La empresa pública Cetursa, que gestiona las instalaciones turísticas de la Estación de Sierra Nevada, estaba presidida por María José López, que había sido ex consejera de Justicia y donde fue recolocada tras su salida del gobierno de la Junta. Pero el nuevo gobierno, tan pacato en otros asuntos, ha tomado la iniciativa en éste por impulso del PP que hace tiempo quería intervenir en Cetursa.
El Mundo y La Razón se hacen eco del caso. Europa Press daba cuenta ayer mismo del cambio inminente en la presidencia del Consejo de Administración tras la fulminante destitución de la socialista López. Ahora, la Junta Universal de Accionistas de Cetursa Sierra Nevada SA renovará su estructura orgánica con la propuesta de un nuevo Consejo de Administración.
El inspector de Hacienda, Jesús Ibáñez se perfila como nuevo presidente de la entidad participada por la Junta (95,9%), el Ayuntamiento de Granada (2,63%), la Diputación, (0,44%), el Ayuntamiento de Monachil (0,23%) y la Fundación CajaGranada (0,80%).
Por razones de reglamento, el nuevo órgano de administración de Cetursa Sierra Nevada SA estará presidido por el viceconsejero de Hacienda, Industria y Energía, Jorge Ramírez López, y la vicepresidenta primera será Myriam del Campo, directora general de Patrimonio.
Investigaciones de la Cámara de Cuentas y la Fiscalía
Los escandalosos comportamientos gestores en Cetursa fueron desvelados por la Cámara de Cuentas hace años. De hecho, en su fiscalización de la empresa pública detectó que se inflaban las remuneraciones, desde sueldos a sobresueldos, incluso en la más dura época de la crisis.
Más aún, precisó que se hurgó en la legislación para encontrar el modo de mantener los privilegios de los altos cargos. No fue hasta 2014, casi en la salida de la crisis, cuando se redujeron las retribuciones de su cúpula, algo que no se había cumplido durante dos años.
En su informe, la Cámara escribe: "Las cinco direcciones/jefaturas de servicio y un total de 51 trabajadores tienen reconocidos en sus nóminas ‘incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias’ no recogidos en los convenios aplicables". Incluso señaló a un trabajador al que "se le ha reconocido la antigüedad devengada como funcionario de la Junta". "Este hecho ha supuesto la consolidación del complemento por importes muy por encima de los previstos en la ley de presupuestos", expresó formalmente.
Relata El Mundo que la ex consejera -¡de Justicia, nada menos!- y su equipo idearon una trampa para burlar los recortes, que consistió en modificar el organigrama de tal manera que los altos cargos pasaron a estar amparados por el convenio colectivo, con lo que sus sueldos no sólo no bajaron, sino que, incluso, subieron.
Además, según la Cámara, se contrató a dedo, se pagaron incentivos y gratificaciones de forma gratuita y arbitraria sin tener en cuenta la obligación de suprimirlos por causa de los recortes, como estaban obligados.
Ahora, la Policía Nacional ha requerido diversa documentación tanto a la empresa como a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de la que ha pasado a depender con el reparto de áreas entre los dos socios del gobierno, el PP y Ciudadanos.