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El juez de Púnica reprende a Anticorrupción por solicitar "investigaciones prospectivas"

Las investigaciones prospectivas están "dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito", y están prohibidas.

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Las investigaciones prospectivas están "dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito", y están prohibidas.
EL magistrado Manuel García Castellón | EFE

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado una petición de diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Valdemoro en el marco la trama Púnica. En su escrito de 8 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado reprende a las fiscales del caso por solicitar "investigaciones prospectivas".

El fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó desechar en 2017 "tanto las investigaciones generales o prospectivas, dirigidas a la búsqueda de algo, que pudiera ser un indicio de delito", así "como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales". La investigaciones prospectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico.

En este caso, Anticorrupción solicitó hace tres semanas al instructor la práctica de una serie de diligencias relacionadas con la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana de la localidad de Valdemoro y con las obras realizadas por este Ayuntamiento en el periodo comprendido entre 1999 y 2014 por importes superiores a 100.000 euros. La Fiscalía también reclamaba investigar las adjudicaciones de contratos llevadas a cabo por el citado consistorio madrileño para construir viviendas protegidas en el mismo periodo.

El magistrado señala en su auto que "atendido al plazo de prescripción previsto en el artículo 131 del Código Penal, conforme a la redacción vigente en el año 2004, visto que ninguna de las penas de prisión e inhabilitación previstas para los delitos referidos excede de los 15 años, nos encontraríamos con delitos sujetos a un plazo de prescripción de 15 años, y por tanto se trataría de hechos que, en este momento, se encontrarían ya afectados por el instituto de la prescripción, y habiéndose extinguido la responsabilidad penal, respecto de estos no se podría investigar a persona alguna".

Según el auto, "el artículo 299 de la LECRim establece que corresponde a la fase de sumario realizar todas aquellas actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las de las responsabilidades pecuniarias de los mismos".

"Esto no significa", añade, "que en el afán de investigar puede practicarse cualquier diligencia de las que se soliciten por las partes, o cualquier actuación, sino que, en todo caso, las actuaciones o diligencias que se realicen en el proceso deberán atender a la finalidad esencial del mismo, la delimitación del hecho punible y de los presuntos culpables a fin de subsumir el hecho ilícito en el tipo penal que corresponda".

"Sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, debe advertirse que, atendido al carácter genérico de las solicitudes, las mismas podrían dar lugar a una suerte de prospección general incompatible con los fines de la investigación", concluye el magistrado.

Durante la instrucción de la causa, las fiscales del caso aseguraron en el año 2016 que el exconsejero madrileño, Francisco Granados, escondía 700 millones de euros en el extranjero, obtenidos principalmente gracias a comisiones de las recalificaciones y construcción de viviendas en la localidad de Valdemoro.

Fuentes del caso consultadas por este diario "no entienden" cómo 4 años después de que las fiscales realizaran esta afirmación durante una vista, soliciten ahora al juez investigar estos hechos. Además, tampoco han sido hallados los 700 millones de euros que supuestamente escondía el exconsejero madrileño fuera de España.

Aguirre denunció las actuaciones de Anticorrupción

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, denunció que la Fiscalía Anticorrupción intenta influir en la opinión pública y en el magistrado instructor de la trama Púnica para conseguir que la procesen en esta causa corrupta por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

La defensa de la expresidenta regional hacía referencia a la información de la Cadena Ser que avanzaba que "Anticorrupción solicitará en los próximos meses el procesamiento de Aguirre, como principal responsable de la financiación ilícita de la formación conservadora entre 2004 y 2013". Según el escrito de la defensa de Aguirre, si el artículo publicado por la SER es cierto "estaríamos, a nuestro juicio, ante un intento de generar un estado de opinión pública que se proyectara sobre el procedimiento y, evidentemente, sobre este Ilmo. Juzgado Instructor de la causa".

El escrito también aludía a una información desvelada por este diario. Concretamente que la Fiscalía Anticorrupción ha sondeado a exalcaldes del PP imputados en casos de corrupción para que presenten una declaración incriminatoria contra la expresidenta madrileña.

Según la defensa de Aguirre, en el caso de ser cierto el contenido de la información "ello representaría un verdadero fraude procesal, sin perjuicio de otra calificación más adecuada, pues supondría la retribución de in testimonio con la específica condición de que este fuera de contenido incriminatorio contra mi representada".

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