El Gobierno de Pedro Sánchez obligó a seguir trabajando al personal de las residencias que había tenido contacto con enfermos de covid-19. Así se recogió en la orden del Ministerio de Sanidad de "adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios" ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus.
La orden del Ministerio de Salvador Illa fue publicada en el Boletín Oficial del Estado BOE del pasado 21 de marzo. Es decir, sólo una semana después del decreto de Estado de Alarma. En esa fecha, se registraban ya 24.926 casos de infección por coronavirus y 1.326 fallecidos y las residencias de mayores estaban en el punto de mira por ser un foco especialmente vulnerable a la propagación del virus.
El punto cuarto de este documento sobre las "medidas relativas a los profesionales sanitarios en relación con la atención sanitaria en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios" recogía la polémica orden que reproducimos literalmente:
"Si el personal sanitario médico, de enfermería u de otro tipo, ha tenido contacto estrecho con un caso posible o confirmado de covid-19 y no presenta síntomas, seguirá realizando su actividad normal así como la vigilancia de síntomas".
Paradojicamente, esta orden explicaba que "los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la infección covid-19 por varios motivos, como son entre otros, que habitualmente presentan edad avanzada; patología de base o comorbilidades; y su estrecho contacto con otras personas, como son sus cuidadores y otros convivientes".
"La propagación de la covid-19 entre personas vulnerables que viven en residencias de mayores, se está observando en los últimos días, por lo que es necesario avanzar en la adopción de medidas organizativas y de coordinación, orientadas a reducir el riesgo de contagio así como a tratar de la forma más adecuada a las personas que sufran esta enfermedad", afirmaba Sanidad.
"Mediante la presente orden", añadía, "en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y con el objetivo de proteger a la población más vulnerable de la infección por covid-19, se establecen medidas organizativas para la atención sanitaria de los residentes afectados por la covid-19 y de quienes conviven con ellos". La citada orden fue muy criticada por los responsables de las residencias y el Ejecutivo se vio obligado a hacer alguna matización posterior.
El presidente de la Federación LARES de residencias, Juan Vela, en declaraciones a Libertad Digital apunta que esta orden del Ministerio de Sanidad tendría que haber estado "acompañada de las pruebas y los test de detección de coronavirus para los profesionales, que no se hicieron. Cuando salió la orden, las mutuas decían a los facultativos de las residencias que sí podían trabajar, pero sus médicos de cabecera con mucvho sentido común les mantenían la baja. Gracias a eso se evitaron muchos contagios".
"En esas circunstancias, el Gobierno tendría que haber implementado medidas para derivar más personal a las residencias. En la actualidad, seguimos teniendo muchas bajas preventivas, porque no se sabe si están contagiados de covid-19", concluye el presidente de esta Federación que agrupa 1.050 residencias en toda España.
Estudios científicos alertaban ya sobre los asintomáticos
Cabe destacar, que antes de la publicación de esta orden del Gobierno en el BOE el 21 de marzo, ya existían estudios científicos internacionales alertando sobre la propagación del coronavirus a través de pacientes asintomáticos.
Según un estudio de científicos de EEUU, Francia y China de la Universidad de Texas en Austin, que ya era público el 15 de marzo, una de cada 10 infecciones por covid-19 provenía de personas que tenían el virus pero que aún no presentaban síntomas.
A pesar de ello, el Ejecutivo puso el foco en las Comunidades Autónomas como Madrid y Pedro Sánchez afirmaba el pasado 9 de abril que la gestión de las residencias de mayores es competencia de las Comunidades Autónomas. Por su parte, Podemos culpaba al PP de los muertos registrados en estos centros a través de un vídeo difundido el 17 de abril.
La Fiscalía investiga más de 100 residencias
Los mayores han sido los más castigados por esta pandemia. La Unidad Militar de Emergencias localizó incluso cadáveres abandonados en algunas residencias y la Fiscalía General del Estado abría entonces una investigación por estos hechos. También han sido especialmente castigados los sanitarios, ya que desde el inicio de la pandemia el número de contagiados por covid-19 se sitúa aproximadamente en 39.230 en toda España.
Este miércoles la Fiscalía anunciaba que mantiene un total de 109 diligencias penales abiertas por la situación creada en las residencias de ancianos a causa de la pandemia de covid-19. Hasta la fecha, ya se han iniciado una docena de causas en los Juzgados de Instrucción por estos hechos.