Para todas las partes, uno de los grandes beneficiados por la sentencia ha sido Gaspar Zarrías, quien es considerado el desencadenador del caso ERE por su insistencia en dar dinero público a la empresa de Jaén, su provincia clientelar, Hijos de Andrés Molina, conocida como Cárnicas Molina. Debido a las objeciones de la Intervención de la Consejería de Empleo, se fraguó el procedimiento del "fondo de reptiles".
Por el contrario, la Fiscalía ya urge prisión para los que siempre fueron considerados los chivos expiatorios perfectos –tal vez coincidan exactamente con los "cuatro golfos" de Manuel Chaves–, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez por su participación directa en los hechos, si bien cumpliendo las decisiones adoptadas por sus superiores.
Esta situación puede generar la floración de un filón de filtraciones interesadas que puede no encontrar precedentes en esta Andalucía maltratada por escándalos políticos, generalmente relacionados con el PSOE, desde el caso Presidente o Costa Doñana o Canal Sur, todos ellos en los años finales de la década de los 80 poco antes del estallido del caso Juan Guerra.
Gaspar Zarrías ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación pero no lo ha sido por el delito de malversación de caudales públicos debido a que un convenio que firmó en 1999 con su puño y letra no ha podido ser contemplado como prueba en el juicio.
Informó ABC de que existe un convenio firmado por Zarrías que data de diciembre de 1999 que nunca ha llegado al Tribunal ni siquiera a las partes ni a los peritos que han intervenido en el juicio en tiempo y hora adecuadas, y sabido es que lo que no existe durante el juicio, no existe en absoluto.
Gracias a ese convenio que firmó el propio Zarrías, se entregaron hasta 5,89 millones de euros a la empresa cárnica amiga que pudo competir así ilegalmente con las demás de la zona y de las demás zonas andaluzas y privilegiar a sus trabajadores antes que a otros afectados por la misma crisis, siendo todo autorizado por el consejo de gobierno presidido por Manuel Chaves en noviembre de 1999.
¿Cómo es que este convenio no llegó al sumario? Porque la Junta no lo entregó nunca. Incluso en 2018 aún no había llegado a la instrucción. Tuvo que ser la propia Audiencia quien lo pidió al gobierno de Susana Diaz en febrero de ese mismo año porque el PP lo exigió como prueba y no se lo daban. La Junta dijo que no lo encontraba.
Finalmente fue encontrado y remitido a la juez Núñez Bolaños, pero ésta tardó otros diez meses en remitirlo al PP, con lo que ya no podía ser considerado en el juicio que había comenzado a finales de 2017. De hecho, el documento no aparece mencionado en la sentencia. Por tanto, el informe pericial de la Intervención del Estado no lo pudo tener en cuenta y Zarrías se ha ido, si no de rositas, casi, algo que algunos, seguro, no olvidarán. Téngase presente que Zarrías es uno de los personajes más odiados internamente en el PSOE por los modos y maneras de su comportamiento personal y político.
Los "cuatro golfos" serán los chivos expiatorios
Frente a su situación se yergue la sombra negra de la que le va a tocar vivir a los que siempre fueron considerados los chivos expiatorios perfectos del caso, los famosos "cuatro golfos" sobre los que e intentó descargar la responsabilidad del caso ERE.
En la tarde ayer, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla pedía que se celebrara una vista para estudiar el ingreso en prisión de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE.
En concreto, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla a penas de siete años y 11 meses de prisión, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez lo fueron a penas de cárcel de siete años y un día.
No deja de ser curioso, y deberá ser explicado, que al mismo tiempo la Fiscalía no interese el ingreso en prisión del expresidente de la Junta Juan Antonio Griñán; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, igualmente condenados a penas de cárcel.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha solicitado a la Sala la comparecencia de prisión para los cuatro condenados mencionados de los cuales dos de ellos, Guerrero y Fernández, ya estuvieron en la cárcel desde que comenzó la instrucción del caso de los ERE hace ocho años. El primero, Guerrero, estuvo desde marzo a octubre de 2012 y desde marzo a junio de 2013 y Fernández desde abril a agosto de 2012.
Posteriormente, Francisco Javier Guerrero fue condenado, junto con otros tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo, por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez años de inhabilitación absoluta por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en concurso medial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría, una sentencia pendiente de recurso.