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Campaña de intimidación de proetarras y separatistas a tribunales vascos por limitar sus exigencias lingüísticas

El mes de septiembre ha registrado un revelador avance del ambiente antijudicial de algunos partidos cuando las sentencias no son de su agrado.

El mes de septiembre ha registrado un revelador avance del ambiente antijudicial de algunos partidos cuando las sentencias no son de su agrado.
Arnaldo Otegi en el mitin de inicio de campaña de EH-Bildu. | EFE

El escenario ha sido el País Vasco y, en concreto, Bilbao. El detonante, una sentencia del Tribunal Constitucional que no fue del agrado ni de socialistas, ni del PNV, ni de Bildu -autores del pacto tumbado por el TC-. Y el resultado final fue una movilización -vara de mando en mano- de alcaldes frente a la sede judicial y contra la independencia judicial. Y es que la sentencia no aceptó todo el avance del vascuence pactado políticamente por los partidos mencionados.

El PP se ha acabado quedando solo en su crítica de lo ocurrido. Pero lo cierto es que el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, no dudó en liderar a un grupo de presión con su vara de alcalde en mano -la denominada "makila"- para dejar constancia de que la medida de presión se hacía con toda la fuerza del Ayuntamiento y para protestar contra la sentencia del TC sobre el vascuence.

Fuentes del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao recuerdan que el pasado 13 de julio, el alcalde se manifestó frente al Palacio de Justicia, junto a otro centenar de alcaldes, contra la sentencia del Tribunal Constitucional que desestimaba "la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran funcionar sólo en euskera".

La exigencia era tan obviamente negadora de la oficialidad del español en toda España que hasta el TC de Cándido Conde Pumpido tuvo que rechazar el pacto de socialistas y nacionalistas.

A raíz de ello, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Bilbao debatió la semana pasada una moción del PP en la que se instaba al alcalde a "no usar los símbolos que a todos nos pertenecen, para acudir a actos particularísimos de su partido y situarse, además, al frente de protestas políticas a las puertas de los Tribunales de Justicia de nuestro país". La proposición ha fracasado al contar únicamente con el apoyo del grupo proponente.

La portavoz popular, Esther Martínez, recordó que la "makila" representa un objeto que simboliza "nobleza, respeto, justicia y autoridad" y también se emplea para "agasajar a personalidades que nos visitan como expresión de amistad y reconocimiento". Y afirmó que "ver al alcalde de Bilbao elevando la makila, que nos debe representara todos los bilbaínos, atendiendo al dictado del PNV y Bildu, para acudir a las puertas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es un espectáculo bochornoso, que ni representa al conjunto de Bilbao ni entra dentro de las atribuciones que tiene conferidas Aburto como alcalde".

Desde el PP destacan que "en un Estado de Derecho estamos vinculados por el imperio de la ley y por la igualdad de los ciudadanos ante las leyes, y, si no les gustan las leyes, no pasa nada porque, afortunadamente, como vivimos en un estado de derecho, al que no le guste una ley, puede instar a su modificación, pero lo que no puede hacer nadie es saltárselas por el artículo 33 y mucho menos siendo alcalde de Bilbao, acudiendo con la makila que nos representa a todos, cual numerario del PNV, delante del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".

El origen de esta polémica se remonta a la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional en el que se aprobó una sentencia -de la que fue ponente el magistrado César Tolosa Tribiño- que estimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, en relación con el apartado segundo del artículo 6 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. La sentencia considera que "la exigencia del desconocimiento del euskera para que las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos de las entidades locales sean redactadas en castellano, supone un trato preferente del euskera, que menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros de las entidades locales".

El Tribunal Constitucional señala igualmente "que el art. 6.2 Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi es contrario al art. 3.1 CE, al prescribir un uso prioritario del euskera, ocasiona un desequilibrio injustificado y desproporcionado del uso del castellano, por establecer formalidades o condiciones para que los representantes de los entes locales puedan ejercitar su derecho a la libre opción".

Y, por todo ello, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de la exigencia de alegar válidamente el desconocimiento del vascuence para que se pueda ejercer la opción lingüística. "Con dicha exigencia se quiebra el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas cooficiales al condicionarse el uso del castellano al desconocimiento del euskera, de modo que los derechos de libre opción en materia lingüística de quien representa a los ciudadanos en las entidades locales se restringen de forma injustificada", añade el TC.

El Tribunal recuerda que la Constitución "no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua cooficial. Muy al contrario, la Constitución se refiere a la necesidad de proteger y respetar las distintas modalidades lingüísticas de España como parte de nuestro patrimonio cultural (art. 3.3 CE)". Ahora bien, "no es conforme con la Constitución otorgar normativamente preferencia en el uso por parte de los poderes públicos a una lengua oficial con relación a otras que también los son, esto es, establecer un trato prioritario en favor de alguna de las lenguas cooficiales".

Y ante este planteamiento, tanto el PNV como Bildu han decidido mostrar los colmillos ante el Palacio de Justicia. Todo un aviso a navegantes.

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