La Audiencia Provincial de Málaga acoge desde este lunes la repetición del juicio -por grave defecto de forma- que se celebró por la muerte de Lucía Garrido. El cadáver de la mujer de 35 años fue hallado flotando -el 30 de abril de 2008- en la piscina a medio llenar de la finca Los Naranjos en Alhaurín de la Torre. Un jurado popular será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia del hombre acusado de ser el autor material del crimen y del exmarido, considerado su cooperador necesario. La familia de la víctima pide justicia y espera que el procedimiento sea "limpio".
La investigación del asesinato de Lucía estuvo rodeada de polémica desde el principio. Inicialmente, los agentes encargados del caso determinaron que la mujer se había suicidado. Sin embargo, el forense -al examinar el cuerpo- concluyó que la habían matado. Fue golpeada con un ladrillo en la cabeza, estrangulada y degollada. No había lugar a dudas. Pero el procedimiento ha estado plagado de irregularidades y sobresaltos: cinco jueces instructores, pruebas perdidas y dos testigos asesinados.
Las cuatro personas que fueron juzgadas en septiembre de 2019 por este crimen resultaron absueltas. Entre ellos, dos guardias civiles que habrían estado relacionados con los negocios turbios de la expareja de la víctima -Manuel Alonso-. El crimen de Lucía podía haber quedado impune de no ser porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocó la absolución tanto del padre de su hija como del hombre que presuntamente acabó con su vida. Decisión que fue ratificada por el Supremo.
Era una amenaza
El cuerpo sin vida de Lucía fue hallado en la finca en la que vivió con su pareja hasta que se separó (dos años antes de su muerte) y donde después continuó residiendo en solitario. Sin embargo, él logró que se le otorgara el derecho a acceder y hacer uso de las instalaciones de la propiedad que no fuesen vivienda. Por lo tanto, podía entrar y salir sin problemas.
Según el fiscal, él desarrollaba allí sus negocios, que tacha de "actuaciones ilícitas". Cita, entre otros, el tráfico de especies protegidas y la ocultación de drogas que le eran confiadas por organizaciones criminales. En su escrito de acusación, recoge que la víctima había sido "testigo directo y presencial" de esas actividades y que intentó desalojarla porque "temía que le denunciara".
Su plan se vio frustrado porque fracasó en sus acciones judiciales. De ahí que la "tensión" y "enemistad" aumentase entre ellos y desembocase en el fatal desenlace. "Lucía dejó de ser una testigo incómoda para convertirse en una auténtica amenaza para la impunidad de las operaciones ilícitas que seguían desarrollándose en la finca, en particular la guardería de droga".
Contrataron un sicario
La teoría del fiscal es que "alguien del entorno delictivo" del exmarido de Lucía "propuso una solución drástica" y el plan "fue urdiéndose desde finales de marzo de 2008, cuando varias personas mantuvieron un encuentro en Torremolinos". Entre ellas estaría -presuntamente- el otro acusado (Ángel Veallo ‘Rana’, presunto autor material), quien habría recibido "una oferta económica" para que matara a la víctima que "él aceptó". Según apunta, Manuel (el exmarido) "no acudió a esa reunión" pero "propició y consintió su contratación como sicario".
Además, posteriormente, le prestó "ayudas decisivas para la planificación, preparación y ejecución del crimen". Para empezar porque le "de las costumbres y movimientos de la mujer" y "le facilitó una copia de la llave de la puerta". El fiscal incluso apunta que Manuel sabía que iba a ser investigado por el asesinato, pero que confiaba en salir impune "gracias a la amistad y relaciones de intereses con varios agentes corruptos de la Guardia Civil. Por otra parte, habla de la coartada que se fabricó haciendo "viajes inútiles" esos días, dejando rastro de su paso por distintos lugares lejanos a Alhaurín de la Torre.
La llave, la clave
El Ministerio Público cree que el presunto autor material de los hechos esperó a Lucía en la finca "solo o en compañía de individuos no identificados", que la golpeó en la cabeza con un ladrillo, la arrastró hasta el borde de la piscina, le pasó un cuchillo por el cuello y la arrojó al agua. La víctima falleció por ahogamiento y asfixia.
Con el ánimo de simular un robo, su asesino se llevó el bolso, el móvil y los pendientes de la mujer, sin percatarse de que había perdido una prueba que sería fundamental: la llave de la finca, con la inscripción JMA (las iniciales del exmarido). Es el elemento que permitió "identificarle como presunto autor material del crimen" años más tarde.
Ángel dejó su ADN en ella, así que quedó acreditada su relación con el crimen. Por estos hechos, el fiscal pide para él una pena de 23 años y medio de prisión. Para Manuel solicita 25 años de cárcel, como cooperador necesario con agravante de parentesco. Además, deberán indemnizar a los familiares de Lucía con más de 400.000 euros.
Un procedimiento sospechoso
Tuvieron que pasar once años hasta que se celebrase la primera vista oral y los cuatro acusados se sentaran en el banquillo. Un tiempo en que pasaron hasta cinco jueces de instrucción por el caso, que sufría retrasos constantemente y por distintos motivos. Entre los más llamativos, la desaparición de pruebas y el asesinato de dos hombres.
La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó varias denuncias ante la sospecha de que se habían destruido pruebas fundamentales para la resolución del caso. Por ejemplo, los DVDs de conversaciones intervenidas a Manuel el día de los hechos y que desaparecieron en una supuesta inundación.
Llama la atención que otra inundación acabara con los registros de llamadas que presentó como prueba la acusación popular en otro caso relacionado con el exmarido de Lucía: la muerte en extrañas circunstancias de dos varones de nacionalidad colombiana un año después de su asesinato y en la misma finca.
Dos testigos tiroteados
Supuestamente, estos irrumpieron en la propiedad y él les disparó en defensa propia. Esa fue su versión y el juez instructor del caso le debió creer. El 21 de diciembre de 2009, decretó el archivo de la causa de acuerdo con el fiscal. Sin embargo, no es el único relato de los hechos. Asuntos Internos realizó una investigación, por la presunta implicación de dos guardias civiles en los hechos (el intento de robo de la droga que guardaba Manuel), de la que se desprende que él estaba apercibido del asalto y los esperó agazapados para acabar con ellos.
"Todo parece indicar que hubo determinado grado de implicación de los agentes Amador Pérez Luque y José Antonio Bandera Vázquez (del grupo de investigación del puesto de Coín) con respecto a la planificación para robar aquella droga de la finca Los Naranjos", concluye el informe. Aquel día, los dos guardias civiles habían cambiado y doblado sus turnos sin motivo que lo justificara. Y uno de los asaltantes, que pasó a ser testigo protegido, los situaba en un bar cercano al inmueble a la hora de los hechos.
En el local, Luque y Bandera estaban -según dijo- con Alexander Jiménez Bonilla ‘el Ruki’, que era el líder de una banda conocida como Los niños de Fuengirola y habría sido la persona que coordinó el plan. El narco fue acribillado a tiros en su coche el 17 de septiembre de 2015, horas antes de prestar declaración ante los agentes de Asuntos Internos. De la misma manera fue asesinado el testigo protegido, que fue cosido a balas el 18 de marzo de 2019 en Colombia, coincidiendo con el inicio del primer juicio por el crimen de Lucía Garrido.