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Los condenados podrán obtener el tercer grado aunque no hayan cumplido la mitad de la pena

La Fiscalía había solicitado la aplicación del artículo 36.3 del Código Penal en su escrito de conclusiones definitivas.

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La Fiscalía había solicitado la aplicación del artículo 36.3 del Código Penal en su escrito de conclusiones definitivas.
Los golpistas condenados. | EFE

Los condenados podrán obtener el tercer grado aunque no hayan cumplido la mitad de la pena. La Fiscalía había solicitado la aplicación del artículo 36.3 del Código Penal en su escrito de conclusiones definitivas, para evitar que los condenados a más de 5 años de cárcel puedan optar rápidamente al régimen de semilibertad penitenciario en Cataluña.

Según el Código Penal, "cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma".

"La Sala considera que esa facultad no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena. Estas decisiones tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser objeto de revisión" afirma la sentencia.

"El artículo 36.2 del Código Penal", añaden los magistrados, "lo que otorga al tribunal sentenciador es la facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad que preserve los bienes jurídicos que fueron violentados con el delito. Y solo desde esta perspectiva debe ser respondida la petición del Fiscal. Los acusados han sido castigados, además de a las penas privativas de libertad asociadas a los tipos por los que se formula condena, a penas de inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la capacidad para asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo ejercidas en el momento de delinquir".

"En definitiva, la capacidad jurisdiccional para revisar decisiones administrativas en el ámbito penitenciario que se consideren contrarias a derecho, es la mejor garantía de que el cumplimiento de las penas se ajustará, siempre y en todo caso, a un pronóstico individualizado de cumplimiento y progresión. El protagonismo que nuestro sistema jurídico atribuye al Fiscal para reaccionar frente a decisiones contrarias a la legalidad que ha de inspirar la ejecución de penas privativas de libertad, añade una garantía que justifica nuestra respuesta", concluye el Supremo.

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