El Ministerio del Interior sigue acercando a los presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco y Navarra o a centros penitenciarios más próximos a estas regiones que aquellos en los que cumplen sus penas actualmente. Muestra de ello es que ya hay hasta 59 etarras en ambas comunidades autónomas, cuando hace solo seis meses el número de etarras en estas regiones era de algo menos de la mitad.
El sistema empleado por Interior varía dependiendo de las circunstancias. Hay etarras, unos pocos, que han sido trasladados directamente a prisiones de estas regiones desde las cárceles en las que estaban cumpliendo condena cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Los otros, amplia mayoría, están emprendiendo un acercamiento con una o dos paradas en prisiones más próximas antes de terminar recalando –ya o en un futuro– en una cárcel vasca o navarra.
Este viernes, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, dependiente del departamento de Fernando Grande Marlaska, ha aprobado una nuevo cupo de traslados de presos de ETA. Son tres los presos con condena que varían de centro penitenciario, de los que son se acercarán al País Vasco y otro será llevado directamente a la prisión de Martutene (San Sebastián). También llega al País Vasco un cuarto etarra, que estaba en prisión preventiva en Madrid.
Sumando estos nuevos movimientos, desde que alcanzasen el Palacio de La Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo un total de 236 traslados, que corresponden a 195 terroristas de ETA. Muchos de ellos en contra de los criterios de las Juntas de Tratamiento de las cárceles en las que los etarras estaban cumpliendo su prisión. Es decir, sin apoyo de la comisión de funcionarios que consideran recomendable o no los movimientos de los presos.
De esto modo, sólo hay seis que no han sido trasladados por el Gobierno. Los mismos se encuentran en cárceles de Andalucía y Comunidad Valenciana. Y la realidad es que hay pocos visos de que se les cambie de prisión. ¿La Razón? Pertenecen a ATA (Amnistia Ta Askatasuna), una escisión de ETA y su brazo político que insiste en volver a las armas de manera inmediata. Una escisión peleada con EH Bildu y por cuyos presos EH Bildu no va a mover un dedo.
"Todo apunta a que el siguiente paso del Gobierno en materia penitenciaria será trasladar a todos los presos a cárceles del País Vasco y Navarra. Al menos, es lo que parece que esperan sus socios de gobierno, que pretenden que el 1 de octubre, fecha en la que se hará efectiva la transferencia de prisiones al País Vasco, todos o casi todos los presos etarras estén en esta región", ha denunciado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en un comunicado.
"Como llevamos meses alertando desde la AVT, no quieren a los presos cerca, los quieren libres. Quieren libres a unos asesinos. Quieren libres a unos terroristas que en su día atentaron contra el Estado de Derecho y contra la libertad de sus víctimas. Quieren libres a unos sanguinarios que siguen sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por sus crímenes y que a día de hoy siguen sin colaborar de manera efectiva con la justicia", añaden desde la asociación.
Los etarras condenados cuyo traslado se ha aprobado este viernes son Raúl Ángel Fuentes Villota, Pedro María Cano Hernández y Orkaitz Gallastegui Sodupe. A ellos se une el traslado de Gaizka Astorquizaga Arriaga, que estaba como preso preventivo en Madrid a la espera de ser juzgado en la Audiencia Nacional, y que es movido temporalmente a la cárcel de Bilbao.
Raúl Ángel Fuentes Villota. De la cárcel de El Dueso (Cantabria) a la prisión de Martutene (San Sebastián). Fue condenado a 50 años de cárcel por intentar colocar una bomba en el coche de un policía nacional en Baracaldo (Vizcaya) en 1991.
Pedro María Cano Hernández. De la cárcel de Castellón a la prisión de Logroño. Fue condenado a 28 años de prisión por su participación en el asesinato del concejal socialista de Orio (Guipúzcoa) Juan Priede el 21 de marzo de 2002.
Orkaitz Gallastegui Sodupe. De la cárcel de Castellón a la prisión de Topas (Salamanca). Fue condenado a 26 años como cooperador necesario en el asesinato del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón.