La Fiscalía es conocedora pero no ha actuado en el caso de Juan (nombre ficticio que usaremos para preservar su anonimato, por miedo a posibles represalias), el joven de 21 años con Síndrome de Asperger y un 66% de discapacidad al que su padre, al que define como "independentista radical", echó de casa -el pasado 24 de febrero- por hablar en español, sin importarle la situación de desamparo en la que le dejaba.
Fue el desenlace de toda una vida de censura y vejaciones por parte del hombre y -en los últimos tiempos- también de su pareja (con la que comparte ideas políticas). Un día después de los hechos, cuando ya estaba más tranquilo, el chico acudió a poner la denuncia acompañado por su abogada -Vanessa González-, que solicitó una orden de alejamiento contra el padre.
En estos casos, señala la letrada a Libertad Digital, "lo normal" es "que sea el padre el que sale de la casa y el chico se quede en la vivienda" o "se llegue a un acuerdo y el padre se haga cargo del pago de un piso para él". Pero "lo normal" no cuenta para Juan. Nada de lo que está ocurriendo desde que su padre le echó lo es. Él se siente "abandonado" y no le faltan motivos.
Como ya denunciamos en este periódico, la juez de instrucción que determinó que el joven no necesitaba ninguna medida de protección, a pesar de que se trataba de una persona de especial vulnerabilidad y de que le habían dejado en la calle, lo hizo sin ni siquiera escucharle. Tampoco argumentó su decisión, como -nos explica la letrada- era su obligación.
La magistrada no permitió que Juan declara en sede judicial. Pero lo cierto es que tampoco lo pidió la Fiscalía, como era de esperar tras conocer los detalles del caso. La resolución en la que la juez rechaza las medidas de protección para el chico indica expresamente: "Visto MF (por el Ministerio Fiscal)". Lo vio y parece ser que lo olvidó, dado que no ha intervenido de ninguna manera. "No ha hecho nada", sentencia Vanessa González.
El papel de la Fiscalía
"El fiscal, que podía haber pedido entrevistarse con la víctima, no lo ha hecho. Tampoco ha presentado ningún escrito solicitando nada o apoyando lo que pedía yo como acusación particular, como que se escuchara en declaración a la víctima y se convocara la comparecencia del art 544 TER de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que es la que se celebra para decidir si procede la medida de alejamiento u otras medidas", añade.
González, que conoce bien las circunstancias en las que trabajan los fiscales y reconoce que su situación "es complicada" porque les faltan recursos, esperaba que en un caso como el de Juan hubiera algún tipo de reacción. "Yo creo que la Fiscalía estaba en la obligación de pedir a la juez la declaración del chico por lo menos", señala.
"LLama la atención que el Gobierno dedique tanto dinero a la publicidad y no a la Justicia", indica González. "Se está invirtiendo muchísimo en campañas para que se denuncie la violencia doméstica y de género", reflexiona, "pero muchas veces, cuando la víctima va al juzgado, el fiscal ni siquiera pide la orden de alejamiento".
"La Fiscalía está muy saturada", asegura. "Faltan recursos" pero también "instrucciones claras hacia las víctimas", considera. "No siempre se solicitan medidas de protección, ni se las escucha. Eso es lo primero que tiene que cambiar, tienen que ser escuchadas", asevera. Sin duda, es clamoroso que un chico vulnerable que ha sido discriminado y maltratado -según recoge el recurso- no tenga la oportunidad de explicarse en sede judicial.
¿Actuará ante el recurso?
Ahora la Fiscalía tiene una nueva oportunidad para intervenir en el caso de Juan. Su abogada ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 28 de febrero de 2023 en el que la magistrada determina que no considera necesario acordar "ninguna medida cautelar ni convocar la audiencia prevista en el 544 TER de la LECRIM" por "no apreciarse ninguna situación objetiva de riesgo".
La Fiscalía hubiera podido recurrir la mencionada resolución. No lo ha hecho, pero -si quisiera- tiene la posibilidad de adherirse al que ha presentado Vanessa González, o al menos "informar de forma favorable a la estimación del recurso", que la letrada fundamenta extensamente. En primer lugar por la vulnerabilidad de su cliente, en base a sus enfermedades mentales y la situación económica de la madre (prácticamente en la indigencia, lo que le impide hacerse cargo del joven).
Por otra parte, el texto recoge que el chico "ha sido maltratado psicológica y físicamente de forma continuada por el padre", que "no acepta que su hijo se sienta español y quiera hablar en castellano". Y la respuesta de la magistrada juez de instrucción ha sido -señala- "notificar la resolución" sin hablar con la víctima, su madre o la letrada. "Cosa que, dadas las circunstancias, nos parece no sólo arbitrario y contrario al art 24 CE, sino inhumano".