La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRrim que prepara el Ministerio de Justicia otorgará a los fiscales la dirección de la investigación y además la acusación popular no podrá ser ejercida por partidos políticos. Fuentes del Ministerio de Justicia confirman a Libertad Digital los elementos principales del anteproyecto de la nueva Ley.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados que en las próximas semanas llevará el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal al Consejo de Ministros. Campo ha señalado que la nueva LECRrim es "una norma de consenso que construye país, que avanza en el fortalecimiento del Estado de derecho y de las garantías democráticas". En ese sentido, Campo ha explicado que la nueva norma propondrá una regulación completa y detallada de la información judicial, distinguiendo su alcance en cada fase procesal sin olvidar los derechos de las víctimas o el propio acusado.
Como novedad, el ministro de Justicia ha destacado que por primera vez la norma regula las comunicaciones con los medios y garantiza su acceso a informaciones de interés social. Del mismo modo, Campo ha explicado que la nueva LECrim establece importantes limitaciones, como son aquellas dirigidas a la protección de la intimidad de las víctimas menores de edad, así como la protección de la integridad, el honor y la intimidad de investigados, testigos, peritos o demás intervinientes, limitando la difusión de sus imágenes cuando no revisten interés informativo o no se trate de un hecho socialmente relevante.
Según el anteproyecto de la nueva Ley, los jueces se limitarán a ejercer de árbitros para garantizar que se respetan los derechos de quienes participan en la causa. Además, el texto legal prohíbe expresamente que partidos políticos, organizaciones públicas o sindicatos actúen como acusación popular en los procesos. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está vigente desde el año 1882 y en 138 años de vida ha sufrido 77 modificaciones.
Elementos principales de la nueva Ley
La nueva ley establecerá que el juez deberá encargarse únicamente de tutelar los distintos intereses en juego desde una posición de imparcialidad y pasará de ser el instructor a ser un juez de garantías para que se respeten los derechos de quienes intervienen en el procedimiento.
Tal y como avanzaba El País, la exposición de motivos del anteproyecto explica que "el juez pasa a desempeñar un rol de garantía y no es una autoridad implicada en la persecución del delito, no ha de recibir directamente las denuncias y atestados policiales".
Mientras, a los fiscales se les añadirá la función de director de la investigación. El artículo 87.2 del anteproyecto: "Corresponde al Ministerio Fiscal la potestad de dirigir la investigación de los hechos punibles y la de ejercitar la acción pública penal contra quienes deban responder criminalmente de ellos".
Por último, la nueva Ley limitará la acción popular excluyendo "a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos". De esta forma, "se considera que los partidos políticos y los sindicatos, por su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político, deben estar también excluidos del ejercicio de esta acción".