Mientras el discurso ha sido monopolizado por los 'Juanmas', Moreno y Marín, y el consejero Elías Bendodo, mano dura y derecha del primero, se ha hablado mucho de la herencia recibida del PSOE, pero poco de qué es lo que pretende hacer el nuevo gobierno del cambio por cambiar efectivamente la vida andaluza. Han sido cuatro consejeros, por ahora, los que han empezado a contar qué hay que hacer para que Andalucía deje de estar a la cola de España.
Empezó el Consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, del PP, que, tras desvelar el tenebroso mapa de la salud andaluza, comenzó a cambiar gerentes de hospitales y modelos de abastecimiento de fármacos. Siguió la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que destapó la tragedia de los dependientes con un plan para terminar con ella. Ahora ha comenzado a hablar en serio la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.
La consejera de Empleo, Rocío Blanco, que fue condecorada con la Cruz al Mérito Policial por su análisis y denuncia del fraude en los cursos de formación con su inseparable viceconsejera, y antes compañera en la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga, Isabela Balbín, ha trazado una descripción de cómo es de verdad el régimen del socialismo andaluz desde hace casi 40 años.
Hay una cosa que ha dicho en su entrevista con ABC que para muchos será realmente sorprendente. En la Consejería de Empleo hay una falta grande de funcionarios y no sólo porque con el estallido del caso del fraude de los cursos de formación hubiera una estampida para salir de esta Consejería penetrada hasta el tuétano por el PSOE andaluz.
La consejera Blanco ha desvelado que en su consejería, en concreto en el Servicio Andaluz de Empleo, hay nada menos que 3.400 empleados públicos, pero de ellos, 2.400, un 71%, no son funcionarios y, por tanto, no tienen potestades administrativas. Esto es, no pueden gestionar subvenciones, pilar básico de la formación profesional, que sufren un atasco que no podrá ser resuelto antes de 2020.
El escándalo no es nuevo porque ya el Gobierno de Susana Díaz reconoció en ¡2016! que no se podía permitir "que hubiera personal cobrando y mano sobre mano". Nada menos que 1.800 empleados del Servicio Andaluz de Empleo que, al no ser funcionarios, no tenían potestades públicas y deberían ser empleados en otras cosas sin que se haya hecho del todo.
Dicho en román paladino, el abultado número de empleados de esta Consejería procede de las contrataciones a dedo de la "administración paralela", de la Agencia FAFFE y el antiguo Servicio Andaluz de Empleo. Y, como ya fue denunciado hace tiempo, muchos de ellos no tienen trabajo que hacer porque no son funcionarios.
Según la consejera, ante la negativa del nuevo Gobierno a practicar un ajuste que sería normal en cualquier entidad que quiere tener solvencia, no queda otro remedio que dirigirlos a la orientación profesional pero antes quiere oír a los sindicatos y a los empresarios, cuyas antiguas cúpulas, precisamente, estuvieron directamente implicadas en el fraude de los cursos. A pesar de ello, los agentes sociales son imprescindibles.
Blanco, además, añade un dato estremecedor admitiendo que el 80% de la plantilla de Andalucía Emprende, otro ente de la Junta, fue contratada sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad e idoneidad. Por ello, se está haciendo una auditoría en torno a qué hace verdaderamente Andalucía Emprende y ver si ese gasto es justificable. Ya se ha producido una reestructuración, con ceses sucesivos, porque hemos visto que es una organización muy cara de la que no se conoce su eficacia.
Añade Blanco que Andalucía Emprende no va a sufrir ERE alguno por ahora, pero que en el Servicio Andaluz de Empleo hay 14 convenios colectivos distintos por la procedencia diferente de sus trabajadores. La mayoría de ellos tienen reconocida la figura de indefinidos no fijos. Los tribunales han considerado que son estructura del SAE y hay que buscarles una solución.
Por el contrario, en su consejería sólo se gastó el 40% de lo presupuestado para políticas activas de empleo, aunque era obligado ejecutarlas. Además, "se hacían políticas de empleo, pero no se medía su efecto. Entonces, ¿para qué sirven? No vale dar incentivos a la contratación si luego el trabajo no se mantiene, por ejemplo".
Por ello, se trata de gestionar mejor el dinero público que considera "sagrado" para que contribuya a crear empleo, potenciado la formación profesional juvenil y agilizar trámites administrativos para que las empresas tengan un único interlocutor de la Junta con poderes plenipotenciarios y empresarios y autónomos sean el eje principal de la actuación de la Junta.
Andalucía volverá a disponer de cursos de formación en 2020 porque se tienen 176 millones de euros de la conferencia sectorial nacional y es necesario invertirlos. Pero hay que evitar los fraudes. Habrá nuevas formas de convocatoria como la licitación, por la ley de contratos del Estado. Se trata de sacar unos lotes y que las empresas apuesten por ellos. Sería una forma más fácil de justificar el gasto y más transparente.
Además, hay que tratar que se den de alta unos 5.000 autónomos al año bonificándoles las cuotas a la Seguridad Social y ayudarles a tener una segunda oportunidad si la primera fracasa. Por ejemplo, ayudándoles a la contratación de su primer empleado, que hoy produce pánico, con el coste laboral tan alto que hay en España.
Lo fundamental de su Consejería es facilitar la creación de empleo en Andalucía por parte de los agentes económicos que pueden hacerlo y para ello hace falta generar confianza y a ello dice querer dedicarse.
Coincide en ello con el consejero de Economía, Rogelio Velasco, también por Ciudadanos, que ha reconocido que hay empresas de la Junta que han cometido abusos, desfalco de dinero y todo eso ha provocado un rechazo y que, en Andalucía, la burocracia del régimen ha destrozado la economía y ha impedido que proyectos relevantes han podido ver la luz en una Andalucía muy retrasada.