El surrealismo continúa en torno al caso Rubiales. Mientras el Gobierno corta su apoyo tradicional al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y sus estribaciones feministas no dejan de inflar la polémica, el mismo Gobierno mantiene bloqueado el protocolo antiacoso sexual en la propia administración.
Los funcionarios se han cansado del cinismo y han trasladado la exigencia urgente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que desbloquee el protocolo antiacoso sexual que debería estar ya en vigor en la administración española. El responsable de levantar la voz ha sido el sindicato CSIF, que ha exigido al Gobierno "la aprobación urgente del protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado".
Desde CSIF ni han tardado en contraponer este sinsentido al eco alcanzado por el beso de Rubiales: "Esperamos que el protocolo sea un referente social para poder sancionar actos como los de Rubiales y evitar que queden impunes". Lo cierto es que el protocolo lleva congelado desde 2022. Y fue anunciado como guía contra los "flirteos, insinuaciones, comentarios sexistas, abrazos o besos no deseados, entre otras situaciones", destaca CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha exigido "al Gobierno que apruebe de una vez el protocolo contra el acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), cuyo texto lleva olvidado en un cajón de la administración desde noviembre de 2022".
CSIF recuerda, de hecho, que los actos de Rubiales no han podido calificarse como falta "muy grave" porque el Gobierno no ha desarrollado aún la nueva Ley del Deporte. Y que lo mismo pasa con este protocolo interno.
"Este protocolo, diseñado entre la Administración y las organizaciones sindicales, aún está pendiente de aprobación de manera inexplicable. Al hilo de la polémica suscitada por el ‘caso Rubiales’, el Gobierno podría dar ejemplo impulsando este documento pionero, que además protege de manera específica al colectivo LGTBIQ+, con una mención específica a las personas trans", señala el sindicato. En virtud del protocolo, "toda empleada o empleado público tiene la obligación de poner en conocimiento los casos de posible acoso que conozca.
De esta manera, se establece un amplio listado de conductas como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias que pueden ser sancionadas, en el peor de los casos, con sanciones graves como el despido, separación de servicio o suspensión de funciones", explica CSIF. CSIF ha dirigido ya una carta a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, para que "convoque de manera urgente la Mesa General de Negociación para aprobar el protocolo y que se implemente de manera inmediata en todos los departamentos y organismos de la AGE".