Todos los separatistas se han unido en esta exigencia de información y pretenden hacer pasar al Defensor del Pueblo por el Congreso para que abra su investigación por estos espionajes y les proporcione más información con la que seguir exigiendo compensaciones a Sánchez.
El primer movimiento lo realizaron el pasado 19 de mayo. Ese día registraron en el Congreso una "Solicitud de Comparecencia, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, Jon Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Miriam Nogueras i Camero, de JxC, Ferran Bel Accensi, del PDeCAT, Albert Botran i Pahisssa, de la CUP, i Nestor Rego Candamil, del BNG" para que tuviera que acudir a la Cámara el defensor del pueblo. El objetivo: "Dar cuenta de los contenidos y conclusiones de la investigación y posterior informe realizado sobre el caso de espionaje a independentistas mediante el sistema Pegasus".
El 24 de mayo, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó comunicar a los Grupos Parlamentarios Republicano, Plural y Mixto que no procedía la admisión a trámite de su escrito de Solicitud de comparecencia "porque, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1 y 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, el defensor del pueblo únicamente es responsable de su gestión ante las Cortes Generales, a través de la presentación del Informe anual, de los informes extraordinarios que pueda presentar a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras, cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseja, y para dar cuenta periódicamente a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de sus actividades con relación a un período determinado o a un tema concreto".
Ahora, los separatistas vuelven a insistir. Y lo hacen porque "el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. Por ello, y como establece el artículo 1.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo (en adelante, ROFDP), aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en su reunión conjunta de 6 de abril de 1983, "podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales".
Pero, sobre todo, porque los separatistas quieren información de un segundo sistema de espionaje: Candiru. Por ello, señalan en su documentado registrado en el Congreso que "cabe poner de relieve la innegable gravedad del objeto de la comparecencia que se solicita. Una constatación evidente de dicha gravedad fue la comparecencia del Presidente del Gobierno (una de las pocas que se han sustanciado en la presente legislatura) solicitada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Plural y Euskal Herria Bildu, para dar cuenta del conocimiento y las medidas que se van a tomar en relación con el espionaje e intromisión a través del malware Pegasus", y del mencionado sistema de espionaje, "Candiru" a "representantes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados, destapadas por los laboratorios forenses Citizen Lab y Amnesty International Security Lab".
Por todo ello, "los Grupos Parlamentarios Republicano, Plural, EH Bildu y Mixto" piden "la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 24 de mayo de 2022, de inadmisión de su solicitud de comparecencia del Defensor del Pueblo". Y el objetivo de los socios de Sánchez es acceder "a los contenidos y conclusiones de la investigación y posterior informe realizado sobre el caso de espionaje a independentistas"
El Candiru es un segundo sistema que ha quedado en un segundo plano. Pero, efectivamente, el mencionado informe de Citizen Lab alude a esta segunda empresa, Candiru, como usuaria del programa SOURGUM de espionaje.