió tiempo para preparar su escrito de conclusiones tras advertir "cambios sustanciales" en la posición de la Fiscalía que pueden lesionar los derechos de su defendido, algo que esta negó.
El fondo de la cuestión es, de nuevo, qué es lo que se está juzgando en este procedimiento que dura ya nueve meses y amenaza con extenderse aún más. No tener claro qué se juzga a estas alturas puede ser sorprendente, pero no se olvide que hay más de doscientas piezas separadas de la instrucción original de la juez Alaya donde se tienen que juzgar, no el procedimiento específico utilizado, sino las ayudas sociolaborales concretas irregularmente concedidas.
El problema es que incluso según la propia Junta de Andalucía, la Fiscalía y la acusación particular del PP, tal circunstancia podría conducir a la impunidad de los acusados respecto a un conjunto de delitos concretos definidos en cada ayuda concedida. Las piezas separadas relativas a tales ayudas no son objeto de este juicio, precisó el Tribunal.
Según Martínez del Hoyo, sin embargo, la división de la causa de los ERE en la pieza "política" sobre el diseño y mantenimiento del procedimiento específico y las piezas separadas para la concesión y pago de las ayudas significa que el juicio actual incluye la concesión y pago de las subvenciones concretas investigadas, por lo que su cliente no podría ser juzgado de nuevo en tales piezas. En esa línea, la juez Bolaños ha ido progresivamente excluyendo a estos acusados de las piezas separadas que instruye.
Diario de Sevilla recogió, además, que según el abogado defensor mencionado, la Fiscalía ha sustituido lo que el juez de refuerzo, Álvaro Martín, consideró un delito de malversación en su "modalidad activa", al fijar que los acusados habían concedido las ayudas objeto de autos, por un delito de malversación en una modalidad "pasiva" que podría dar paso a nuevos procesos para su cliente en las piezas separadas. "Aquí nadie se chupa el dedo", concluyó.
Las defensas, a la desesperada
La mayoría de las defensas de los 21 ex altos cargos procesados por la vertiente llamada "política" del caso ERE, esto es, el uso del procedimiento específico que dio paso al fondo de reptiles desde donde se concedieron las ayudas de forma irregular, han aducido déficit de concreción, insuficiencia, vaguedad, inconcreción o generalidades y pidieron la absolución para sus representados.
La defensa de Gaspar Zarrías defendió la actuación de su cliente y arguyó que ha sido vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por la ley, en referencia a la actuación del juez de refuerzo Álvaro Martín. Pero esta misma cuestión ya fue rechazada por la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, en la fase de cuestiones previas.
Además, consideró como otras defensas, que la prueba pericial, donde está incluido el informe de los peritos de la Intervención General del Estado además de otros informes, es "nula de pleno derecho por vulnerar las normas que impiden una pericial judicial". Según el nuevo letrado, su práctica, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo, supone "un asesinato alevoso del principio iura novit curia ("el juez conoce derecho").
El defensor del ex consejero José Antonio Viera insistió en "la falta de concreción, insuficiencia y vaguedad de los hechos imputados en los escritos de conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones" y añadió que "de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y penal, esa insuficiencia genera indefensión y vulnera el derecho de defensa recogido en la Constitución Española".
Precisamente sobre el delito de malversación, por el que se le piden ocho años a su defendido, dijo que el Ministerio Fiscal "mantiene su oposición" al archivo de las actuaciones frente a los altos cargos acusados en esta causa en las piezas separadas de los ERE que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, lo que supone "una vulneración del derecho al juez competente" y un doble enjuiciamiento que vulnera el derecho de defensa.
Otras defensas subrayaron que el uso de las transferencias de financiación ni es ilegal ni es delictivo.
La Fiscalía no se desdice
La Fiscalía Anticorrupción, en su informe final, considera que el uso "inadecuado, indebido o fraudulento, llámese como se llame", de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, era una situación detectada por la Intervención General en sus informes de Control Financiero Permanente y puesta en conocimiento de sus destinatarios.
La Fiscalía defendió asimismo los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE y precisó el uso "inadecuado" de unas ayudas que en realidad no eran actividad de la agencia IDEA, sino subvenciones decididas por la Junta.
El uso de las transferencias de financiación "no se ajustó al procedimiento legalmente establecido", lo que suponía "la vulneración" de la Dirección General de Trabajo de las leyes de presupuestos y de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía, "concediendo subvenciones excepcionales prescindiendo del procedimiento legalmente establecido" para ello.
La Fiscalía negó que "en ningún momento procesal de esta causa ha variado su criterio ni ha tenido dudas sobre el objeto de la misma", si bien en las conclusiones provisionales "pudieron llevar a un mal entendimiento", ahora "se pretende eliminar de forma rotunda para evitar equívocos".
Esta Fiscalía "no entiende que los pagos singulares de la Consejería de Empleo de las ayudas" sean objeto de este procedimiento. "Mal se puede enjuiciar lo que no se ha instruido ni es objeto de este procedimiento", ha añadido.
Para la Fiscalía, el objeto de esta causa "integra los hechos que facilitaron que los fondos salieran de las arcas públicas eludiendo los mecanismos de control, justificación e, incluso, reintegro". En este sentido, ha asegurado que "no es factible reproducir el 'iter' de cada pago ni haber ampliado el objeto a los pagos, trayendo a personas beneficiarias de forma ilícita".
Guerrero acusa al Gobierno de España
El encausado más llamativo del caso de los ERE, Francisco Javier Guerrero, dijo que su actuación fue legal exonerando por ello a sus superiores, algo que durante años no hizo. Es más, acusó a Manuel Chaves y a Gaspar Zarrías de estar detrás de todas las ayudas.
El ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía ha insistido en sus conclusiones definitivas en defender la legalidad de su actuación en la concesión de las ayudas y, por ende, en exonerar a sus superiores, a los que durante la fase de instrucción había señalado. Incluido al ex presidente Manuel Chaves, a quien apuntó directamente al asegurar que había recibido instrucciones precisas de la Consejería de Presidencia.
Tan legal fue todo, recoge El Mundo, dijo su abogado, que la inmensa mayoría de las ayudas que otorgó Guerrero se han venido cobrando por parte de los más de 6.000 beneficiados sin interrupción. En otras CCAA se hacía lo mismo, apostilló.