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Canal Sur, la Asociación de la Prensa de Sevilla y la Junta mantienen intensos vasos comunicantes

Dudas sobre si la APS apoyará la "estabilización" del personal temporal en Canal Sur.

Dudas sobre si la APS apoyará la "estabilización" del personal temporal en Canal Sur.
Juanma Moreno y Juan Marín | EFE

En la candidatura que triunfó en las elecciones de la Asociación de la Prensa de Sevilla en 2015, liderada por Rafael Rodríguez Guerrero, los vasos comunicantes entre sus directivos y avalistas y Canal Sur en general, radio y televisión, eran, más que destacables, contundentes. Si a ello unimos los que, entre sus partidarios, trabajaban hasta ahora de periodistas contratados por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía o fueron contratados por El Correo de Andalucía, durante mucho tiempo propiedad incluso del PSOE, se alcanza la cifra de 85 personas sobre un total de 140, casi un 61 por ciento, entre los propios candidatos y sus avalistas.

Hace unos cuatro años se daba a conocer la candidatura Rafael Rodríguez que pretendía continuar con las riendas de la Asociación de la Prensa de Sevilla, un profesional casi siempre ligado a los medios públicos y durante un tiempo director de Informativos de Canal Sur. Entre sus propósitos políticos estuvo enfrentarse a la crisis del gremio con empleo y ética y no tener "ninguna obediencia ajena a la profesión" con la "honestidad y la profesionalidad como valores esenciales".

Antes, en 2011, perdió las elecciones la otra opción de los periodistas sevillanos encabezados por la rebelde y crítica Nani Carvajal, a la que acompañaron periodistas andaluces en los que abundaban los ligados a medios como ABC, El Mundo y otros. Desde 2011, la Asociación de la Prensa de Sevilla quedó en manos de Rafael Rodríguez y Chuz Azor.

La cúpula del periodismo oficial sevillano ha saltado a la palestra el pasado mes de enero por su confusa propuesta de solicitar al nuevo gobierno de PP y Ciudadanos que garantizara la continuidad en sus puestos de trabajo de los periodistas que desarrollan su labor profesional en la administración autonómica -Oficina del Portavoz del Gobierno, consejerías y delegaciones provinciales-. También le demandó "respeto profesional" para todos ellos.

Esto es, exigía al nuevo gobierno que los periodistas y miembros de comunicación del nuevo gobierno de la Junta fuesen los mismos que nombró el PSOE de forma discrecional en los anteriores gobiernos. La petición, poco comprensible, aparece en la propia web de la Asociación.

Recuérdese cuál fue el comportamiento de Pedro Sánchez en su Gobierno y, muy especialmente, en RTVE, donde impuso a dedo a una supergestora, Rosa María Mateo, que ha procedido a una purga sin precedentes de periodistas no alineados con el socialismo en el gobierno sin dar origen a protesta alguna.

Según la Asociación de la Prensa de Sevilla, la estabilidad del citado trabajo, que no puede ser entendido de otra manera, no puede estar supeditada a cambios de gobiernos o al de consejeros de un mismo ejecutivo. Pero nada dice de cómo fueron nombrados o mediante qué pruebas o si lo fueron por afinidad política o ideológica o amistad con los miembros del PSOE o de la Junta, como siempre ha sido habitual.

Curiosamente, hace tiempo que la APS ha demandado a la Junta el compromiso de convocar un concurso oposición para normalizar y regularizar la situación de los profesionales del periodismo que actualmente desempeñan su trabajo en la administración autonómica y para la convocatoria de las plazas estructurales que sean necesarias. Pero esta petición demuestra que nunca hubo regularidad ni oposición alguna a la hora de contratarlos.

Esta propuesta fue criticada por algunos de sus asociados relevantes debido a su falta de claridad. Pongamos el caso del profesor Ramón Reig, primer catedrático de Periodismo de la Universidad de Sevilla, que considera que junto a algunos méritos, Rafael Rodríguez, "está llevando a cabo una gestión ideológicamente parcial por arrimarse a la Junta socialista y al PSOE en general y a Susana Díaz en particular".

Luego se aclaró la posición, aunque no del todo, al decir que era "falso que la APS pretenda que los periodistas que actualmente trabajan en la Oficina del Portavoz, en las consejerías y en las delegaciones provinciales pasen a ser personal laboral, obviando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública".

Pero añadía que "lo que la APS pide es que se garantice la continuidad de estos profesionales hasta que se incluya la categoría laboral de periodista en la RPT y se convoque un concurso de oposición público, libre y abierto". O sea, que no fueran relevados hasta la celebración de pruebas que podían tardar meses o años para impedirle hacer al PP y Ciudadanos lo que siempre hizo el PSOE, nombrar a dedo a quien consideró oportuno.

En realidad, aunque se distinguió entre "cargos de confianza", que naturalmente podrían ser destituidos y sustituidos por nuevos cargos de confianza, y periodistas contratados que llevan muchos años en la Junta, el problema es que nadie sabe cómo fueron contratados y en base a qué méritos y capacidad contrastada en pruebas objetivas y libres.

Lo que sí se sabe es que fueron contratados bajo gobiernos del PSOE. Pretender que el nuevo gobierno de centro derecha haga lo que nunca hizo el PSOE, sugería que se estaba propiciando una operación de "estabilización" de profesionales de la comunicación sin oposiciones libres y previas en la Junta de Andalucía.

Otra cosa es que la profesión de periodista conste en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía, que el PSOE prometió, pero nunca cumplió.

Tras la operación orquestada por PSOE, Adelante Andalucía, UGT y CC.OO para que los casi 250 contratados temporales de diversa índole que trabajan en Canal Sur –que fueron contratados sin pasar por pruebas regladas y en concurrencia libre con otros profesionales (entre los 250 también hay técnicos, no sólo periodistas)–, sean considerados fijos de la Radio Televisión Andaluza, se han desatado las dudas acerca de la posición que adoptará la Asociación, cuyas relaciones con Canal Sur son evidentes.

En estas relaciones punteadas de sus candidatos y avalistas con las siglas C.S. significan que trabajan o han trabajado en Canal Sur. Los números que aparecen a la derecha indica si pertenecen al colectivo de los 300 o al de los 250 temporales a los que se pretende dar plaza en la RTVA.

Que casi un 50 por ciento de candidatos y avalistas tengan relaciones con Canal Sur, casi siempre directas por contratación, da una idea de los vasos comunicantes existentes entre la APS y la televisión andaluza de la Junta. (Ver documento de la candidatura de 2015)

Muchos trabajadores de la propia RTVA que llevan años intentando mejorar su condición profesional dentro del ENTE temen que, como en otras muchas ocasiones, los directivos de Canal Sur impidan toda renovación y toda progresión en sus carreras profesionales.

Naturalmente, los periodistas jóvenes y/o en el paro no tendrían ninguna oportunidad, de perpetrarse esta operación de estabilización en la forma en la que se hizo con los 300 o en una nueva forma que incluyera alguna "mochila" de puntos a favor por el hecho de haber trabajado ya en la televisión pública andaluza.

Lamentablemente, han sido el PP y Ciudadanos los que han sentado el peor precedente posible cuando aceptaron convocar unas pruebas de estabilización para 8.000 contratados de la Junta. De hecho, el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos ha asumido los compromisos del PSOE con los empleados que metió a dedo en la Administración Pública y ha comunicado a los sindicatos su voluntad de estabilizar a laborales y funcionarios interinos en 2019 y 2021.

No se hizo esperar la reacción del Sindicato Andaluz de Funcionarios, mayoritario entre los funcionarios andaluces, que se opone a este proceso ya que equivale a "regalar" las plazas a los que ya están dentro como temporales o cuando menos a ayudarles con un porcentaje de la calificación de hasta el 40 por ciento por el mero hecho de haber trabajado ya en la Junta mientras que los nuevos opositores no tendrían tal privilegio.

En el caso de la "operación estabilización Canal Sur" de los 250 contratados interinos, por obra y otras modalidades que piden PSOE, Adelante Andalucía, UGT y CC.OO, la AP de Sevilla no se ha pronunciado. El último de sus comunicados sobre Canal Sur fue en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores del programa Andalucía Directo.

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