El veto del Gobierno de Pedro Sánchez al rey Felipe VI en la entrega de despachos a jueces mañana en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona ha provocado una gran "indignación" entre los integrantes del Consejo General del Poder Judicial CGPJ que preside Carlos Lesmes.
Se trata de la primera vez que el monarca no asistirá al acto desde que comenzó su reinado. Los jueces de la 69 promoción recibirán sus despachos bajo la presidencia de Lesmes y el acto se celebrará en el edificio de la Escuela Judicial a las afueras de Barcelona, en vez de la sala del Auditorio, situada en el centro de la ciudad y que en los últimos años había acogido la ceremonia.
El único representante del Gobierno en la ceremonia será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. También está previsto que acuda el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otras autoridades judiciales.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el malestar es "unánime" entre los miembros del Gobierno de los jueces tras la decisión de vetar al monarca por parte del Ejecutivo. "Es un acto estrictamente judicial. Si no viene el Rey, no pinta nada el ministro de Justicia", afirman.
La Constitución española establece que a todos los actos oficiales a los que acuda el Rey tienen que asistir el presidente del Gobierno o un ministro. Así lo establece el artículo 64 de la Carta Magna: "Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes". El refrendo es la delegación de responsabilidad del Rey a la persona que realiza el refrendo. La persona que ejerce el citado refrendo es, por tanto, la responsable de las acciones del Rey.
Las mismas fuentes apuntan que si "Felipe VI, que es el refrendado, no puede acudir al acto judicial, no tiene sentido que asista el refrendante que es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo". La decisión del Ejecutivo se considera una falta de respeto y un desprecio hacia el jefe del Estado.
El propio Campo respaldaba este jueves en una entrevista en la Cadena SER la decisión de que el Rey no acuda apuntando a la "obligación" que tiene el Gobierno de proteger la monarquía, aunque rechazaba verbalizar que el Ejecutivo había adoptado la decisión: "La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar".
Mientras, la Comisión Permanente del CGPJ, un órgano criticado a veces por sus digestiones largas y pesadas, acordaba este jueves que el propio Carlos Lesmes exponga mañana de forma oficial el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado la exclusión del rey Felipe VI del acto.
Cabe destacar que no se descarta que este viernes se haga publica la sentencia del Tribunal Supremo sobre el presidente catalán, Quim Torra, tras ser condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia, tras no retirar los símbolos golpistas de los edificios públicos de la Generalidad durante las elecciones.
La declaración de 6 vocales del CGPJ
Tras la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ un grupo de seis vocales del llamado sector conservador hacía pública una declaración conjunta en la que "lamentan profundamente" no contar con la presencia del Rey en el acto de mañana.
En el documento, los vocales recuerdan que el artículo 117.1 de la Constitución señala que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, razón por la que era costumbre que los principales actos de la vida judicial española, como son la Apertura del Año Judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces sean presididos por el monarca.
Añaden que el Poder Judicial español se fundamenta en esta "doble imbricación" (pueblo-rey), "de la que deriva su legitimidad democrática para la impartición de Justicia" . Por ello, insisten que la presencia en el acto de mañana en Barcelona de Felipe VI "no sólo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles" sino también un "símbolo del valor que la Justicia tiene en un estado de derecho en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones".
Finalmente apuntan que las "circunstancias que impiden la presencia" del Rey en el acto de entrega de despachos, que no concretan en su declaración, les llevan a reafirmar la admiración y respeto de todos ellos a su figura, "símbolo de la unidad y la permanencia del Estado".