El caso viene de junio de 2012 cuando la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir denunciaba a la Guardia Civil la existencia de un tráfico de comisiones desde la filial de Abengoa, Befesa, a la Junta de Andalucía. Ahora, muchos años después, un informe pericial ha destapado que se simularon obras para poder acceder a los fondos generando una apariencia de ejecución que en realidad era falsa. El caso Marismas, como es conocido, se reactiva de nuevo en el juzgado.
En el caso Marismas se investiga el presunto fraude a la Unión Europea por parte de la Junta de Andalucía y la propia Comunidad de Regantes del Guadalquivir que destapó la trama. Se trataba de la modernización de los sistemas de regadío entre Dos Hermanas y Lebrija en la provincia de Sevilla.
Ha destapado este martes ABC que las actuaciones se han reactivado por varias razones. Una de ellas, que el informe pericial solicitado por el juez Juan Gutiérrez Casillas al ingeniero de la Construcción Francisco Jesús Taguas está a punto de culminarse. Pero, además, se ha aportado otro informe realizado por la empresa de Ingeniería Cordobesa Agrónoma, INCA que completa al estudio de la Guardia Civil.
Lo sorprendente es que este estudio contiene más detalles técnicos que los hasta ahora conocidos. En sus conclusiones aparece que se simularon obras para poder acceder a los fondos europeos generando una apariencia de ejecución que en realidad era falsa.
Además, el proyecto constructivo "se redactó mal, con errores, tarde e incompleto", por lo que hubo que hacer un proyecto complementario en el que se incrementó "artificiosamente el presupuesto". Los peritos indican que las obras se desarrollaron parcialmente y sin aprobación de nadie, sin proyecto, sin pruebas hidráulicas que permitieran verificar la calidad de lo ejecutado, con inexperiencia del equipo técnico y de obra, improvisación y, entre otras cosas, desviaciones importantes e incrementos de costes no justificados.
Si lo enumerado podría ser grave, más grave aún es que se denuncie que había "tuberías reflotadas con numerosos defectos de ejecución" y sin soldar que sólo estaban sobrepuestas. Es decir, eran inútiles. Sin embargo, se certificaron y eso permitió cobrar los fondos europeos, según concluía Inca.
Esto es, se emplearon 60 millones de euros procedentes de la Unión Europea en remodelar supuestamente unas infraestructuras que no sirvieron para nada. Además, se repararon varias veces la misma unidad de obra y posteriormente reclamados. Por resumir, nada de aquellas obras fue correcto aunque sólo se denunció la inexperiencia o falta de interés por parte de la UTE que ganó el concurso, Befesa-Alpi, asunto que también investiga el juzgado por el presunto amaño de aquella adjudicación.
La Oficina Europea Antifraude investiga también estas irregularidades en las que están imputados responsables de las empresas que ganaron el concurso, varios regantes y el diputado socialista José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería, que dirigió todo este proceso cuando era director general de Regadíos de la Junta de Andalucía.
Recordemos que en Andalucía el PSOE y la Junta de Andalucía que gobernó están implicados judicialmente en casos como el caso ERE, el caso Avales I y II, el caso FAFFE, el caso del fraude de la formación, el caso de la Agencia IDEA, el caso Invercaria, el caso Jeremie, el caso UGT, el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, el caso Bahía Competitiva o el caso Marismas del Guadalquivir.
En total, tales casos afectan a más de 600 imputados, muchos de ellos vinculados a la Junta y al PSOE y se está investigado el destino de 4.300 millones de euros de dinero público. Por ello, la Comisión Europea consideró a Andalucía la región más corrupta de Europa.