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Denuncian que el Gobierno "ha incumplido el Reglamento Sanitario Internacional" en la gestión del coronavirus

Según la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, que publica Libertad Digital, el estado de alarma del Ejecutivo es "inconstitucional".

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Según la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, que publica Libertad Digital, el estado de alarma del Ejecutivo es "inconstitucional".
Pedro Sánchez, durante la reunión con los líderes del G20. | EFE

Un experto en seguridad nacional ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha incumplido el Reglamento Sanitario Internacional" en la gestión de la crisis del coronavirus.

En la queja presentada ante el socialista Francisco Fernández Marugán por el abogado experto en seguridad nacional, Álvaro Écija, que publica Libertad Digital, se expresan "las dudas sobre la legalidad" del decreto de estado de alarma del Ejecutivo y "la posible vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, tras obligar a toda la población a confinarse en casa durante un largo periodo de tiempo. El estado español pudiera estar incumpliendo la normativa internacional aplicable a las crisis sanitarias internacionales".

En este contexto, el escrito hace referencia al artículo 2 del Reglamento Sanitario Internacional RSI: "La finalidad y el alcance de este Reglamento son prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle respuesta de salud proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional".

La queja avanzada por Vozpopuli también se refiere al artículo 3 del citado reglamento: "La aplicación del presente Reglamento se hará con respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas".

Además, se alude a la aplicación de la normativa establecida por la Asamblea Mundial de la Salud. Concretamente en la resolución WHA 58.5 de "Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una pandemia de gripe". Dicha normativa insta a los estados miembros, entre ellos, España, "a que desarrollen y apliquen planes nacionales de preparación y respuesta ante una pandemia de gripe que se centren en limitar el impacto sanitario y los trastornos económicos y sociales".

El escrito menciona además a la normativa de la OMS relativa a "la gestión de riesgos ante una pandemia de gripe" de fecha 2017 que establece que las medidas que limiten derechos y libertades deben ser razonables, proporcionales, equitativas, no discriminatorias y que respeten la legalidad.

"A este respecto, y siendo observador de algunos hechos que están sucediendo en la vía pública, creo conveniente que el poder judicial, en concreto, el Tribunal Constitucional, interprete estos hechos y valore su encaje constitucional. En concreto, acciones 'cívicas' como permitir pasear una mascota pero no permitir pasear a un menor. Incluso, un menor que necesite por alguna patología psiquiátrica (tdh por ejemplo) u otras necesidades, pueda salir a la calle", señala la queja.

Por todo ello, concluye, "dudo, como experto en temas de riesgos y seguridad nacional, de la legalidad del estado de alarma y si es el instrumento jurídico más adecuado para gestionar la crisis, por lo que solicito que el Defensor del Pueblo presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para que éste entre a valorar si la forma y contenido del Real Decreto 463/2020 se ajusta al derecho constitucional".

Otras quejas por las marchas del 8-M

Precisamente, en los últimos días el Defensor del Pueblo no descartaba investigar las decisiones o medidas concretas tomadas por las administraciones públicas españolas que pudieran revelar una irregularidad en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus, pero será "en el momento adecuado y contando con los elementos de juicio suficientes".

Así respondía el Defensor del Pueblo en funciones, el socialista Francisco Fernández Marugán, a la queja presentada por un abogado en la que instaba a investigar por qué se permitieron las movilizaciones del 8-M con motivo del Día de la Mujer así como la declaración del estado de alarma "a plazos" por anunciarlo un día antes de que se aprobara el decreto.

Según Marugán, el contenido de la queja del letrado "coincide con el de otros ciudadanos que se dirigen al Defensor del Pueblo manifestando sus dudas o disconformidad con el alcance de las medidas extraordinarias que las autoridades están adoptando para evitar una mayor transmisión y propagación del virus Covid-19".

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