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Los pagos de Podemos a Neurona terminan en una sociedad radicada en México

Concretamente en una vivienda que no tiene oficina en Guadalajara, estado de Jalisco, oeste de México.

Concretamente en una vivienda que no tiene oficina en Guadalajara, estado de Jalisco, oeste de México.
Pablo Iglesias, subiendo al estrado en septiembre de 2019 | EFE

La pasada semana se conocía que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas advertía indicios de delito en el uso de fondos que había hecho Podemos durante la campaña electoral de los comicios generales de 2019.

Concretamente, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en el pago de Podemos a neurona por trabajos supuestamente electorales. Fondos que terminaron en una sociedad instrumental llamada Creative Advice Interactive Group, que se constituyó en 2015, que no atesora ninguna experiencia en la prestación de los servicios referidos, que no cuenta con logística y que está radicada en una vivienda particular de la avenida Tepayac de Guadalajara, en el estado occidental de Jalisco en México, según publica este lunes el diario El Mundo.

Este descubrimiento ha sido suficiente como para que el organismo auditor de cuentas advierta indicios de delito de falsedad en documento mercantil y electoral, por considerar que se trata de una contratación ficticia.

Además, el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid investiga la financiación irregular del partido y ya ha imputado al representante de Neurona en España, Elías Castejón, que dio de alta a la consultora en el pueblo sevillano de Carmona.

Las irregularidades con Neurona no quedan ahí, porque Podemos ordenó la contratación de la filial española de Neurona, que se creó de manera instrumental en la gestoría sevillana de Castejón un mes antes de que ésta fuera registrada en nuestro país, de tal forma que el borrador del contrato está fechado en febrero de 2019 y la sociedad fue inscrita el 19 de marzo de ese año.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas considera que el objeto de esta empresa "no coincide con las prestaciones contratadas" ni han sido acreditados trabajos que justifiquen el pago de los al menos 363.000 euros que reflejaba el contrato suscrito entre ambas partes.

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