La necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los presupuestos 2023 ha traído consigo un nuevo acuerdo político entre los dos partidos que sustentan al Ejecutivo (PSOE y Podemos) y EH Bildu, la coalición electoral que integra a los herederos de Batasuna, el brazo político de ETA. Un pacto que como plato fuerte tiene la fecha definitiva para la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra.
Ese acuerdo cuenta con algunos puntos más que son relevantes. Uno de ellos es la construcción en Vitoria del Memorial de las Víctimas del 3 de Marzo, se hace alusión a la muerte de cinco jóvenes obreros que participaban en una huelga ilegal en 1976, un periodo en el que el país estaba en plena transición política entre el Franquismo y la democracia -la Constitución española no se aprobó hasta diciembre de 1978-.
Esta decisión aparece reflejada en el punto 5 del acuerdo, denominado Memoria e Historia, y fija destinar un montante económico de 600.000 euros a la reconversión de la Iglesia de San Francisco de Asis, en el barrio de Zaramaga (Vitoria), el lugar exacto donde estaban los obreros reunidos y se produjeron las muertes, en un centro para recordar la memoria de estos jóvenes y en "un símbolo de la lucha obrera".
Es llamativo que EH Bildu apueste por la construcción de un memorial, pues nunca ha apoyado que se construyan instalaciones asi en recuerdo de las víctimas de ETA, la banda terrorista que muchos de los miembros de esta coalición apoyaron y alentaron durante décadas desde HB-EH-Batasuna y de la que, incluso, algunos dirigentes de la coalición llegaron a formar parte. Una apuesta por dibujar la transición como un periodo tan violento que justifica o resta importancia a la actividad criminal de ETA.
En este apartado, también se destinan tres millones para convertir el Fuerte de San Cristóbal -ubicado en la localidad de Berrioplano, a las afueras de Pamplona- en "un espacio de memoria que recuerde a los presos y presas fusiladas en la fuga de 1938 y a todas las personas que fueron encarceladas por la dictadura franquista en este fuerte. Todo ello apoyándose en la denominada Ley de Memoria Democrática.
Otro acuerdo llamativo son las partidas relacionadas indirectamente con la promoción del euskera. Este año hay dos. Una primera, que resulta un tanto desconcertante, con una cuantía de 250.000 euros, destinada para sufragar los gastos y cuadrar las cuentas de los circos con actuaciones íntegramente en euskera, lo que según los batasunos permitirá "continuar la andadura comenzada pueblo a pueblo en Euskal Herria".
La otra, destina un millón de euros para la digitalización y gestión inteligente de las radios en vascuence que, salvo la cadena pública de EiTB (Euskadi Irratia), son todas ideológicamente afines a la coalición electoral de EH Bildu. "Esta partida aumentará la capacidad de expandir la recepción de las radios en euskara a la ciudadanía", explican los batasunos, con lo que podrán tratar de aumentar la influencia de sus medios afines.